Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 27 Agosto, 2015

El hecho es grave y no quisiéramos interpretarlo como fruto de la misma confrontación social y económica que se expresa con crudeza en algunos países del vecindario

De cal y de arena
Donde rige la ley del hampa

Increíble pero cierto, reconocido además por las autoridades como condicionante de sus tareas: en nuestro país hay barriadas donde el hampa impone su ley a un punto tal que las autoridades perdieron su iniciativa a la hora de preservar el orden público y de prestar los más elementales servicios conexos.
El hecho es grave y no quisiéramos interpretarlo como fruto de la misma confrontación social y económica que se expresa con crudeza en algunos países del vecindario.
Esos reinos del hampa son una realidad ya presente en nuestra sociedad, alarmante síntoma del deterioro de la seguridad ciudadana y advertencia de lo que puede venir. Probablemente este padecimiento nuestro de hoy fue uno de los estadios por los que pasaron los vecinos antes de llegar a la convulsión que hoy los desangra.
La denuncia de la Defensoría de los Habitantes es que el Ministerio de Seguridad Pública, el Cuerpo de Bomberos y Correos de Costa Rica han admitido que su iniciativa para acceder a zonas clasificadas como peligrosas por la agresiva beligerancia del hampa organizada está reprimida.
En una lista de seis folios están los nombres de los barrios, suburbios o arrabales (ninguno, por cierto, de los clasificados como residenciales de clase alta o media) respecto a los cuales esas dependencias han declarado una virtual veda, razón de más para que la defensora, Lic. Montserrat Solano, haya demandado por la vía de un amparo ante la Sala Constitucional, la reparación de semejante astenia operativa de las dependencias del Estado creadas precisamente para brindar servicios de interés y necesidad pública —arropar la seguridad ciudadana— sin renunciamiento alguno sea cual sea la dimensión del reto que les plantee el hampa.
De acogerse la queja de la Defensora, esta sería una versión más del abandono que hace el Estado de sus principales responsabilidades, como lo hemos visto en infraestructura, seguridad social y educación básica.
Vivimos una crisis de seguridad ciudadana con una creciente tasa en los delitos de sangre: mientras en los años 80 el promedio de homicidios por cien mil habitantes fue de alrededor de cuatro, en los 90 ascendió a 5,3 y en la primera década de este siglo llegó a superar los 10.
En el año 2013, seis cantones y diez distritos del país concentraron el 40% y el 28% de los homicidios, probablemente las áreas de la veda de la Fuerza Pública, el Cuerpo de Bomberos y Correos de C.R. que podrían clasificar en algo así como barriadas, suburbios o arrabales virtualmente fallidos visto que por la incuria del Estado han quedado desguarnecidos.
Los informes que difunde la prensa acusan un agravamiento del delito de sangre con todas las trazas derivadas de un entorno hollado por las células del narcotráfico internacional y el crimen organizado que en este país lava $4.000 millones anuales.
Es de presumir que la diligencia de la Defensoría de los Habitantes —cuyo recurso ha sido admitido a trámite por la Sala IV con una prevención a las partes para que informen en detalle cuanto haya menester— sirva para precisar la realidad de los hechos que denuncia, no vaya a ser que estemos en puertas de una copia de las prácticas de la mara salvadoreña.

Álvaro Madrigal