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Domingo, 20 de junio de 2021



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El espejismo del superávit

Jonathan Prendas [email protected] | Lunes 24 mayo, 2021

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Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República

Por segundo mes consecutivo, las finanzas del gobierno cerraron con superávit primario. En otras palabras, sin contar el pago de intereses de la deuda pública, los ingresos fueron superiores a los gastos en este período.

Esta noticia debe ser analizada con cautela, sin lanzar las campanas al viento ni suponer que el país ya marcha por la senda de la estabilidad, pues hay factores -particularmente modificaciones legales- que influyeron notablemente en los resultados financieros.

Hay que considerar la incorporación de los presupuestos de los Órganos Desconcentrados al presupuesto nacional y los ingresos por recaudación de impuestos de acuerdo con el nuevo modelo de año fiscal, que por única vez contempló 15 meses en lugar de 12, como es lo usual.

Asimismo, no podemos obviar que el pago de los intereses representa una de las principales fuentes del gasto. De hecho, únicamente para pagar los intereses acumulados se requirieron ₡697.495 millones, la cifra más alta de los últimos 15 años. Este gasto ha subido hasta representar el 1,7% del PIB en un trimestre.

El otro gran inconveniente es que, en lugar de proponer reformas integrales para resolver los problemas estructurales de nuestro país, el gobierno PAC ha preferido continuar el endeudamiento para financiar el déficit para continuar con su política de propiciar el gasto público sin contención alguna.

La Contraloría señala otro dato preocupante: la deuda del sector público no financiero representó el 82,8% de la producción interna del 2020, lo que significa un crecimiento de 11,5% con respecto al 2019, debido especialmente al aumento de la deuda del gobierno.

En ese contexto, el reto actual más importante para el país no es solamente lograr el canje de títulos de deuda, sino su renegociación. Nueva República ha propuesto restructurar la deuda interna, lo cual incluye trasladar los plazos para que venzan más adelante pero también que se paguen conforme al crecimiento económico del país. Negociar con los principales tenedores de deuda local –operadores de pensiones, entidades financieras, instituciones públicas- debería convertirse en una tarea urgente.

Preocupa que a pesar de que el índice mensual de actividad económica (IMAE) creció un 4% en marzo, está todavía por debajo de la medición que se realizó en diciembre del 2019, y con un ingrediente adicional que no trae calma: la disparidad en la recuperación y caída en los sectores de la economía costarricense.

Por citar dos ejemplos, la afectación del comercio y el turismo es enorme, lo cual ha repercutido sensiblemente en indicadores claves relacionados con el desempleo, la desigualdad y la pobreza. En términos generales, la actividad económica de Costa Rica sigue muy por debajo de los números que se tenían antes de la pandemia y su recuperación depende en gran medida del éxito en la lucha contra el coronavirus.

El país necesita con urgencia tomar medidas para reactivar la economía y generar mayor crecimiento, lo cual significará mayores ingresos tributarios y en consecuencia mayor capacidad del gobierno para atender los gastos. En este momento, se requiere propiciar las condiciones para que haya más dinamismo económico, más producción y mayor bienestar.

Falta aún que Costa Rica obtenga el crédito de Servicio Ampliado por $1.750 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para evitar que haya mayor presión sobre el mercado local y aumenten los costos de financiamiento para las personas, empresas e incluso el gobierno. El país precisa ese crédito, pero sin que ello suponga la creación de impuestos que afectarán aún más al alicaído sector productivo.

Por esas razones, hoy no podemos creer que el superávit primario que se ha obtenido sea una señal de recuperación. Para salir de la crisis, Nueva República sostiene que es necesario realizar mayores esfuerzos y está dispuesta a seguir señalando la senda en el Congreso. Este es un momento que requiere la absoluta responsabilidad y compromiso de todos los actores políticos, económicos y sociales costarricenses.





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