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Orden emitida por magistrados para reformar Constitución Política fue vista como intromisión
Diputados indignados por fallo de Sala IV
Movimiento Libertario valora la posibilidad de reformar la ley

La orden que giraron los magistrados constitucionales a la Asamblea Legislativa para que reformen la Carta Magna en un plazo de 36 meses, causó agitación entre los diputados.
Ellos consideran que la Sala Constitucional se está excediendo en sus facultades al entrometerse en materia que es exclusiva de los diputados.
La molestia surge luego de que el miércoles cinco de los siete magistrados inhabilitaron al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) para cancelar credenciales a los diputados, presidentes y vicepresidentes que cometan fallos éticos, pues no está contemplado en la Constitución y además les ordenó a los legisladores reformar la Carta Magna en un plazo de 36 meses para que se faculte nuevamente al TSE a anular las credenciales a los Supremos Poderes.
Los más críticos de las actuaciones de la Sala IV consideran conveniente revisar la Ley de la Jurisdicción Constitucional para analizar cuáles son las responsabilidades y facultades de esta instancia y de ser necesario realizar una reforma para fijar sus quehaceres.
“La Sala Constitucional está desbordada, está legislando, lo cual es inaceptable, los magistrados creen que están por encima de los poderes Ejecutivo y Legislativo, lo cual no podemos permitir”, dijo Danilo Cubero, jefe de fracción del Movimiento Libertario.
Una posición semejante planteó Luis Fishman, subjefe de bancada socialcristiana, quien considera que es necesario que el Plenario se reúna con los miembros de la Sala Constitucional para delimitarles cuáles son sus funciones.
“Ahora la Sala IV le dice a la Asamblea Legislativa cómo tenemos que legislar y cómo tenemos que reformar la Constitución; eso es absolutamente inaceptable, yo considero que nosotros como Parlamento tenemos que hacer una reunión con la Sala para que se ubique y sepa cuáles son sus alcances”, afirmó el socialcristiano.
Aunque en Acción Ciudadana también cuestionan el accionar de los magistrados, son del criterio de que el poder que goza la Sala fue en cierto modo dado por los mismos diputados, ya que son estos quienes envían a consulta muchos proyectos de ley.
“En términos generales la Sala no puede ser un ente político, debe ser un ente que haga una valoración de la constitucionalidad, pero yo creo que también hay bastante responsabilidad de los diputados en que están judicializando los proyectos, hay muchos temas que son los mismos diputados quienes los llevan a esta instancia”, manifestó Juan Carlos Mendoza, jefe de fracción del PAC.
LA REPUBLICA intentó conocer la posición de Viviana Martín, jefa de fracción de Liberación Nacional, pero a pesar de que se realizaron reiteradas a su celular y a su asesor, nunca se obtuvo una respuesta.

Natasha Cambronero
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