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Ecuador ingresa en periodo de transición

Gobierno del presidente Correa alista terreno para aplicación de nueva Carta

Quito
EFE

Ecuador entró ayer de lleno en un proceso de transición democrática que permitirá adecuar todas las instituciones del Estado al marco de la nueva Constitución, aprobada en el referendo del pasado 28 de septiembre.
La Asamblea Constituyente, que elaboró la Carta Magna y que se encontraba en receso desde el pasado 25 de julio, se reinstaló la mañana de ayer en Quito para elegir a los miembros de la Corte Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral y una Comisión Legislativa, que cumplirá las funciones de Parlamento interino.
El presidente de la Constituyente, el oficialista Fernando Cordero, presidió la sesión, que comenzó con la discusión de ocho renuncias de asambleístas, que se negaron a ser parte del proceso de transición.
Los asambleístas que presentaron sus dimisiones son los opositores Mae Montaño, María Cristina Kronfle y Pablo Lucio Paredes; así como los oficialistas Galo Borja, Alberto Acosta, Fernando Vega, Oswaldo Orrala y Germánico Pinto.
Luego de aceptar las renuncias, Cordero suspendió la sesión para que los asambleístas presentes, 114 de los 130 que integran el foro, analizaran los nombres de los postulantes a ocupar los cargos de los organismos electorales.
La reunión del pleno de la Constituyente nuevamente se instaló en la tarde para dar paso a los debates y a la elección de los representantes electorales, encargados de organizar los próximos comicios generales.
La asambleísta del movimiento oficialista Acuerdo País, Betty Tola, indicó a Efe que, probablemente la elección de los miembros de los organismos electorales se dilate hasta la noche, por lo que la sesión podría ser suspendida nuevamente para ser retomada mañana, jueves, para designar a los integrantes de la Comisión Legislativa.
Dicha comisión, que cumplirá las veces de Parlamento, podría estar integrada por 75 asambleístas, escogidos de forma proporcional a la correlación de fuerzas que se registra en la Constituyente.
Con esa consideración, el movimiento oficialista Acuerdo País, junto a grupos afines, podrían sumar el 80% del reparto de escaños de la Comisión Legislativa, asunto que ha molestado a los opositores, que rechazan el proceso de transición.
Tola indicó que el proceso de transición supone “un proceso de adecuación de las viejas instituciones a las nuevas. Eso no puede hacerse en un día, como ha dicho la gente de la oposición”.
La asambleísta consideró que el proceso de transición podría “durar unos dos o tres años”, aunque en el capítulo de elección de las nuevas dignidades del país, se concretará en los próximos comicios que “se van a realizar en no menos de cinco o seis meses”.
Tola remarcó que con la entrada en vigor de la nueva Constitución, que algunos analistas la consideran de corte socialista, se cerró un capítulo en el que “se sentó las bases de lo que va a ser el nuevo país”.
Por ello, Tola convocó a la ciudadanía a “apropiarse” de la Constitución y del proceso de cambio que vive el país, para ser parte activa de las transformaciones.
Añadió que “un tercer reto” en el proceso de transición “es lo que tiene que ver con la función legislativa”, porque se deben “adecuar todas las leyes y normas que estaban vigentes” con el anterior marco institucional.
El proceso de transición también generó un remezón en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), en donde los jueces renunciaron ayer a sus cargos para dar paso a la creación de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), que es el nombre que toma el organismo rector de la función judicial.
Los jueces de la Corte Suprema se despidieron de sus cargos y anticiparon que no se prestarán para integrar el CNJ, por considerar que ese cambio perjudicará a la justicia.
Según el proceso de transición, el Consejo Nacional Electoral, cuyos integrantes serán elegidos hoy en la reunión de la Constituyente, “organizarán un sorteo público” para escoger a 21 jueces que “se encargarán de las funciones y responsabilidades” de la nueva Corte de Justicia.
El presidente de la saliente CSJ, Roberto Gómez, reprochó el cambio porque, a su juicio, “el poder judicial queda muy debilitado”.


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