El debate sobre las tasas de usura se pone cada vez más pintoresco

Jose Rafael Brenes Vega, MSc.

Socio Consultor de Ecoanálisis

Biblia en mano diputados salen a defender la necesidad de excluir a una parte de la población de tener acceso a servicios financieros pues a los que tienen acceso son muy onerosos. Por su parte las autoridades técnicas del gobierno, tanto del Banco Central como de la superintendencia de bancos elucubran fórmulas mágicas para determinar cuál es la tasa máxima que se debe cobrar por un crédito. Nuestro Presidente, cual Salomón, dice favorecer una solución intermedia, o como diría mi abuela, ni tan cerca que queme al santo ni tan largo que no alumbre.

El Banco Mundial señala que la inclusión financiera es un factor clave para reducir la pobreza e impulsar la prosperidad. La inclusión financiera significa, para personas físicas y empresas, tener acceso a productos financieros útiles y asequibles que satisfagan sus necesidades —transacciones, pagos, ahorros, crédito y seguro— prestados de manera responsable y sostenible. Su impacto es multidimensional y contribuye de una forma u otra, a avanzar el logro de diez de los diecisiete Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) definidos por las Naciones Unidas.

Existen sólo dos razones válidas para justificar que a un sujeto de crédito se le cobren tasas consideradas de usura: La primera, que efectivamente esta persona sea una mala pagadora y tenga deudas documentadas y pendientes ya sea con entidades financieras o entidades comerciales lo cual la convierte en un crédito de alto riesgo. La segunda ocurre cuando no se conoce qué tan riesgoso es otorgarle el crédito pues esta persona no tiene, “historial crediticio”; va a pedir crédito por primera vez. Al mal pagador es lógico que se le cobre caro. Para el novicio, esta debe ser una condición que conforme vaya generando historial de buen pagador, debería ir disminuyendo. La forma entonces de remediar esta segunda causa es mejorando y facilitando la forma en que se construye este historial.

Aquellas personas que han tenido la experiencia de vivir en países con mercados financieros desarrollados pueden dar testimonio de como los proveedores de servicios financieros la ponen en práctica. Así, si bien al inicio lo único que puede hacerse es abrir una cuenta de ahorros, conforme pasan los meses, sus pagos de alquiler, servicios públicos, su historial bancario, van generando esta historia y un día, como por arte de magia, llega a su correo electrónico una tarjeta de crédito pre autorizada. Cierto, por un monto generalmente bajo pero que, de igual manera, va aumentando “solo” conforme se paga a tiempo la tarjeta. En mercados desarrollados la información sobre todas las transacciones comerciales y financieras de los ciudadanos genera esta información y compañías especializadas, las agencias de calificación de crédito de consumidores, generan una nota que sirve como referencia rápida y efectiva para conocer el tipo de riesgo de la persona y por lo tanto las tasas a las cuales tiene acceso.

Desafortunadamente, además de contar con información crediticia, se requiere que haya competencia en el otorgamiento de crédito. Esta es otra área donde falta mucho por hacer. Es necesario fomentar la competencia no solo nivelando la cancha entre los bancos públicos y los privados, sino modernizando la regulación para incorporar a los nuevos actores que la innovación financiera ha permitido surgir, las muy mencionadas “fintechs”, para solo mencionar uno de los factores más importantes.

Lo más triste de esta situación es que se está perdiendo la oportunidad para atacar el problema de la exclusión financiera desde su raíz. Las tasas de usura son resultado de la ausencia de un marco normativo que favorezca y promueva el uso adecuado de la información que generamos como consumidores y de la insuficiente competencia en la prestación de servicios financieros. Vale la pena hacer un alto en el camino y si realmente se quiere proteger al consumidor financiero, abandonar posturas simplistas y ponerse a hacer la tarea de diseñar e implementar medidas que mejoren el acceso a la información, promuevan la competencia e impulsen la innovación. No es fijando las tasas de interés que vamos a proteger a quienes necesitan crédito es creando las condiciones para que haya más oferta que realmente se estaría logrando este objetivo.