EE.UU. cancela visa de auditora del ICE en medio de tensiones por red 5G
La semana pasada dos diputadas del partido Liberal Progresista perdieron su ingreso a ese país
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Estados Unidos retiró la visa a Ana Sofía Machuca Flores, auditora general del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), en lo que representa la tercera cancelación de este tipo en menos de una semana a funcionarios costarricenses.
La medida se da en medio de crecientes tensiones por la implementación de la red 5G en el país y la presunta injerencia de actores extranjeros en el proceso.
La funcionaria confirmó la notificación recibida este martes 25 de febrero, a la vez que señaló que se dio una violación a la soberanía de Costa Rica por parte de los Estados Unidos y que no debería verse únicamente como la eliminación de una visa a una funcionaria.
“Lo más importante que debe ser del conocimiento de la ciudadanía no es la confirmación de una acción intimidante de revocatoria de una visa, sino el grave atentado contra nuestra soberanía y libertad de expresión que esto representa. Este tipo de acciones no pueden ni deben normalizarse. Esto debería llevarnos a un estado de alerta instintivo y a cuestionarnos con firmeza qué está ocurriendo realmente detrás de estos hechos, qué intereses están en juego y qué información podría estar siéndonos ocultada”, dijo la auditora del ICE.
La decisión se suma a la reciente revocación de visas a las diputadas Johanna Obando y Cynthia Córdoba, del Partido Liberal Progresista (PLP), sin que la Embajada estadounidense en Costa Rica haya brindado explicaciones sobre los casos específicos.
Machuca Flores ha denunciado presiones por parte de sindicatos y acoso institucional tras las auditorías realizadas en torno a la implementación de la tecnología 5G en Costa Rica. La controversia se intensificó luego de que el presidente Rodrigo Chaves Robles presentara en diciembre de 2024 una denuncia penal contra representantes de la empresa china Huawei y funcionarios del ICE, señalando posibles delitos como estafa, cohecho y tráfico de influencias.
En su defensa, la auditora aseguró que ha señalado irregularidades en los procesos de contratación desde 2019 y que sus denuncias están en manos de la Fiscalía.
La medida de EE.UU. se produce en un contexto de advertencias por parte del secretario de Estado, Marco Rubio, quien indicó a inicios de febrero, que su gobierno sancionará a funcionarios costarricenses que colaboren con actores extranjeros considerados una amenaza para la ciberseguridad del país.
Rubio señaló que Costa Rica enfrenta más de 100 millones de ataques cibernéticos y afirmó que algunos funcionarios en posiciones de poder han facilitado estos riesgos.
