El vivir “fiado”

Hay muchos costarricenses que saben como es vivir debiendo a todo el mundo; al tío, a dos almacenes, al vecino, al pulpero en la esquina, a tres tarjetas que están al máximo, a un prestamista por el auto y quien sabe qué más. Las personas con tantas deudas no duermen bien, se esconden, y constantemente durante el día le dan vuelta buscando una salida. ¡No es vida! La regla es que ninguna familia debe contraer deudas que requieren más del 33% de sus ingresos mensuales, pero hay muchas que tienen compromisos por mucho más.

Esta situación, pero en grande, es la que vive el Gobierno de Costa Rica. La Ministra de Hacienda, Rocía Aguilar, hace malabares cada mes para ver como paga las cuentas corrientes y también a tantos deudores que han prestado su dinero al país. Actualmente un 43% de todo lo que entra al erario se tiene que usar para pagar deudas. Es una situación difícil porque los costos suben y hay pocos controles en los gastos.

El año pasado ella y el presidente Carlos Alvarado lograron con éxito aprobar una ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas que aumenta los impuestos que tendrán que pagar toda la población e incluye unos pocos recortes en gastos. Cuando se les preguntaba sobre la necesidad de recortar gastos la respuesta siempre fue “prometemos presentar y aprobar una ley del empleo público dentro de un año. Ya lo estamos elaborando.”

Ahora resulta que esa ley está en la Asamblea Legislativa recibiendo un trámite “normal.” Es como si “la casa se está quemando” pero vamos a “tomarlo con calma” mientras que nos organizamos. Mientras tanto, quieren autorización Aguilar y el presidente para pedir prestado hasta $6 mil millones en el exterior. Se estima con ese préstamo que lo que estaría pagando anualmente para sus deudas aumentaría a casi el 50 por ciento de sus entradas.

La Asamblea Legislativa, con el liderazgo de Carlos Ricardo Benavides, está diciendo no a los $6 mil millones, que permitiría a la administración Alvarado llegar hasta el 2022 sin tener que implementar ninguna medida dramática. El problema le tocaría al que se elige en ese año como primer mandatario. Benavides y la mayoría de sus colegas aparentemente están de acuerdo que pidan prestado $2.5 mil millones, pero con la condición de aprobar la “ley de empleo público” que funcionaría para que a largo plazo pudiera el país salir de su endeudamiento tan excesivo.

Los sindicatos de los empleados públicos han prometido huelgas peores de los de 2018 si intentan aprobar la “ley de empleo público” y, hay que decirlo, a muchos de los políticos les da miedo los burócratas que cada vez más radicales se ven en sus posicionamientos.

Una familia con crisis por deudas puede pedir un préstamo para consolidarlas y pagar un solo monto mensual. Pero el que daría el préstamo insistiría que la familia se obligaba a recortar gastos. Aguilar y el presidente quieren un préstamo sin ningún recorte.

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