El crimen se puede reducir

El crimen se puede reducir

La vida es el don más valioso que Dios nos dio, pero en nuestras ciudades, cada 3 días mueren asesinadas 5 personas. El nivel de homicidios en nuestro país es tan alto que la Organización Mundial de la Salud lo cataloga a nivel de una epidemia.

En el año 1990 se registraban en Costa Rica 4,6 asesinatos por cada 100 mil habitantes y en 1999 pasamos a 6,4. En ese entonces logramos revertir la tendencia e iniciamos un leve descenso de los homicidios para llegar a 6,3 en 2002. Ahí aún estábamos al nivel promedio mundial, pero ya para 2008, ¡solo seis años después!, la situación había cambiado tan drásticamente que nos hallábamos con 11,6 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes. ¡La tasa de homicidios creció más de 84% en solo seis años!

Esa tasa continuó subiendo hasta más de 12 en 2010, pero cayó en 2011, 2012 y 2013 para situarse en ese último año en 8,7. Desdichadamente luego ha vuelto a ascender en 2014 a 10, en 2015 a 11,4, en 2016 a 11,8 y en 2017 a 12,1 con el mayor número de asesinatos de nuestra historia (603).

En el resto de América Latina y el Caribe (ALC) —la zona de mayor violencia criminal del mundo— el panorama es peor que en Costa Rica. Pero esta no es siquiera una pobre excusa ante lo terrible de nuestra situación actual. Nuestros ciudadanos son víctimas de delitos en mayor medida que los habitantes de Colombia, Panamá, El Salvador, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. El crimen consume alrededor del 3,5% del PIB del país (suficiente para acabar con la pobreza) y sufrimos una tasa más del doble del promedio mundial en robos, violencia sexual, violaciones y violencia sexual contra niños.

“Citizen security in Latin America: Facts and Figures” es una publicación de este año del Instituto Iragapé, un centro brasileño de pensamiento y acción dedicado al desarrollo de políticas públicas —basadas en evidencia— ante los graves problemas de la seguridad en América Latina. Ese trabajo nos revela que aun contando con solo el 8% de la población mundial, América Latina es la región donde se registran el 38% de los homicidios en el mundo. La tasa de homicidios en nuestra región es más de tres veces el promedio mundial y 17 de los 20 países con más elevadas tasas de asesinatos están en ALC. Como si lo anterior fuese poco, ALC también sufre la mayor tasa de asaltos y robos violentos del mundo.

Homicidios por 100 mil habitantes año

Fuente: Instituto Iragapé

Si no mejoramos radicalmente la seguridad de nuestras ciudades, ese puede ser el futuro de Costa Rica.

The Economist del pasado 7 de abril en un ensayo sobre esta terrible calamidad señaló: “En 2016 de las 560.000 muertes violentas en el mundo 68% fueron asesinatos; las guerras solo fueron causa de un 18%” Las muertes por guerras están en su nivel histórico más bajo desde que se llevan cuentas, y mientras en los países desarrollados las muertes por la delincuencia disminuyen, en ALC aumentan, con solo una pequeña disminución a partir de 2013.

La buena noticia es que se pueden obtener buenos resultados como en los países desarrollados y en lugares de ALC como en Medellín, Cali y Bogotá. En Colombia gracias a esos resultados la tasa (sin tomar en cuenta los efectos de las guerrillas) ha disminuido en dos terceras partes a lo largo de este siglo.

No hay acuerdo sólido sobre los efectos en la tasa de asesinatos de factores de crecimiento económico, pobreza, desigualdad, consumo de drogas. Las altas tasas de encarcelamiento en EE.UU. solo muestran pequeños efectos en la contención de los asesinatos. En ese país las acciones policiales extremas derivadas de la teoría de la “ventana rota” tampoco parecen ser causa sustancial de la disminución del crimen (What Caused the Great Crime Decline in the U.S.? The Atlantic 15 de abril de 2016).

Para América Latina el efecto de consumo de alcohol guarda relación con la tasa de homicidios (Iragapé).

Entre nosotros el incremento en los homicidios dolosos se relaciona con el narcotráfico (25% de los homicidios en 2017), y con la venganza y métodos violentos de saldar cuentas (48%). Además sabemos que el 68% se perpetraron con armas de fuego. Esto nos indica que los planes preventivos deben guardar relación con el control de las luchas entre distribuidores de drogas, el uso del alcohol y la disposición de armas de fuego y municiones.

En el pasado he señalado que nuestra tasa de encarcelamiento ha aumentado significativamente durante todo este período sin con ello disminuir el incremento en la criminalidad, pero que en los dos períodos en los cuales esa tasa de asesinatos ha disminuido ha crecido la fuerza policial.

Frente a la falta de conocimientos suficientes sobre las complejas causas de la tasa de homicidios, es importante tomar en consideración —como lo señala The Economist (7 de abril 2018)— la enorme importancia de obtener y utilizar información sobre dónde, cuándo, cómo y en contra de quién se efectuaron los asesinatos. Las estrategias de prevención dependen de esa información específica. En algunas ciudades ellos se dan solo en el 2% de las calles. Las condiciones urbanas de esos lugares deben merecer especial consideración. Concentrar los esfuerzos policiales puede generar resultados muy significativos.

Igualmente importante es usar la información para evaluar las diferentes prácticas usadas para disminuir la violencia criminal. Si no medimos los resultados, seguimos actuando por pura inspiración y al “tarán tan tan”.

Más que simple represión, aumento de penas y encarcelamiento indiscriminado, en América Latina han sido exitosos los programas de seguridad ciudadana, que son políticas y acciones que dan prioridad a la protección, seguridad y derechos de las personas, en un marco de responsabilidad del estado y con amplia participación ciudadana.

El Instituto Iragapé plantea que con estos programas es posible reducir la violencia de ALC en un 50% en 10 años. Eso, en Costa Rica, nos llevaría de nuevo a los niveles que teníamos hace 16 años.

Los ingredientes de las políticas de seguridad ciudadana exitosas varían de sitio en sitio, pero en general incluyen campañas basadas en datos y enfocadas en resultados. Son campañas caracterizadas por promover la participación ciudadana en el diseño y ejecución de esas políticas enfocadas a proteger la vida (recuerdo nuestro empeño en la Policía Comunitaria). Deben respetar los derechos fundamentales y el acceso a la justicia, y evitar a toda costa la reproducción de la violencia. Igarapé señala: “En el centro de las intervenciones del Estado debe estar la protección de las personas y la concepción de la seguridad como un bien público, que es responsabilidad primaria del Estado y que exige una participación activa de los ciudadanos.”