Despido “masivo” de trabajadores de Japdeva será resuelto por Sala IV

Evitar el despido masivo de unas 800 personas en Japdeva es el objetivo de varios diputados de oposición, quienes acudieron a la Sala IV para frenar la aprobación definitiva del proyecto de ley que transforma al puerto estatal.

Y es que uno de los transitorios de la nueva norma establece que, al cabo de un mes, los trabajadores que no se sometan a un traslado horizontal, renuncien o se jubilen, serán despedidos.

La consulta al máximo tribunal fue firmada por José María Villalta, del Frente Amplio, y otros congresistas de Restauración Nacional y Nueva República.

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“Dicho Transitorio sería inconstitucional por obligar a Japdeva a cesar a sus funcionarios sin estudios técnicos previos que demuestren cómo debe realizarse la reestructuración, dónde se recortarán las plazas y la existencia del presupuesto necesario para proceder con el cese del personal”, dijo Villalta.

Traslados horizontales a otras entidades del Gobierno, bonos adicionales a la cesantía para quienes decidan dejar la institución y una prejubilación que arranca a los 55 años son las herramientas que tendrá el Gobierno para recortar el personal de Japdeva y transformar el puerto estatal.

La semana pasada, los legisladores votaron en primer debate un plan de auxilio de Japdeva que tiene entre sus objetivos darle sostenibilidad financiera a la institución.

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Para ello se requiere el recorte de unos 800 funcionarios de la planilla, ya que con la entrada en funcionamiento de la Terminal de Contenedores de Moín (TCM), administrada por la empresa APM Terminals, Japdeva perdió más del 70% de la carga que manipulaba, generando una situación financiera de quiebra.

Con el proyecto aprobado por los diputados, Japdeva se mantiene como autoridad portuaria de Costa Rica en el Caribe, supervisará las operaciones de la TCM e impulsará y dará seguimiento a los proyectos productivos que van a impactar toda la provincia con el canon que pagará APM por operar.

Se trata de unos $1 mil millones a lo largo de 30 años.

“El proyecto establece tres aspectos: la prejubilación, los traslados horizontales y los bonos de incentivos para los que se acojan a la movilidad laboral, con lo que estamos de acuerdo, pero nos oponemos al segundo transitorio que autoriza a los jerarcas de la institución a despedir a un grupo de trabajadores que en un mes no se adhieran a alguna de esas modalidades”, dijo Eduardo Cruickshank, de Restauración Nacional.