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"El Éxito huele a muerte", dice uno de los memes. "Culpables, cómplices, ¿y vos vas a seguir comprando aquí?", pregunta otro. Mensajes que se basan en la teoría, desmentida por las autoridades, de que una de las sucursales en Cali de los supermercados más populares de Colombia fue un centro de torturas durante las protestas.
Aunque nadie ha podido esclarecer qué pasó en esa sucursal del Éxito en Calipso, que sigue cerrada y custodiada por policías, varios locales de la empresa han sido saqueados, destruidos y pintados con mensajes que emulan sangre y torturas.
A diferencia de protestas anteriores en Colombia, el estallido social que se inició a finales de marzo ha tenido un fuerte carácter antiempresa.
Muchos en las marchas vinculan al sector privado con el presidente Iván Duque, un político de centro-derecha que se muestra cercano al empresariado y hoy es blanco principal de los insultos que se oyen en las calles.
Los manifestantes protestan contra la desigualdad, la falta de oportunidades en educación y empleo y la precariedad e informalidad laboral. Según su lectura del país, el empresariado ha perpetuado estas problemáticas, actuando como pilar de un modelo económico que consideran excluyente.
En los años 90, además, algunas empresas tuvieron vínculos con el paramilitarismo, según expedientes judiciales que describen el grupo armado ilegal concebido para enfrentar a las guerrillas.
"El empresariado ha sido desprestigiado por las simplificaciones que reducen la discusión a buenos y malos", dice sin embargo Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI).
Lo cierto, dice él y un puñado de empresarios y representantes del sector que hablaron con BBC Mundo para este reportaje, es que la mayor parte del sector privado no solo puede estar en sintonía con las demandas de los manifestantes, sino que dicen tener interés en entenderlas y ser parte de la construcción de ese nuevo país que plantean.
Según datos de la ANDI, el Paro Nacional ha significado una pérdida de 13 o 14 billones de pesos (unos US$3.500 millones), mientras que la pandemia generó pérdidas en las empresas por un equivalente de 64 billones de pesos (US$17.300 millones).
Sin embargo, en el Valle del Cauca, la región cuya capital, Cali, ha sido el epicentro de las protestas, el Paro significó un shock a la economía mayor que la pandemia.
"Como en el Valle tenemos mucha producción de alimentos, medicamentos y bienes de aseo y del hogar, y como mucha de la comida importada pasa por (el puerto de) Buenaventura (cerca a Cali), entonces nuestras industrias no pararon en pandemia, porque rápidamente fueron exceptuadas y pudieron operar", dice Esteban Piedrahita, presidente de la Cámara de Comercio de Cali.
La entidad regional estima que los bloqueos en las carreteras, un polémico mecanismo de protesta, generaron afecciones en el 70% de las empresas del Valle; caídas en ventas para el 65%, cierres en un 10% y reducciones de nómina en el 26%.
"Durante la pandemia, a pesar de las pérdidas, el campo le cumplió a Colombia", dice Jorge Bedoya, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC). "Pero el Paro nos afectó más, porque los bloqueos cortaron los sistemas de distribución y pusieron en jaque a la seguridad alimentaria no solo del Valle, sino de todo el país".
Cifras de la Policía estiman que en 40 días las protestas se han generado al menos 3.200 bloqueos en carreteras, en un país de compleja topografía que depende como pocos del transporte vehicular.
La SAC reporta que el paro generó la pérdida de 34 millones de litros de leche, 3 millones de pollos, 9.000 toneladas de trucha y 25.000 toneladas de aguacate, entre otros ejemplos.
Bedoya anota: "No negamos que el campo ha sido olvidado por décadas, que no hay carreteras, que no hay salud, que no hay educación, pero eso no es una razón para vulnerar los derechos de los colombianos".
Esta no es, por supuesto, la primera vez que las empresas colombianas se ven afectadas por una crisis de orden público: el narcotráfico, el conflicto armado y la criminalidad amenazaron durante años la rentabilidad de los negocios.
Pero los expertos coinciden en que, pese a todo, el sector privado supo adaptarse a la realidad del país.
"Históricamente, ha habido un compromiso del empresariado en temas de superación del conflicto como educación, medio ambiente y condiciones laborales hasta el punto de que, a diferencia de otros países, han llegado a suplir roles del Estado", dice Angelika Rettberg, politóloga de la Universidad de los Andes.
La profesora, que ha liderado una mediación con empresarios para que contribuyan en la construcción de verdad como parte del proceso de paz con la guerrilla, añade:
"Solo una minoría de los empresarios tienen esa visión estereotípica de extractivistas, porque en la mayoría hay una conciencia de que no hay empresa sana sin una sociedad sana y de que se necesitan regulaciones que quizá limiten su rentabilidad, pero garantizan un entorno social más estable".
Mac Master va incluso más lejos en su lectura del rol histórico del empresariado: "La estabilidad que ha tenido la economía colombiana por décadas pese las condiciones del país se debió no a la clase política ni a la política económica, sino a que los empresarios nunca se fueron, que produjeron, innovaron y generaron empleo en las peores condiciones".
En la médula del estallido colombiano hay un rechazo al modelo económico que ha perpetuado la informalidad laboral y los salarios precarios durante años.
Y mucho de eso, según los expertos consultados, se debe a la estructura impositiva.
Gran parte del recaudo en Colombia viene del impuesto a la nómina que introdujo en los años 90 la polémica Ley 100, la cual financia los sistemas de pensiones y salud a través de una contribución que hacen las empresas por cada salario que pagan.
"Los parafiscales introducidos por la Ley 100 recargaron la tributación hacia la nómina en lugar de la renta e incentivaron la informalidad y el desempleo, porque resultó mucho más útil, para el empleador y el empleado, hacer un contrato de manera informal", dice Salomón Kalmanotivz, historiador de la economía.
"Solo un sector del empresariado, el más cercano al latifundismo y a unas economías extractivas concretas, logró que sus intereses se defendieran políticamente, pero la gran parte de las empresas no se supo defender y permitió que les clavaran el impuesto a la nómina y el país se terminara desindustrializando", explica el profesor de la Universidad Nacional.
Un cambio de fondo a ese modelo, calificado por algunos expertos como una "economía oligárquica", es lo que piden no solo la calle, sino los gremios empresariales más importantes.
Todos los empresarios y representantes consultados coinciden en que las élites pueden pagar más impuestos.
Aunque el recaudo fiscal del Estado colombiano (19,7% del PIB) es menor al promedio de la de la región (23% del PIB), la contribución de las empresas al mismo es mayor que el de otros países.
La propuesta de los expertos es que, con carácter de urgencia, se cobren más impuestos a los individuos adinerados y se eliminen las exenciones y deducciones que favorecen a algunos sectores protegidos.
Una vez atendida la emergencia fiscal actual y superada la sensible coyuntura sociopolítica, coinciden, Colombia debería hacer una reforma tributaria estructural que promueva mayor competencia, reduzca los parafiscales, democratice las opciones de emprender y ataque la desigualdad a través de mecanismos progresivos de tributación.
"Decía la Madre Teresa de Calcuta que la generosidad es dar hasta que duela", señala Jean Claude Bessudo, un famoso empresario turístico. "Así que los ricos tenemos que dar hasta que nos duela, y quizá un poco más".
Durante estas semanas de protesta, Sierra Nevada, una cadena de restaurantes, ha regalado hamburguesas en las protestas como gesto de apoyo a las demandas de los manifestantes, a pesar de que sus ventas estaban caídas y su viabilidad estaba en riesgo desde que arrancó la pandemia.
"La idea de regalar hamburguesas surgió de una reunión con los trabajadores en la que nos dimos cuenta que 129 de los 130 empleados querían hacer parte del movimiento", dice Emiliano Moscoso, el dueño, cuya participación en una sesión del Congreso sobre empresa y crisis se hizo viral.
La hamburguesería, que tiene 15 locales en la capital, ya realiza iniciativas sociales: dan prioridad a trabajadores sordos y migrantes venezolanos, hacen campañas en contra de la discriminación y en favor del voto y tienen menús solidarios para personas de bajos recursos.
"Nos hemos dado cuenta de que hacer trabajo de inclusión no solo puede ser buen negocio, sino que genera cohesión dentro de la empresa y promueve la movilidad social", dice Moscoso.
El Paro Nacional ha sido un golpe para cualquiera que haga negocios en Colombia. Pero, según él, "también puede ser una oportunidad para conseguir un país más sano en el que hacer empresa permita acabar con la exclusión".
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