El 72% de sociedades anónimas no tiene actividad lucrativa
Legisladores como Luis Vásquez, del PUSC, tratan de convencer al Plenario para exonerar o al menos rebajar el tributo para las sociedades anónimas que no tengan fines lucrativos. Esteban Monge/La República
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Siete de cada diez sociedades anónimas inscritas en estos momentos, no tienen una actividad lucrativa y por el contrario, se trata de personas jurídicas conformadas por núcleos familiares para el manejo de bienes.

De las 559 mil inscripciones en el Registro de la Propiedad, al menos 405 mil no reportan utilidades anuales y a pesar de eso, el Gobierno, el Frente Amplio y Liberación Nacional, pretenden cobrarles unos ¢63 mil al año, para financiar la lucha contra el hampa y el crimen organizado.



Las demás que sí tienen una actividad de negocios, entre las que se encuentran las empresas más grandes del país, pagarían entre ¢106 mil y ¢212 mil, de acuerdo con las ganancias que reporten.

Por esta razón la bancada del Partido Unidad Social Cristiana, ha propuesto bajar el tributo para las sociedades anónimas no lucrativas a unos ¢40 mil al año y trasladar el costo de la rebaja a las empresas.

“Es un tema de compensación en razón de los ingresos, con el objetivo de que pague más, quien gane más. Se trata de un asunto de compensación social, también para las personas que menos oportunidades tienen”, dijo Luis Vásquez, diputado del PUSC.

La propuesta es una de las mociones que se discuten en el Plenario, durante la fase final del proyecto de ley y que se votaría la otra semana en primer debate.

Sin embargo, la moción no cuenta con el respaldo de otros partidos, quienes pretenden que el Gobierno logre recaudar unos ¢40 mil millones que serían trasladados al Ministerio de Seguridad Pública.

“La Asamblea es la que requiere una declaratoria de emergencia, porque es responsabilidad de ciertos diputados que perdamos la oportunidad de invertir más dinero en seguridad. Cada día que pasa sin la aprobación de esta ley, se dejan de percibir unos ¢110 millones”, dijo Javier Cambronero, diputado de Acción Ciudadana.

Por su parte, el libertario Otto Guevara se ha opuesto al proyecto de ley, ya que, según él, afectaría el clima de negocios, contrayendo la inversión y afectando el empleo en momentos en que hay un estancamiento en la generación de nuevas fuentes de trabajo.

Para aprobar el impuesto a las sociedades anónimas, se requieren por lo menos 38 votos en el Plenario.

El gravamen que exige el presidente Luis Guillermo Solís, se pagaría de forma escalonada, dependiendo de la actividad de la persona jurídica.

En estos momentos, el texto del proyecto establece que las sociedades anónimas inactivas y que no tengan ingresos, tendrían que desembolsar unos ¢64 mil al año para mantenerse vigentes.

Mientras tanto, aquellas que se encuentran activas se dividirían en tres escalas: ¢106 mil para las que tengan ingresos menores a ¢51 millones, ¢127 mil para las que sumen utilidades entre ¢51 millones y ¢119 millones, y ¢212 mil para las que tengan ingresos superiores a los ¢119 millones.

Las categorías propuestas en el proyecto que hoy es motivo de polémica en el Congreso, oscilan entre un 15% y un 50% del salario base.
El PUSC y el Movimiento Libertario se oponen, debido a que el Gobierno no ejecutó el año pasado más de ¢20 mil millones para la lucha contra el hampa y porque para el presupuesto del otro año, trasladó recursos por ¢50 mil millones del PANI, para atender las necesidades de seguridad.

Por otra parte, exigen el recorte de viáticos, viajes al exterior, pago de horas extras y de pluses salariales como anualidades y el pago de la dedicación exclusiva, antes de aprobar cualquier gravamen.

 


Nuevos montos


El proyecto de sociedades anónimas establece diferentes categorías, para fijar el monto que se cobrará (impuesto expresado en miles de colones).

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