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Riesgo de crisis constitucional en Colombia.
El presidente del país, Gustavo Petro, firmó este miércoles un polémico decreto de consulta popular criticado por la oposición y cuestionado por juristas y otras organizaciones porque, según ellos, "erosiona la separación de poderes".
El decreto irá ahora a la Corte Constitucional, órgano que determinará si es procedente.
La firma del mandatario se produce tras una tensa semana en Colombia, dominada por la polarización política a menos de un año de nuevas elecciones y en la que se produjo el atentado al precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien permanece en estado crítico tras recibir varios impactos de bala el pasado sábado.
En mayo, el Congreso votó en contra de la propuesta original de consulta popular de Petro, surgida, principalmente, por el rechazo del mandatario a algunos puntos de la reforma laboral que se debate en el Senado.
Petro, alegando irregularidades, había considerado que la decisión del Senado sobre la consulta popular no era válida y que, por tanto, sí podía decretarla.
Los juristas y especialistas consultados por BBC Mundo consideran que no es decisión del mandatario actuar sobre una votación del Senado y que eso corresponde a la justicia.
Horas antes del anuncio, el ministro del Interior, Armando Benedetti, dijo que, de aprobar el Congreso la reforma laboral antes del 20 de junio, fecha límite antes del cierre por vacaciones, el decreto quedaría derogado.
Y, tras anunciar Petro la firma, Benedetti explicó que se firmaba este miércoles porque el jueves acababa el plazo para poder hacerlo.
"El presidente confía en el Senado y en los acuerdos a los que se puedan llegar por restaurar los derechos laborales de la clase trabajadora", añadió el ministro.
El apodado "decretazo" supone el capítulo más grave en la prolongada confrontación que sostienen Petro y el Congreso prácticamente desde el inicio de su mandato en agosto de 2022.
Petro, el primer presidente de izquierdas de Colombia, llegó con grandes ambiciones de cambio, pero la mayoría de reformas no han podido concretarse por falta de consensos.
Ahora lanza este desafío al Congreso que, para los críticos, amenaza con romper el orden constitucional.
Los más fervientes seguidores de Petro, tanto en la calle como dentro de su partido, apoyan una medida que consideran necesaria para generar los cambios que creen que demanda el país, caracterizado por su conservadurismo político y por una alta informalidad laboral, poca productividad y largas horas de trabajo según varios estándares.
Sin embargo, juristas y analistas lo consideran un movimiento peligroso por parte del presidente.
"El anunciado decreto que convoca una consulta que había sido negada por el Senado es una clara violación de la Constitución. El ejecutivo no puede anular actos del Congreso. Esa tarea corresponde a la Justicia", dijo hace unos días en X Humberto de la Calle, voz con amplia experiencia en otros gobiernos y en derecho constitucional y pieza importante de la última reforma constitucional de Colombia en 1991.
Entre los motivos por los que Petro y sus seguidores consideran que la votación del Senado no fue válida están que se registraron 96 votos cuando había 97 congresistas presentes, que la votación duró apenas el 10% de lo normal o que se desconoció un cambio en el sentido del voto, entre otros.
Son argumentos considerados insuficientes por los analistas consultados por BBC Mundo.
"La posición de Petro es muy contestable jurídicamente y no convence a la mayoría de juristas. Da la impresión de que huye hacia adelante en su pulso con el Congreso", le dice a BBC Mundo Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario en Colombia.
Los expertos entrevistados por BBC Mundo opinan que, al margen de si la consulta es derogada o no según lo que haga el Congreso con la reforma laboral, ésta tendrá poco recorrido.
"Está claro que se caerá porque hay que demostrar que todos los vicios de inconstitucionalidad que denuncia Petro realmente ocurrieron. Pienso que se caerá en la Corte Constitucional por su propio peso", le explica a BBC Mundo Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación de Paz y Reconciliación.
Varios líderes de opinión en Colombia comparten que el "decretazo" es una estrategia de Petro para presionar al Congreso a que agilice la aprobación de reformas, mientras el tiempo del gobierno se agota de cara a las elecciones de 2026.
Pero, de igual modo, analistas creen que ya hay "una línea roja peligrosa" cruzada por parte del presidente, según Basset.
"Aunque salvaguarda que respetará la decisión de la Corte, esto es problemático con respecto a la división de poderes y escala el conflicto. En plena precampaña hay una radicalización del presidente que puede generar un efecto institucional grave", dice el académico.
En cualquier caso, serán la justicia y otros procedimientos administrativos quienes tendrán la última palabra, al margen de opiniones e interpretaciones de expertos.
Miguel Uribe Turbay, el precandidato que fue tiroteado el sábado, es un reconocido crítico del decreto y de Petro.
Opositor y senador por el partido Centro Democrático, filmó un video para que fuese publicado una vez el presidente oficializara la firma.
"El decreto va en contra de la Constitución y pone en riesgo la democracia. Es un autogolpe de Estado", dice el senador en un video lanzado desde su cuenta de X.
Muchos colombianos señalaron a Petro y a los sectores más contestararios de la oposición de polarizar el debate político en que se enmarcó el atentado contra Uribe Turbay.
Vicky Dávila, otra precandidata presidencial de derecha, dijo en X que "en medio del dolor de los colombianos por el crimen contra Miguel Uribe y la cadena de ataques terroristas en el país [en referencia a ataques recientes sin autoría confirmada en el suroeste de Colombia], Gustavo Petro da un paso más contra la democracia".
El martes, a través de la plataforma De Justicia, un centro de estudios jurídicos y sociales en Bogotá, 24 organizaciones de variado espectro político también pidieron al presidente abstenerse de su decisión.
"Estamos convencidos de que los mecanismos de participación ciudadana, como la consulta, son expresión legítima de la soberanía popular (...) Sin embargo, convocar la consulta popular por decreto es una decisión que se basa en una interpretación ilegal que erosiona la separación de poderes", dice el comunicado.
"Las posibles irregularidades en la negativa del Senado a convocar la consulta deben ser resueltas por los jueces competentes, y no por el presidente", continúa el texto.
En un contexto en el que Petro parece perder apoyo popular en la calle y donde sus reformas no se concretan, Bonilla piensa que el objetivo real del presidente es mantener un ambiente político álgido de cara a las próximas elecciones, donde aspira a que su proyecto continúe con su sucesor.
"Quiere imponer su agenda mediática en el país y creo que eso ya lo está ganando", sostiene Bonilla.
En una semana en la que Colombia recordó los peores tiempos de la violencia política tras el atentado a Uribe Turbay, el debate, es cierto, ha vuelto a girar en torno al presidente y sus maniobras.
Eso es irrefutable.
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