El precio de la regulación de las plataformas digitales lo paga el consumidor

Con el advenimiento de las plataformas digitales, no solamente se observa una ruptura en las formas comunes de comercio, sino también en las formas usuales en las que los consumidores buscan y tranzan los servicios que necesitan. La velocidad, la mejor relación calidad – precio, la reducción de la intermediación y la búsqueda sin fin de la maximización de los recursos, junto con nuevos criterios de selección, como el apoyo a la pequeña empresa y el apoyo a los nuevos emprendimientos, hace que el turismo nacional e internacional experimente una transformación profunda.

Plataformas como Airbnb, HomeAway, Wimdu, Flipkey, Homestay, Kidandcoe y Housetrip, entre otras más en el ámbito local, han irrumpido en el mundo del hospedaje y el turismo, acercando al consumidor, reduciendo costos y ampliando la oferta sensiblemente; personas que antes únicamente podían contemplar hoteles para su viaje, ahora pueden decidir hospedarse en lugares más íntimos, apartamentos con mejores ubicaciones en muchos casos, y servicios realmente personalizados, todo tan cerca como sacar el teléfono de la bolsa de la cartera o del pantalón.

No obstante, como pasa con los sectores que han sido altamente protegidos por décadas en Costa Rica, la irrupción de las plataformas de economía colaborativa representa la adaptación dolorosa de la forma en la que compitieron hasta este momento en el mercado, el inicio del conflicto para proteger sus intereses e inversiones, así como su lugar de privilegio en el acceso al poder político.

Claro está, la protección no es ni homogénea, ni equitativa, sino coyuntural y, en muchos casos, institucional; por ejemplo, polos de desarrollo ideados para el sector turismo, contratos de exoneración de insumos de la actividad, inversión en publicidad en el exterior y una institución al servicio del sector tradicional, por ejemplo. La más reciente adición a este grupo de protecciones es una regulación que llena de barreras de entrada a los alquileres de corto plazo.

En todo conflicto hay artes y estrategias, motivaciones racionales e irracionales pero, ante todo, debe existir una justificación, que de manera cajonera no es otra que proteger al consumidor. Esa protección justifica falazmente todo, leyes nuevas con regulaciones que limitan el crecimiento de la actividad, reglamentaciones que elevan el costo operativo de la actividad y, por supuesto, fiscalizaciones que provocan el miedo entre quienes se mantienen en la actividad, todo por el supuesto bienestar del consumidor, que a la postre financiará todo esta lucha por medio de los precios.

Es necesario que los consumidores no seamos vistos como la justificación de cualquier sector que se sienta amenazado o impactado para emprender su lucha a favor de su estatus quo. El Banco Mundial (BM) en un artículo llamado “Las plataformas digitales y el futuro del turismo”, publicado el 25 de septiembre del año pasado en www.bancomundial.org en su sección de noticias, indica que las plataformas ayudan a los países en desarrollo a fomentar las actividades turísticas y promover el crecimiento de sus economías por medio del contacto persona a persona.

El artículo indica que “el informe Tourism and the Sharing Economy del BM, estima que entre el 2013 y el 2025 la tasa de crecimiento anual de los servicios de hospedaje de persona a persona en el mundo será de 31%, seis veces más que la forma tradicional de hospedaje; y un segundo informe, The Voice of Travelers, explica que la evaluación de los usuarios sobre los servicios que reciben, se han convertido en la fuente más importante de información sobre viajes en el mundo, superando incluso a las cámaras de turismo y a las organizaciones tradicionales”.

Así las cosas, las plataformas de economía colaborativa y la digitalización del acceso a la información 1 a 1 son imparables. Es absolutamente comprensible la lucha por el patrimonio accionista de las compañías tradicionales, pero sería más legítima la lucha si en lugar de objetivos como restringir, reducir y prohibir, por ejemplo, sus objetivos fueran dirigidos a innovar, reinventar y aprovechar, al final de cuentas, vivir en la idea de que nuestro país es un país caro y debe seguirlo siendo, es la inflexibilidad que ha hecho que quien entiende que esto no debe ser necesariamente así, se inserte de manera exitosa en la economía y genere nuevas formas de ingreso y comercio, sí, los consumidores somos la justificación pero para avanzar, para innovar, para adaptar y reducir costos, de manera que el precio no incorpore el precio de la regulación sino el valor de la competencia.

Juan Ricardo Fernández

Presidente de la Asociación de Consumidores Libres