El Tribunal Supremo de EE.UU. paraliza la deportación de un grupo de venezolanos bajo la ley de tiempos de guerra

El Tribunal Supremo de Estados Unidos ha ordenado a la administración Trump que suspenda la deportación de venezolanos acusados de ser pandilleros en virtud de una ley de tiempos de guerra del siglo XVIII.

La decisión se produce horas después de que un tribunal federal de apelaciones también impidiera al gobierno de Donald Trump seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal, conocida como TPS, de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.

En el caso que ha llegado al Supremo, la corte se ha pronunciado en respuesta a una apelación de emergencia de un grupo de defensa de las libertades civiles, que demandó a la administración por las deportaciones previstas de venezolanos recluidos en un centro de detención en el norte de Texas.

Este sábado, el Tribunal Supremo ordenó al gobierno que "no saque de Estados Unidos a ningún miembro de la clase putativa de detenidos hasta nueva orden de este Tribunal".

Los jueces Clarence Thomas y Samuel Alito disintieron.

La corte no concede o deniega la solicitud presentada por los abogados de los detenidos, sino que pausa su deportación hasta que se pronunceun tribunal inferior, que en este caso es el tribunal de apleaciones del Quinto Circuito, que tiene jurisprudencia sobre varios estados del sur de EE.UU.

El presidente Donald Trump ha invocado la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 y acusado a la banda venezolana Tren de Aragua (TdA) de "perpetrar, intentar y amenazar con una invasión o incursión predatoria" en territorio estadounidense.

Esta ley da al presidente el poder de ordenar la detención y deportación de nativos o ciudadanos de naciones "enemigas" sin los procesos habituales.

Anteriormente solo se había utilizado tres veces, todas durante una guerra.

La última vez que se invocó fue en la Segunda Guerra Mundial, cuando personas de ascendencia japonesa fueron encarceladas sin juicio, y miles de ellas fueron enviadas a campos de internamiento.

De los 261 venezolanos deportados hasta el 8 de abril al Cecot, la prisión de máxima seguridad en El Salvador, 137 fueron expulsados en virtud de la Ley de Enemigos Extranjeros, dijo un alto funcionario de la administración a CBS News, socio de la BBC en EE.UU.

Un tribunal de primera instancia bloqueó temporalmente estas expulsiones el 15 de marzo.

"Oportunidad de impugnar su deportación"

El Tribunal Supremo dictaminó inicialmente el 8 de abril que Trump podía utilizar la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar a presuntos miembros de bandas, pero que los deportados debían tener la oportunidad de impugnar su expulsión.

"La notificación debe hacerse dentro de un plazo razonable y de tal manera que les permita realmente solicitar un recurso de hábeas corpus en la instancia adecuada antes de que se produzca la expulsión", escribieron los jueces en su decisión a principios de este mes.

El recurso de hábeas corpus se refiere al derecho de los detenidos a impugnar la legalidad de su detención. Se considera un derecho fundamental en la legislación estadounidense.

El Supremo no especificó, sin embargo, con cuánta antelación se debía dar el aviso, aunque abogados en distintas partes del país han pedido que se dé a los migrantes un plazo de 30 días para que puedan impugnar sus deportaciones.

La demanda de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), que dio lugar a la orden del sábado, señala que los hombres venezolanos detenidos en el centro de Bluebonnet, en el norte de Texas, habían recibido notificaciones en inglés, a pesar de hablar solo español.

Según la ACLU, se les notificó que serían deportados de forma inminente, y no se les dijo que tenían derecho a impugnar la designación en un tribunal federal.

"Sin la intervención de este Tribunal, decenas o cientos de miembros de la clase propuesta pueden ser expulsados a una posible cadena perpetua en El Salvador sin ninguna oportunidad real de impugnar su designación o expulsión", afirma la demanda.

Tras la orden del Supremo del 8 de abril, jueces federales de Colorado, Nueva York y del sur de Texas emitieron rápidamente órdenes que prohibían la deportación de migrantes bajo la ley de Enemigos Extranjeros hasta que se les otorgara un proceso en el que pudieran impugnar la decisión.

Pero no se ha emitido ninguna orden de este tipo para la zona norte de Texas, donde se encuentra el centro de detención de Bluebonnet, a unos 40 km al norte de la localidad de Abilene.

Según uno de los abogados de la ACLU, Lee Gelernt, el gobierno inicialmente trasladó a los venezolanos a un centro de inmigración del sur de Texas para su deportación.

Sin embargo, como las deportaciones fueron prohibidas en esa zona por un juez federal, los migrantes fueorn canalizados al centro de Bluebonnet, donde no existe tal orden, según recogió la agencia AP.

Revés para los planes de Trump

En otro revés de la justicia para los planes de Trump, un tribunal federal de apelaciones rechazó el viernes una solicitud del gobierno de Donald Trump para permitirle seguir adelante con la eliminación de la protección legal temporal de unos 350.000 migrantes venezolanos que quedarían en riesgo de deportación inminente.

La medida para poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos es parte de la ola de restricciones a la migración impulsada por Trump desde que regresó a la Casa Blanca.

El Tribunal de Apelaciones del 9º Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco, se negó a suspender la orden del 31 de marzo de un juez de primera instancia que detenía la decisión de la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de poner fin al estatus temporal concedido a algunos venezolanos.

Un panel de tres jueces del tribunal dijo que la administración Trump no había demostrado que sufriría un daño irreparable si se mantiene el fallo del tribunal inferior mientras se tramita su apelación.

Otro litigio que continúa es el de la deportación "por error" de Kilmar Ábrego García a El Salvador.

El caso de este salvadoreño se ha convertido en el centro del pulso entre el gobierno de Donald Trump y los detractores de la campaña de deportaciones iniciada por mandatario estadounidense en su segunda presidencia.

El Departamento de Justicia admitió inicialmente ante un tribunal federal que su deportación se había debido a un "error administrativo", pero más tarde insistió en acusarlo de pertenecer a la banda criminal salvadoreña MS-13 y ha desoído hasta ahora los requerimientos judiciales para retornarlo al país, incluido el del Tribunal Supremo, que concluyó que en su deportación que no se garantizó el derecho al debido proceso y ordenó al gobierno "facilitar" su regreso a Estados Unidos.

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