“El cincel y la danza” en la banca pública

A propósito del concepto del “martillo y el baile”, el sector financiero y específicamente la banca pública aplica “el cincel y la danza”. El primero, para moldear nuestros productos y políticas y así atender la situación que atraviesa el país, y la segunda, que representa tanto a quienes requieren alivio en el cumplimiento de sus obligaciones de crédito por la afectación ante la pandemia, como también los sueños de quienes han confiado sus ahorros en nuestras entidades y que debemos salvaguardar.

La banca, pública y privada, debe regirse por el mismo marco normativo. Los recursos que otorgamos en préstamos provienen en su mayoría (casi el 90%) de los ahorrantes, de modo que deben ser custodiados de la mejor manera. Los requisitos de otorgamiento de crédito deben cumplir con la normativa 1-05 de SUGEF y otras disposiciones; un banco estatal no puede dar créditos sin respaldo o con baja o nula capacidad de pago.

Quedando claro lo anterior, es importante explicar muy brevemente algunos aspectos que muchas veces nos consultan.

Utilidades. ¿Para qué sirven las utilidades en la banca pública? Para 2 cosas. Pagar impuesto de renta y cargas parafiscales (en 2019 el 65% de las utilidades del Conglomerado Financiero Banco Nacional regresó al Estado en dichos rubros) y segundo, para capitalizar y así cumplir con el indicador de Suficiencia Patrimonial, que se refiere a que un banco puede prestar, por ejemplo 100 colones, solo si cuenta al menos con 10 colones de patrimonio, de allí que la suficiencia mínima es del 10%. Para un banco público la única forma viable de incrementar el capital y poder seguir prestando, es capitalizando utilidades en su patrimonio, a no ser que el Estado le inyecte capital, que no podría ser este el caso en la situación fiscal actual. Si no hay utilidades o hay pérdidas, el Banco disminuiría su suficiencia patrimonial, podría dejar de colocar recursos, y frenarse el crédito con impacto en la producción y el consumo.

Remates. Los remates de bienes no corresponden al giro de negocio de un banco, sus costos asociados son enormes. Es la última alternativa, cuando no queda más que recuperar los recursos para no desproteger a los ahorrantes. Como el banco legalmente no está facultado para condonar deudas, hay suficientes pasos previos para ayudar al cliente, que van desde ajustes de periodo de gracia y extensión de plazo, hasta readecuación completa de su deuda. El proceso de cobro judicial es un último paso al que nadie quiere llegar.

Inversiones en Hacienda. Desde mediados de 2017 se ha venido desacelerando la demanda por crédito y los Bancos han debido buscar opciones de inversión, pues los ahorrantes siguen depositando su dinero en los intermediarios financieros; adicionalmente las entidades deben gestionar instrumentos financieros que no les afecten su riesgo de liquidez. Así, cuando el Ministerio de Hacienda representa una buena opción de inversión (por rentabilidad y liquidez), los Bancos adquieren sus emisiones de deuda. Actualmente, los depósitos de los ahorrantes son a muy corto plazo, es decir, mantienen su dinero en cuentas corrientes, o de ahorros, y menos en certificados a mediano o largo plazo. Eso obliga a buscar opciones de inversión también de corto plazo, que les permite mantener un calce de liquidez adecuado y cumplir las normas regulatorias.

Prórrogas. La Banca Pública se ha concentrado en estos meses a apoyar con prórrogas, que han aliviado a muchas personas, hogares y empresas. Para el caso del Banco Nacional se lanzó en marzo la primera etapa de prórrogas (se otorgaron más de 134 mil, lo que presenta dos terceras partes de todos los créditos del Banco) y ahora, el programa Juntos al Amanecer, que se compone de la segunda etapa de prórrogas a los afectados por la pandemia (hasta diciembre en su mayoría), así como los 300 mil millones de colones dispuestos para préstamos de capital de trabajo (ya se han otorgado 52 mil millones).

Crédito rural y agrícola. La cartera de crédito para agricultura, ganadería y agroindustria alcanzó a mayo en el BN los ¢212.425 millones de colones, en 13.766 créditos. En la pandemia al sector agro se le han dado prórrogas al 41,15% del crédito. Tenemos los Consejos de Apoyo Rural (CAR), casi 50 órganos que operan en zonas rurales alejadas de las provincias, y mediante los cuales se han colocado más de 2.000 millones de colones en microcréditos.

Ayer, hoy, mañana y después de mañana, en la banca pública, específicamente en el Banco Nacional, seguiremos con el “cincel y la danza”, forjando el desarrollo de Costa Rica.