El colapso de las cárceles

Desde que se aprobó la ley de flagrancia en el país, todos sabíamos lo que eso significaría: más presos en las cárceles. Era el momento, ya que no se había hecho antes, de tomar medidas inmediatas para, al menos, reacondicionar edificios existentes que pudieran ser utilizados como cárceles mientras se construían las necesarias. Capacitar mayor cantidad de personas para ejercer la vigilancia en esos centros. Adecuar la legislación, si fuera necesario, para que los presos puedan trabajar en esos sitios contribuyendo al menos a su mantenimiento. En fin, los expertos podían decir el cómo. Esta u otro tipo de medidas si esta no fuere adecuada había que tomar porque lo peor sería seguir posponiendo la toma de decisiones para solucionar el problema. Sin embargo es ahora, que las cárceles colapsan, cuando se mencionan algunas acciones para apagar un incendio anunciado. Se supone que el país cuenta con especialistas que pueden diseñar un plan de adaptación y construcción de centros penales porque no solo la ley de flagrancia sino la lucha en general contra la delincuencia actual y el narcotráfico plantean un nuevo panorama que requiere soluciones. Si fue posible conseguir dinero del exterior para otros fines muy loables como, por ejemplo, la recreación y el deporte, de la misma forma se debieron haber gestionado los recursos para un asunto prioritario como contar con suficientes y adecuados centros penales para hacerle frente a la creciente ola delictiva. No se avanza nada aunque se invierta en más espacios públicos si la gente se ve obligada a guarecerse en su casa. El aumento constante de la delincuencia, la penetración del narcotráfico y todo lo que esto conlleva, no es algo que se presentó de repente. Al inicio de la presente administración eran fenómenos bien conocidos que exigían planes y medidas inmediatas que la población hubiera agradecido mucho y quizás más de un gobierno de países ricos hubiera estado de acuerdo en apoyar económicamente si se demostraba total transparencia.

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