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Desperdicio de agua sería castigado

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El país contaría con una nueva Ley de Aguas que será analizada en noviembre por los diputados, para limitar el abuso del líquido, además de penalizar a los infractores por el malgasto de agua y la contaminación.

La falta de sanciones severas a quienes desperdician el recurso impide a las autoridades competentes tomar cartas en el asunto, pues la ley actual tiene medidas obsoletas.

Los yacimientos de agua son cada vez más escasos, la agricultura y los comercios como el de bienes raíces y la construcción en sitios como Guanacaste están limitados y en algunos casos han tenido que ser paralizados por el faltante de ese recurso.

Para llevar la propuesta a los diputados se utilizó el mecanismo de la iniciativa popular, que permite a la población enviar proyectos directamente a los legisladores y presentar un texto para una nueva Ley de Aguas.

El proyecto está para dictamen en la Comisión de Ambiente y en noviembre debería ser votado en el plenario.

En este texto se incluyen temas como protección de las nacientes, sanciones administrativas y penales, cobro de cánones, manejo del recurso por medio de la administración de cuencas, y la centralización institucional en el manejo del recurso hídrico.

Con respecto a las penas se considerarán como delito algunas acciones que antes solo se castigaban a nivel administrativo, como verter contaminantes en ríos y mares.

Las multas pasarían de los actuales ¢1.000 a cerca de ¢29 millones.

Costa Rica enfrenta una alerta para proteger el agua por la falta de abastecimiento, racionamiento, contaminación de fuentes tanto subterráneas como super ciales, abastecimiento eléctrico, uso irracional y los efectos del cambio climático.

La actual Ley de Aguas que rige fue creada en 1948; es decir de cuando solo existían 600 mil habitantes en el país.

En ese momento se pensaba que el agua era un recurso ilimitado.

Actualmente existe una población de casi 5 millones de habitantes y la industria, el turismo y los servicios se convirtieron en la principal fuente de ingresos, pero el agua es el motor del desarrollo nacional.

El país tiene 15 instituciones que se relacionan con el recurso hídrico, pero no esta claro a cuál le corresponde tomar ciertas acciones, incluso hay controversias en sus funciones. El resultado es la ingobernabilidad del agua.

Las sanciones que estipula la ley vigente son ridículas, pues castiga con multas que van desde ¢180 hasta ¢700 como máximo, en caso de que una empresa contamine un río.

Por esta razón es urgente contar con normas para garantizar el acceso al agua para consumo humano y al saneamiento como un derecho humano fundamental e indispensable.

La nueva normativa tomaría en cuenta los costos actuales del uso.

Otro problema para las autoridades ambientales es que el país no cuenta con estudios y estadísticas adecuados para conocer la situación real, así como a disposición geográ ca del recurso para una planificación de su uso, protección y sostenibilidad futura.

Hace más de una década se han intentado cambios de legislación mediante 12 proyectos que sustituyan la actual normativa, pero ninguno ha contado con éxito.

Esta es la primera vez que la iniciativa surge del clamor popular, y es presentada por la ciudadanía ante el Congreso.

Angie Calvo
[email protected]

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