Juan Manuel Villasuso

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Martes 15 Septiembre, 2009

Dialéctica
El comercio exterior costarricense (IV)

Retomamos nuestros comentarios sobre las transformaciones de la economía nacional que desde mediados de la década de los años 80 se han impulsado con el fin de favorecer una nueva inserción comercial en el mundo globalizado siguiendo, según sus promotores, “los principios del libre mercado”.
Hemos dicho que las principales políticas aplicadas para estimular las exportaciones y atraer inversión extranjera, en lugar de propiciar mercados con menos distorsiones, más bien profundizaron la intervención del Estado en beneficio de grupos empresariales relacionados con el sector externo y con el mundo financiero, muchos de ellos vinculados al capital foráneo.
Señalamos tres de esas políticas que sirvieron para fortalecer el negocio exportador y que permitieron incrementar las ventas en el exterior y acrecentar las utilidades de las empresas, pero que tuvieron como contrapartida un alto costo fiscal que medró los ingresos presupuestarios y consecuentemente redujo la posibilidad de destinar gasto público a la atención de necesidades prioritarias. Privatización de ganancias y socialización de pérdidas, llaman algunos analistas a ese mecanismo distributivo.
(a) Beneficios fiscales por más de 15 años a las empresas exportadoras por medio del Certificado de Abono Tributario (CAT), que llegó a representar el 1% del Producto Interno Bruto (PIB).
(b) Ley de Zonas Francas que exonera del pago de impuestos a la inversión extranjera que se establece en el país con fines de exportación y que promueve una “carrera hacia el fondo”.
(c) Un régimen tributario para el sector financiero con normas que se traducen en un menor pago de impuestos por parte de los bancos y la posibilidad de crear entidades off-shore ajenas a una adecuada supervisión.
Todas estas distorsiones a las reglas de mercado se pusieron en práctica con el argumento de “liberalizar” el mercado. Enorme incongruencia y paradoja entre lo dicho y lo hecho, que muchos no reconocen o tratan de justificar alegando que su propósito era reducir el sesgo antiexportador de la economía nacional.
Desde luego que estas políticas distorsionantes, aunque no han contribuido a un crecimiento económico con mayor equidad, pues han sido los grupos económicamente poderosos los que mayoritariamente se han beneficiado de esas medidas, sí sirvieron de incentivo para que algunas empresas nacionales reorientaran su producción hacia el mercado externo o iniciaran nuevas operaciones en otros países.
También sirvieron para que compañías extranjeras, motivadas en algún grado por la exoneración de impuestos, se establecieran en las zonas francas, lo que ha generado alrededor de 50 mil puestos de trabajo (aproximadamente el 2,5% de la fuerza laboral nacional).
A su vez, la banca privada, inexistente a mediados de los años 80, creció de manera extraordinaria y hoy representa cerca de la tercera parte de los activos del sector financiero costarricense, siendo una de las actividades más rentables, dinámica y con estrechos vínculos internacionales.
Sin embargo, a pesar de todas estas medidas intervencionistas y distorsionantes aplicadas para impulsar el comercio exterior y la atracción de inversiones, es posible que los resultados hubieran sido exiguos si no se hubiera presentado un fenómeno exógeno, resabio de la Guerra Fría: la Iniciativa para la Cuenca del Caribe del presidente Reagan, que abrió las puertas de Estados Unidos a los productos costarricenses desde 1985.