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Lectores de LA REPUBLICA están a favor de la iniciativa, así como una pequeña mayoría de la Asamblea
Derechos civiles gais con posiciones encontradas
La familia y el matrimonio entre un hombre y una mujer deben ser protegidos, es la posición de la Iglesia

La decisión que tendrían que tomar los costarricenses de aprobar o no la unión civil de personas del mismo sexo, no solo ha generado polémica, sino también opiniones disímiles y debates encendidos.
Un ejemplo de la polarización podría tener como termómetro la Asamblea, ya que 23 legisladores están a favor de legalizar la unión civil entre homosexuales, mientras que 21 dijeron que “no”, de acuerdo con un sondeo realizado por LA REPUBLICA la semana pasada. Los restantes 13, aún no han definido una posición al respecto.
“En lo personal, considero que todas las personas son libres de definir su orientación sexual como mejor les parezca y que no se debe hacer ningún tipo de distinción, bajo esa premisa, deben tener los mismos derechos de los que gozamos los heterosexuales”, dijo Danilo Cubero, jefe de fracción del Movimiento Libertario.
Por el contrario, en el Congreso quienes están en contra de permitir este tipo de enlaces, consideran que no es necesario hacer una reforma a la ley, para garantizar los derechos que los homosexuales reclaman.
“Creo que la legislación nacional ya garantiza los derechos que ellos están reclamando en diversos instrumentos legales, como es el caso de los bienes patrimoniales y otras cosas”, indicó Luis Fernando Mendoza, subjefe de fracción del Partido Liberación Nacional.
Mientras tanto, a la pregunta “¿Está usted a favor de extender los derechos de la unión civil a una pareja de personas del mismo sexo?”, formulada en el sondeo de la semana pasada en LA REPUBLICA.net, a las 5 p.m. del viernes anterior, 191 personas contestaron de forma afirmativa, mientras que 106 votaron en contra.
Uno de los puntos más importantes del debate ha versado sobre la conveniencia de realizar un referéndum para definir sobre las uniones civiles.
En ese sentido, la Iglesia católica defiende el procedimiento, al considerar que se fomenta la democracia.
“Toda persona es digna de respeto sin importar su orientación sexual; pero sí consideramos el acto sexual homosexual, como contrario al plan de Dios para el ser humano. La familia y el matrimonio entre un hombre y una mujer, deben ser protegidos”, expresó Mauricio Granados, canciller de la Curia Metropolitana.
A pesar de que este tema se empezó a discutir hace casi cuatro años, cuando el grupo pro homosexual Movimiento Diversidad presentó una iniciativa a la corriente legislativa, lo cierto del caso es que la temática llamó la atención de los costarricenses, cuando el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) anunció que convocaría a una consulta popular para definir la suerte de esta iniciativa.
Por el momento, el debate acalorado de los primeros días y los preparativos para el referéndum se han suspendido pues la Sala Constitucional decidió estudiar un reclamo presentado por Esteban Quirós, un abogado homosexual, quien asegura que sus derechos humanos serían violentados “si la mayoría toma una decisión que únicamente afecta a una minoría”.
En el otro lado de la balanza, los grupos pro gais cuestionan el referéndum, ya que lo consideran discriminatorio y violatorio de sus derechos.
“Se ofende mi dignidad como persona, al tratar de llevar una decisión de este tipo a consulta popular. Hay que dejar claro que no estamos buscando la adopción de niños, ni la institución del matrimonio como se ha dicho”, concluyó Esteban Quirós, quien interpuso la acción de inconstitucionalidad.

Esteban Arrieta
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