"Diálogo nacional" al borde del fracaso en Bolivia
| Viernes 01 febrero, 2008
“Diálogo nacional” al borde del fracaso en Bolivia
Gobierno y oposición no han logrado acercar posturas sobre principales temas de discordia
La Paz
EFE
El proceso de diálogo entre el Gobierno de Evo Morales y sus opositores regionales para encontrar una salida a la crisis política de Bolivia quedó ayer al borde del fracaso, tras 25 días de conversaciones infructuosas.
Aunque nadie quiere dar por roto el diálogo, Morales y los gobernadores no han logrado siquiera acercar posturas en los principales temas de la negociación: la compatibilización de la nueva Constitución y los estatutos autonómicos, y el recorte de los ingresos petroleros de las regiones para pagar una ayuda a la vejez.
“El diálogo pende de un hilo”, advirtieron hoy al presidente Morales los prefectos (gobernadores) y los comités cívicos de las cinco regiones que integran el Consejo Nacional Democrático (Conalde): Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba.
En una carta, que la Prefectura de La Paz también respalda, estas regiones aseguran que solo el presidente de la República tiene la posibilidad de “salvar el diálogo” y dar “una salida democrática a la situación de tensión que vive el país”.
Critican que la “intransigencia” del Gobierno haya impedido avanzar en acuerdos después de las diez reuniones mantenidas en los últimos 25 días.
Los gobernadores opositores solo ven “dos caminos” a seguir: que el Gobierno atienda las propuestas planteadas por las regiones en esta negociación o convocar el referéndum impulsado por el propio Morales para ratificar o revocar tanto su mandato como el de los prefectos.
Sin embargo, el Ejecutivo boliviano considera que el diálogo con las regiones “ni se ha roto ni se ha fracturado”, según afirmó hoy su portavoz Álex Contreras, quien anunció que las conversaciones se retomarán el 7 de febrero, tras las fiestas de Carnaval.
Uno de los detonantes del “ultimátum” de los prefectos a Morales ha sido la decisión del Gobierno de repartir desde mañana una ayuda directa a los mayores de 60 años financiada con los recursos que las regiones reciben del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuando este era uno de los temas de la negociación.
A pesar de que los gobernadores han presentado alternativas para financiar esa subvención vitalicia, también con fondos regionales pero sin “confiscar” sus ingresos petroleros, el Gobierno se ha mantenido invariable en su decisión.
Contreras recordó ayer en este sentido que el IDH “no es propiedad de los prefectos, ni de las alcaldías. Es propiedad de todos los bolivianos”.
El portavoz gubernamental defendió la ayuda a los mayores (la llamada Renta Dignidad), como instrumento de unidad para beneficiar a las personas “que dejaron lo mejor de sus vidas trabajando y que nunca fueron reconocidas por el Estado”.
El otro factor que ha llevado a los prefectos a reclamar la intervención de Morales para salvar el diálogo es la posición inamovible de su Gobierno para revisar el nuevo proyecto constitucional, que consideran “ilegal”.
Esta actitud “impide abordar temas de importancia estratégica para el país y debatir en profundidad el proyecto autonómico para Bolivia”, indicaron los gobernadores en su misiva.
Cuatro regiones opositoras han elaborado unos estatutos de autonomía que para el Gobierno tienen un carácter “separatista”.
El Consejo Departamental de Santa Cruz emitió una resolución para “requerir” al prefecto, Rubén Costas, a que convoque un referendo para validar el estatuto de esta región, la más rica del país y el principal feudo opositor a Morales.
En los últimos días, el Gobierno y los representantes regionales se han acusado mutuamente de intentar romper el proceso de diálogo con posturas radicales.
Analistas consultados por Efe creen que ambas partes “buscan pretextos para que el diálogo no prospere” y llegar así al referéndum revocatorio que propuso Morales.
Gobierno y oposición no han logrado acercar posturas sobre principales temas de discordia
La Paz
EFE
El proceso de diálogo entre el Gobierno de Evo Morales y sus opositores regionales para encontrar una salida a la crisis política de Bolivia quedó ayer al borde del fracaso, tras 25 días de conversaciones infructuosas.
Aunque nadie quiere dar por roto el diálogo, Morales y los gobernadores no han logrado siquiera acercar posturas en los principales temas de la negociación: la compatibilización de la nueva Constitución y los estatutos autonómicos, y el recorte de los ingresos petroleros de las regiones para pagar una ayuda a la vejez.
“El diálogo pende de un hilo”, advirtieron hoy al presidente Morales los prefectos (gobernadores) y los comités cívicos de las cinco regiones que integran el Consejo Nacional Democrático (Conalde): Santa Cruz, Tarija, Beni, Pando y Cochabamba.
En una carta, que la Prefectura de La Paz también respalda, estas regiones aseguran que solo el presidente de la República tiene la posibilidad de “salvar el diálogo” y dar “una salida democrática a la situación de tensión que vive el país”.
Critican que la “intransigencia” del Gobierno haya impedido avanzar en acuerdos después de las diez reuniones mantenidas en los últimos 25 días.
Los gobernadores opositores solo ven “dos caminos” a seguir: que el Gobierno atienda las propuestas planteadas por las regiones en esta negociación o convocar el referéndum impulsado por el propio Morales para ratificar o revocar tanto su mandato como el de los prefectos.
Sin embargo, el Ejecutivo boliviano considera que el diálogo con las regiones “ni se ha roto ni se ha fracturado”, según afirmó hoy su portavoz Álex Contreras, quien anunció que las conversaciones se retomarán el 7 de febrero, tras las fiestas de Carnaval.
Uno de los detonantes del “ultimátum” de los prefectos a Morales ha sido la decisión del Gobierno de repartir desde mañana una ayuda directa a los mayores de 60 años financiada con los recursos que las regiones reciben del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), cuando este era uno de los temas de la negociación.
A pesar de que los gobernadores han presentado alternativas para financiar esa subvención vitalicia, también con fondos regionales pero sin “confiscar” sus ingresos petroleros, el Gobierno se ha mantenido invariable en su decisión.
Contreras recordó ayer en este sentido que el IDH “no es propiedad de los prefectos, ni de las alcaldías. Es propiedad de todos los bolivianos”.
El portavoz gubernamental defendió la ayuda a los mayores (la llamada Renta Dignidad), como instrumento de unidad para beneficiar a las personas “que dejaron lo mejor de sus vidas trabajando y que nunca fueron reconocidas por el Estado”.
El otro factor que ha llevado a los prefectos a reclamar la intervención de Morales para salvar el diálogo es la posición inamovible de su Gobierno para revisar el nuevo proyecto constitucional, que consideran “ilegal”.
Esta actitud “impide abordar temas de importancia estratégica para el país y debatir en profundidad el proyecto autonómico para Bolivia”, indicaron los gobernadores en su misiva.
Cuatro regiones opositoras han elaborado unos estatutos de autonomía que para el Gobierno tienen un carácter “separatista”.
El Consejo Departamental de Santa Cruz emitió una resolución para “requerir” al prefecto, Rubén Costas, a que convoque un referendo para validar el estatuto de esta región, la más rica del país y el principal feudo opositor a Morales.
En los últimos días, el Gobierno y los representantes regionales se han acusado mutuamente de intentar romper el proceso de diálogo con posturas radicales.
Analistas consultados por Efe creen que ambas partes “buscan pretextos para que el diálogo no prospere” y llegar así al referéndum revocatorio que propuso Morales.