El presupuesto tapahuecos

El presupuesto tapahuecos

En el mes de agosto la Asamblea Legislativa se encuentra en periodo de sesiones extraordinarias, se conocen los proyectos de ley que convoca el Ejecutivo, recibiendo en esta primera convocatoria el extravagante Presupuesto Extraordinario del año 2018, bajo el expediente N°20921.

Este primer Presupuesto Extraordinario de la administración Alvarado Quesada, ha dado mucho de qué hablar, no por su presentación, que es común y normal, sino por la irresponsabilidad en el manejo de las amortizaciones o como se ha dado en llamar popularmente “el hueco” de ¢600.045 millones.

El Presupuesto Extraordinario cuenta con tres artículos, que contemplan los siguientes movimientos: 1) amortización de deuda por ¢700 mil millones, 2) recursos específicos provenientes de donaciones por la suma ¢129,9 millones de colones (¢118,6 millones para fortalecimiento del programa Justicia Restaurativa-Poder Judicial y ¢11,3 millones para modelo mejoramiento y manejo de Calidad Post-Cosecha de Cultivos Hortícolas”, 3) reclasificación de la caja única a deuda por ¢75 mil millones, 4) traslado de recursos por ¢6.331 millones para inversión pública (¢3.016,1 millones para el MOPT- CONAVI financiamiento obras de la carretera San José-San Ramón y ¢3.315,0 millones para Ministerio de Justicia, para la construcción de nuevos módulos carcelarios y para edificio —planos constructivos de la Procuraduría General de la República), por último 5) rebajas que se realizan en los diferentes Poderes de la República producto de las directrices emitidas por el Ejecutivo, que se destinan a la amortización de la deuda por la suma ¢24.955 millones, dentro de las rebajas no se puede desconocer que ¢10.790 millones, aproximadamente un 40% obedecen al régimen de pensiones, fruto de las leyes aprobadas en la materia y no a sacrificios gubernamentales.

La situación que ha causado grandes dudas y controversia se posiciona en la colocación de títulos valores para la amortización de la deuda interna por ¢600.045 millones, que fueron colocados en mayor cantidad en los meses de noviembre y diciembre de 2017.

El escenario critico que atraviesa el país en materia fiscal es conocido por toda la población, pero en nada ayudan la irresponsabilidad revelada por los medios de comunicación y las comparecencias realizadas por el Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, las autoridades no pueden desconocer las obligaciones y los plazos de vencimiento de la deuda, dado que es un asunto que se conocía desde el año pasado.

Existen varios factores que distinguían la realidad que vive el país, misma que no puede ser atribuida a una casualidad, por ejemplo; encontramos en las actas de aprobación del Presupuesto Ordinario para 2018 de la Asamblea Legislativa, la insistencia de que el presupuesto 2018 no contaba con los recursos necesarios para honrar las deudas, ni cumplir con su función operativa, igualmente podemos recordar que las calificadoras de riego nos bajaron la calificación, aspecto en el que contribuyó bastante el expresidente Solís Rivera al salir en una cadena televisiva informando a la ciudadanía que no pagaría salarios por falta de liquidez, así las cosas, como confiar en el canje o colocación de deuda a largo plazo con ese escenario, y peor aún, no tomar las precauciones con un presupuesto extraordinario en el primer trimestre del presente año, para pagar las deudas con vencimientos en junio o julio, parece que fue más sencillo pagar ¢182 mil millones optando por omitir o violentar la Constitución Política, concretamente en sus artículos 149, 176 y 180 y la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos en el artículo 110, inciso f), la pregunta aquí; ¿Quién es la persona responsable de tal desorden e irresponsabilidad? Lamentablemente a la fecha nadie da la cara de forma directa y por el contrario la bola pasa de mano en mano.

No debe ser complicado entender que se requiere el sacrificio de toda la población para salir adelante, pero la forma en que se manejan las cosas, la poca transparencia, las verdades a medias y los conflictos de intereses partidarios, harán que no avancen las concertaciones necesarias para la toma de decisiones.

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