El suministro de alimentos no debe estar en manos de un proveedor único

El suministro de alimentos no debe estar en manos de un proveedor único

Los entes públicos (las juntas de educación y administrativas) están obligados a comprar los productos agropecuarios, pesqueros y acuícolas al Consejo Nacional de la Producción (CNP), por una norma contemplada en el artículo 9 de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Producción, N.º 2035. Esta disposición, carente de un sustento legal lógico en una economía como la nuestra, está perjudicando a un sector vulnerable de nuestra población, como lo son los niños y adolescentes de los centros educativos públicos. Esta situación ha sido denunciada tanto en medios de comunicación, como por las mismas juntas de educación y administrativas que se han reunido conmigo y que me han expuesto la difícil situación que viven diariamente producto de esta normativa.

El presupuesto con el que cuentan para alimentar a cada estudiante es sumamente reducido, por lo que la correcta administración es elemental para poder cumplir con el objetivo de dar al menos un tiempo de comida a estudiantes, incluidos los más pobres.

Además, existe una diferencia entre los precios que ofrece el CNP y los de referencia en el mercado. Nos señalan que las diferencias entre productos básicos como carnes, papas y frutas, resultan significativas.

Asimismo, se presenta otro problema adicional, como lo es la calidad de los productos ofrecidos por el Consejo dado que no existe un adecuado control de la misma. Es decir, las juntas deben adquirir productos con el precio que el Consejo determine y la calidad que establezca, todo en perjuicio de los niños y adolescentes. Parte del artículo 9 vigente señala que “en cumplimiento de esta labor, el CNP deberá fungir, con carácter de prioridad, como facilitador en el acceso a este mercado, por parte de los micro, pequeños y medianos productores agropecuarios, agroindustriales, pesqueros y acuícolas de Costa Rica. El CNP podrá contratar con otro tipo de proveedor o proveedores, cuando se carezca de oferta por parte del micro, pequeño y/o mediano productor nacional, o se presente desabastecimiento en el ámbito nacional, a fin de resguardar el mercado, garantizando el servicio al cliente, mientras el CNP, con sus propios recursos, promueve, impulsa, desarrolla o gestiona y habilita los programas dirigidos a los proveedores prioritarios, señalados en el párrafo anterior de este artículo, como obligación expresa del CNP de apoyar, en el ámbito nacional, a este tipo de productores para incorporarlos a los procesos que desarrolla”.

Ante esta situación y la carencia de una sana administración, hemos presentado en la corriente legislativa, un proyecto de ley que, sin hacer cambios profundos en la redacción de la norma vigente, permite la existencia del modelo actual, con el agregado de que los obligados a comprarle al Consejo, podrán tener la opción de adquirir los productos con otros proveedores, atendiendo a los principios de mejor calidad, precio y servicio.

El proyecto se estudia bajo el expediente 19895, Reforma a Ley N° 2035 Ley orgánica del Consejo Nacional de la Producción (CNP). Con este proyecto, se beneficiaría a la población menor de edad que estudia en centros educativos públicos y que bajo el modelo de adquisición actual, ve perjudicada su alimentación. Debemos recordar que muchos de los niños y jóvenes que gozan del beneficio alimentario, tienen esa única fuente de alimento diario, ya que provienen de hogares con altos niveles de pobreza.

Nuestros jóvenes no solo merecen alimentarse, sino hacerlo de manera balanceada, ya que existen los recursos destinados para ese fin en el Ministerio de Educación, por lo que no puede ser que por políticas proteccionistas hacia un ente que ha demostrado tener fallas de eficiencia y eficacia a lo largo de su existencia, se malgasten recursos valiosos y por ende, se ofrezcan alimentos de inferior calidad. La solución puntual se encuentra en la corriente legislativa, y su aprobación dependerá del buen raciocinio de quienes integramos este Poder de la República.

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