Democracia costarricense, fácil de secuestrar

Hay varias formas de parar proyectos de ley o contrataciones públicas

Democracia costarricense, fácil de secuestrar

Ingobernabilidad es la norma en Costa Rica

Un sistema democrático implica tomar decisiones de acuerdo con la voluntad popular, cuanto más directa sea una democracia, mayor participación ciudadana involucra.

Sin embargo, en Costa Rica funciona una democracia tan directa, que una sola persona tiene la posibilidad de exigir que las cosas se hagan de la forma en que a ella o él le parezca correcta.

En el caso de las contrataciones del Gobierno, un solo ciudadano es capaz de frenar prácticamente cualquier iniciativa.

Mientras tanto, un solo diputado puede entorpecer las labores de la Asamblea Legislativa, sin que el interés público sea respetado.

Esta situación es la consecuencia de un sinnúmero de leyes e instituciones con poca o ninguna coordinación entre sí, donde lo señalado por una no resulta vinculante para la otra y viceversa, hecho que provoca incertidumbre sobre los temas de que se trate.

En lo que a procedimientos legislativos se refiere, salvo si hubiera mayoría calificada, el hecho de que un grupo cuente con la mayoría de los votos en determinado proyecto, no garantiza su aprobación, más bien existen mecanismos para que una minoría y hasta un individuo se imponga, mediante una carrera de obstáculos.

La principal herramienta con que cuenta cualquier diputado obstruccionista son las mociones, pueden ser presentadas en la variedad y cantidad que desee.

Esto ha sucedido en las últimas semanas, con las iniciativas del diputado Walter Céspedes, del Partido Unidad Social Cristiana, quien presentó unas 800 mociones en la comisión que estudiaba la primera y segunda versión del proyecto de la reforma fiscal.

Esto implica un atraso potencialmente infinito al proyecto, al cual él se opone, dado que cada moción tiene el derecho de debatirse.

Lo mismo sucedió durante la administración de Abel Pacheco, igual en lo referente a un paquete fiscal, cuando el entonces diputado Federico Malavassi presentó una serie de mociones que acabaron con el proyecto.

La única forma de evitar la posibilidad de que un diputado frene las iniciativas de la mayoría, es contar con mayoría calificada, de dos tercios de los presentes, o lo mismo que 38 votos en caso de que los 57 diputados se encuentren en el Plenario.

Con esta cantidad de votos, quienes proponen un proyecto pueden aplicar mecanismos extraordinarios de discusión legislativa, los cuales reducen los tiempos de debate de las mociones.

Es posible que la alianza recién creada entre el oficialismo y el Partido Acción Ciudadana logre aprobar una versión del paquete tributario.

Sin embargo, han sido bastante raros los casos en las cuales hubo una mayoría calificada en la Asamblea, que ha podido por eso hacer avanzar sus proyectos.

En lo que se refiere al caso de un solo partido que contó con 38 o más diputados se remonta a 1953, en la segunda administración de José Figueres Ferrer.

En los casos de las contrataciones públicas, también sucede que la posición de un solo ciudadano podría ser suficiente para obstaculizar determinado proyecto.

Esto normalmente sucede por una de dos razones, primero que alguien considere que un proyecto sea dañino en términos básicos por ejemplo, ambientales y segundo, porque alguien se considere perjudicado por no haber sido contratado.

En cualquiera de los casos, el opositor puede acudir al Tribunal Contencioso Administrativo, alegando sus motivos por objetar el proceso de contratación.

En este caso, es posible que la Corte pueda decidir que la contratación proceda.

Por otro lado, es perfectamente posible que el Tribunal encuentre que el proceso gubernamental sea improcedente, obligando así al Estado a iniciarlo de nuevo.

Este es el caso del proyecto de la propuesta terminal de contenedores de Moín, en relación con la cual un grupo de exportadores, así como un sindicato, interpusieron dos procesos ante ese Tribunal, que actualmente están por ser resueltos.

En el caso de la mina de oro de Crucitas, que había sido aprobado por los niveles administrativos, un grupo de ambientalistas sin embargo logró que ese Tribunal declarara que los procedimientos eran inválidos, por lo que el proyecto quedó nulo.

A nivel administrativo, más que todo a través de las instituciones contratantes y la Contraloría General de la República, existen vías que podrían demorar el proceso de contratación; sin embargo, es un procedimiento normalmente menos efectivo para quienes desean obstaculizarlo por completo.

Con este sistema de extrema democracia se causa que muchos de los temas importantes para el país caigan en un estado de ingobernabilidad e inseguridad jurídica, donde ninguno de los involucrados sabe a ciencia cierta a qué atenerse o qué nueva sorpresa esperar.

Bernal Rodríguez

brodriguez@larepublica.net