Disminución del gasto: intención o realidad

Disminución del gasto: intención o realidad

Recientemente se ha mencionado que las medidas de contención del gasto del gobierno podrían alcanzar un 2% del PIB en los próximos cuatro años, incluyendo el buen manejo del presupuesto anual y disminuyendo los disparadores del gasto a través de ciertos aspectos incluidos en la Ley de Fortalecimiento Fiscal. Sin embargo, al analizar estas medidas en profundidad parecieran ser solo buenas intenciones y no un intento real de recortar y llevar el gasto a un nivel sostenible.

Con relación al presupuesto, ya no se va a cumplir esta promesa, ya que se proyecta un crecimiento del presupuesto de un 15%, al pasar de 9,3 a 10,7 billones de colones en 2019, debido a un aumento del 17% en el pago de amortización de deuda. Este aumento de 1,4 billones de colones, representa un impacto de más del 3% del PIB en las finanzas de 2019, por lo que el déficit va a seguir creciendo a pasos acelerados, y eso va a llevar a un aumento de la deuda y pago de interés aún mayores. Esto además se da en un contexto de menores ingresos tributarios y tasas de interés crecientes, lo cual agrava aún más la situación.

En los temas referentes al contenido en la reforma fiscal, se trata de disminuir algunos disparadores del gasto con el fin de lograr una mayor disciplina y se busca implementar la regla fiscal. La regla fiscal limita el crecimiento del gasto corriente a una proporción del promedio del crecimiento del PIB nominal y a la relación de deuda del Gobierno central a PIB. Por ejemplo, si la deuda sobre el PIB se encuentra entre el 45% y el 60% en el año anterior a la aplicación de la regla, y el PIB crece a un 3% promedio los últimos cuatro años, el crecimiento del gasto corriente no puede sobrepasar el 2,25%, es decir un 75% del promedio del crecimiento del PIB nominal.

Para contener el gasto futuro, se incluyen la limitación de nuevos puestos, prohibición de nuevos alquileres, prohibición en la creación de nuevos pluses e incentivos salariales, elimina la prórroga automática de convecciones colectivas, fija las anualidades en un monto fijo que no crece, se coloca un tope máximo de cesantía de ocho años, entre otras medidas similares que buscan frenar el crecimiento excesivo de egresos del gobierno en los próximos años pero sin atacar el problema actual de gastos que sobrepasan la estructura de ingresos del país.

Por lo tanto, estos esfuerzos y buenas intenciones plasmadas en la Ley de Fortalecimiento Fiscal, son solo eso, ya que no resuelven el problema de reducir el gasto corriente actual y a mi parecer, solo cubren una proporción muy pequeña de los disparadores del gasto futuro. Esto aunado a los crecientes pagos en concepto de intereses, una deuda cada vez mayor, una composición de la deuda cada vez más riesgosa con una mayor proporción de deuda de corto plazo y tasas variables, parece estar lejos de una solución sostenible de las finanzas del Estado.

La única solución a estas alturas como ya sabemos, es tomar medidas mucho más significativas en cuanto al gasto corriente actual, en los rubros que más nos afectan como son las remuneraciones y transferencias; con un 1% de reducción planteado en el presupuesto 2019, no es suficiente y no se debería mencionar como algo positivo, ya que era lo esperado por todos los agentes económicos.

Por lo tanto, es difícil ver cómo se va a atacar el déficit cuando las medidas que se están tomando no son suficientes y el gobierno sigue insistiendo en que no va a tocar los pluses salariales de los empleados y no va a eliminar ninguna de las 330 instituciones del Estado, sino que pretende hacerlas más eficientes. Vuelvo a insistir en que el aumento del gasto no se debió a ningún cambio estructural de la economía, y por tanto, estos gastos adicionales, aunque sean un poco más eficientes, no están contribuyendo al modelo económico ni al aparato productivo, sino retrasándolo.

Debido a esto, hay que ver propuestas concretas para reducir considerablemente el gasto en áreas que no están añadiendo nada al país, como pluses salariales, pensiones de lujo e instituciones ineficientes, hasta equiparar los gastos del gobierno con el ingreso recibido. Luego de tener unas finanzas ordenadas y de primer mundo, es que nos podemos enfocar en la tarea de tener instituciones públicas de países desarrollados y, solo así, nos sentiremos orgullosos como ciudadanos de pagar por ellas a través de mayores impuestos. Sin embargo, sabemos lo difícil que ha resultado tomar esta decisión ya que como todo sabemos esto implica un costo político muy alto, por lo que la única solución factible sería realizar un referéndum de empleo público y eficiencia del Estado, donde el pueblo decida qué es lo mejor para el país y podría asegurar que la mayoría de la población votaría a favor de un cambio.