El rebajo de las transferencias a las municipalidades, no es admisible, es regresividad

Hace pocas semanas los gobiernos locales aplaudían la aprobación de la Ley Nª 9848, ” Ley para apoyar al contribuyente local y reforzar la gestión financiera de las municipalidades, ante la emergencia nacional por la pandemia de COVID-19” dicha ley ayudará a combatir la mala situación económica que viven las municipalidades y los munícipes, por los impactos negativos de la pandemia, ya sea, por pérdida de empleo y la imposibilidad que tienen los contribuyentes para pagar impuestos o los patentados que se enfrentan al cierre de sus negocios, por ordenes sanitarias.

Esta ley representa verdaderamente una opción de alivio a las municipalidades ante la frágil situación que atraviesa el país y el mundo entero, pues les permite financiar programas con recursos de superávit libre y específico, además, les admite financiamiento entre programas. Para nadie es un secreto que los servicios que prestan las municipalidades son indispensables y de gran impacto en la salud pública a propósito de la situación por la que está atravesando el país.

Ahora bien, el pasado 3 de julio, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que reducirá la transferencia de los recursos provenientes de la ley No. 8114 en los últimos cuatro tractos, es decir, se rebaja un 70 % de los recursos para la rehabilitación, mejoramiento y construcción de la red vial cantonal, complicando así el desarrollo de los cantones y la buena gestión de las municipalidades.

Llama la atención, tal decisión del Gobierno, pues tengo en mis recuerdos la lucha por estos recursos, los esfuerzos por avanzar en el cumplimiento del artículo 170 de la Constitución Política, por la descentralización del Estado y la aprobación de la primera Ley de Transferencias, Ley Nª 9329. No quisiera pensar que estamos en un proceso de regresividad.

Pero aún sorprende mucho más, que dicho rebajo se plantea como reducción del gasto, razón que permite cuestionarse ¿En qué cabeza cabe pensar que los recursos de inversión son un gasto?, como se pretende palear la crisis, si no es dinamizando la economía, provocando la generación de empleos de forma directa e indirecta, pues la inversión en carreteras lleva implícito el desarrollo, mejoramiento para el acarreo de la producción agrícola y la distribución de todas las mercancías de consumo, beneficios en el traslado de los trabajadores y facilita la asistencia ante emergencias, en síntesis optimiza el uso del tiempo y de los recursos (costos) generando un gran impacto en el bienestar de la población.

Algunos pueden creer que estos recursos provienen de deuda y se deben reducir, pues no, estos son recursos que provienen del impuesto único al combustible y constituye uno, de los pocos ingresos ordinarios que se tienen asegurados en el Gobierno, porque con todo y pandemia, seguimos circulando en todo el país y lo estamos pagando en la factura cuando cancelamos el combustible en las estaciones de servicio.

Para cambiar el destino de estos recursos se requiere de una modificación en la ley, y si por “la víspera se saca el día”, la pretensión estaría incluida en el siguiente presupuesto extraordinario que entregue el Poder Ejecutivo a la Asamblea Legislativa.

Una vez que los y las señoras diputadas reciban tal propuesta se debería corroborar, los saldos de aquellas cuentas llamadas “gastos superfluos”, sería interesante saber cuál es el rebajo o si esas cuentas ya están en cero, por ejemplo: viajes al exterior, viáticos al exterior, consultorías sobre estudios que se han realizado una y otra vez, compra de equipo que se desactualiza con mucha facilidad, entre otras, y tal vez se puede pedir un poquito más cuestionando sobre:¿Cuál es el impacto en la economía de la puesta en práctica del teletrabajo? ¿Cuánto ha disminuido la factura en agua, electricidad, teléfono, materiales y equipo de oficina? ¿Cuál es la disminución sobre el uso de espacios físicos? Por último, si ya tienen el estudio para rebajar el rubro de alquileres, pues el teletrabajo, no es solo por la pandemia, debe integrarse a la nueva normalidad.

A manera de conclusión, no es admisible el pretendido rebajo y mucho menos sus impactos con la realidad que vive el país.