El recortismo no es estrategia

Laura Guido Pérez

Diputada de la República

Partido Acción Ciudadana

Muchos meses han pasado desde la primera advertencia que hice sobre los efectos en educación que tendría la norma presupuestaria 12, que con el discurso del recorte del gasto generó el congelamiento de plazas y buscaba su eliminación en automático en el momento en que quedaran vacantes. La medida dejó sin el derecho a la educación a más de 24 mil estudiantes por imposibilidad de nombrar docentes, como lo dijo la Ministra de Educación ante mi pregunta en el Plenario, pero también provocó que centros educativos no pudieran abrir por falta de conserjes, y que comedores no operaran por falta de cocineras, por mencionar solo el más visible de los impactos negativos causados. De no haber corregido mediante la ley de modificación al presupuesto N°9950, la cantidad de estudiantes a quienes se les violó el derecho a la educación podría haberse duplicado en pocos meses.

Medidas de recorte que afectan directamente las herramientas indispensables para la movilidad social, constituyen una amenaza al crecimiento país de mediano y largo plazo, un crecimiento no solo en puntos porcentuales del PIB, sino también en términos de calidad de vida. Medidas como la norma 12, la de eliminar plazas solo porque quedan vacantes sin considerar que podrían ser necesarias, pueden generar más daño que beneficio, y como dicen que para verdades el tiempo, creo que el tiempo nos dio la razón. En esta línea, he planteado ante el Ejecutivo con transparencia diferencia con lo propuesto en el expediente 22.368, un replanteamiento de la caótica norma, ante lo cual usaré las herramientas legislativas de enmienda para lograr separarnos del simplista recorte en automático y avanzar hacia una norma basada en la ingeniería y la planificación y que apueste por la eficiencia.

En la revisión de lo contenido en el Presupuesto 2021 y el difícil debate que en ese contexto sostuvimos, puedo entender que, al cierre del año 2020, ante la cifra del déficit y el alarmante volumen y costo de la deuda, el recorte y el pulso por ser quien recortaba más, se sintiera como una ruta ineludible, no obstante, entre más reviso lo actuado en el proceso presupuestario 2021 más me convenzo de que fuimos presas del cortoplacismo y que con ello renunciamos a atender ese debate presupuestario desde la estrategia país. Y sí, hablo en plural porque terminé en las últimas etapas sumándome al recorte, preocupada de que votar en contra del mismo comunicara que no había compromiso con la revisión del gasto por parte del oficialismo y ello minara confianza de los agentes económicos lo que habría tenido consecuencias negativas para el país. En una votación donde mi voto no era decisivo, prioricé las señales por sobre las convicciones.

Hoy, después del debate amplio de la famosa norma presupuestaria de eliminación de plazas, siento que hay espacio para redimensionar el debate sobre el gasto y poder posicionar ideas que en otro momento habrían sido simplemente descartadas. Lo sucedido por esta norma debe abrir el debate sobre los riesgos de un obsesivo discurso sobre el recorte presupuestario como un fin en sí mismo, discurso que puede llevarnos –y en cierta medida nos ha llevado ya– a renuncias en temas estratégicos para el crecimiento económico, temas indispensables para un desarrollo inclusivo y solidario. El presupuesto de la República puede y debe ser la materialización de la ruta estratégica para el desarrollo, donde la inversión en educación, infraestructura, cultura, salud, desarrollo rural y agropecuario, seguridad y prevención, protección y conservación ambiental, inversión social para la movilidad, entre otros muchos temas, dan cuenta de la dirección país hacia una ruta de desarrollo que no deje a nadie atrás. El ejercicio legislativo en materia de control del gasto no debe ser solo sobre los cincos y las comas, sino fundamentalmente sobre la ruta y la estrategia.

El debate y el esfuerzo legislativo en lo presupuestario debería orientarse a que, en el reconocimiento del retador momento fiscal, insistamos en la ruta de lograr gasto eficiente y con sentido estratégico, con énfasis en la movilidad social y la reactivación económica, potenciando el instrumento presupuestario como la llave habilitante para la estrategia país. Por un lado, en la inversión social tenemos la oportunidad de atender la desigualdad y acercar a las personas herramientas para su desarrollo autónomo, así como es también un espacio para la irrenunciable solidaridad; mientras que por otro lado, la inversión de capital abre el espacio a la reactivación económica a través fundamentalmente del sector construcción, con las altas externalidades que le son propias. Sin embargo, ante esta rica oportunidad para el debate, la respuesta ha sido el tijeretazo y la lucha por ser el recortador mayor. Inexplicablemente, esa determinación por ahorrar aunque fuera eliminando plazas de maestras y maestros o recortando partidas necesarias para la prestación de servicios no existió ante la oportunidad de ahorrar en intereses de la deuda, una medida de reducción de gasto posible con el finado empréstito del BID. Ante el ahorro en intereses de deuda la respuesta legislativa fue un no, mientras que, frente al recorte de la capacidad del Estado de responder y prestar servicios, la respuesta era que sí era la ruta, aunque causara dolor.

Aún estamos a tiempo de reencausarnos hacia un esfuerzo en lo estructural y a un debate sobre lo estratégico. Muchos de los enormes desafíos que se manifiestan en el presupuesto obligan a ir a debates mucho más profundos, estructurales, que hoy deben atenderse sin dilación alguna. Ante la insuficiencia de ingresos para financiar los gastos es imperativo recaudar mejor, y Renta Global es una oportunidad para modernizar nuestro muy rezagado modelo recaudatorio por uno mucho más eficiente. En materia del gasto los pluses salariales son disparadores insostenibles que asfixian al Estado y que nos convocan a rediseñar el esquema de remuneraciones para que sea más atractivo y a su vez sea sostenible. En materia de deuda debemos preguntarnos si se debe mantener en la Asamblea Legislativa el poder de rechazar financiamiento más barato que el disponible en el mercado local, como el proveniente de empréstitos, cuando dichos financiamientos no están dirigidos a aumentar el gasto, sino solo a financiar el gasto ya aprobado por el Poder Legislativo a un menor costo que el ofrecido por el mercado interno. En estos tres elementos encuentro debates sustanciales, de amplio mayor alcance y de impacto presupuestario mucho más significativo que el recorte circunstancial de partidas.