Del dolor a la lucha

El caso de Manuela

El día de ayer, se anunció que llegaba a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) el caso de una mujer encarcelada injusta y arbitrariamente después de haber sufrido una emergencia obstétrica. Manuela, una mujer de escasos recursos, que no sabía leer ni escribir y que vivía en un área rural de El Salvador, en medio de toda la vulnerabilidad y desprotección en que la sumían esas condiciones, fue indebidamente condenada a treinta años de prisión después de un juicio penal cargado de irregularidades y estereotipos de género porque, supuestamente, había cometido homicidio agravado. Ese homicidio agravado en realidad fue una emergencia obstétrica.

El caso de Manuela avanza, pero desgraciadamente será muy tarde. Su caso es trágico y aunque se haga justicia y se condene al Estado de El Salvador, esta no será tal. Ella murió en el 2010, 2 años después de que su caso fuera presentado ante la CorteIDH. Su muerte tampoco fue una casualidad. Ella falleció por NO recibir tratamiento por un linfoma de Hodgkins que la aquejaba.

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La prohibición total del aborto en El Salvador

En medio de esta tragedia, su familia busca que esto nunca más vuelva a ocurrir, ya que, desgraciadamente, Manuela no es un mero error del sistema, es la regla que condena a las mujeres, y en particular a las mujeres más pobres en El Salvador. La razón: la prohibición total del aborto. Es decir, que ni siquiera para salvar su vida se le reconoce a una mujer la posibilidad de terminar el embarazo aunque eso implique que muera o que su salud se vea afectada. Las mujeres son presumidas culpables, es decir, que en lugar de partir de que se es inocente hasta probar lo contrario, el prejuicio sobre la base de estereotipos de género es lo que impera tanto en el sistema de salud como en el de justicia. Así es como se ha institucionalizado la discriminación en contra de las mujeres.

Este país se ha constituido como uno de los más restrictivos del mundo al sentenciar a las mujeres a la muerte aún cuando se pudiera evitar, además de haber creado penas criminales desproporcionales tanto para las mujeres como para el personal de salud que les ayude aún en caso de que su vida y salud estén en riesgo. En otras palabras, si el personal de salud les ayuda a salvarse y respeta el juramento hipocrático y el secreto profesional al que se debe, también podría recibir un castigo penal. El resultado ha sido que mujeres que han sufrido emergencias obstétricas, como abortos espontáneos e incluso partos extrahospitalarios, sean condenadas por homicidio.

Posibles implicaciones para Costa Rica y el resto de países de la región

La esperanza de quienes la representan legalmente es que la posible condena, tal y como ocurrió con Costa Rica en el caso de la fertilización In vitro, permita establecer estándares que todos los estados miembros del Sistema Interamericano de Derechos Humanos deberán acoger y cumplir, para así garantizar el derecho a la vida, la integridad y la salud de las mujeres.

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Este caso tendrá implicaciones para nuestro país también, pero vale recordar que en Costa Rica, la Sala Constitucional dejó claro que no hay equivalencia entre aborto y homicidio, particularmente por el hecho de que la diferencia radica en nacer vivo o viva, de la misma forma que el nacimiento con vida es requisito esencial para la existencia jurídica y efectos patrimoniales en el caso de una posible herencia, por ejemplo.

¿Será El Salvador un espejo?

Quienes se han opuesto férreamente en Costa Rica al cumplimiento de la ley -Código Penal vigente desde hace 50 años-, son quienes también han buscado cambiar esa normativa, para que también en nuestro país se criminalice a las mujeres que buscan salvar su salud y su vida. Es también la misma gente que habla de salvar vidas en abstracto, pero que las nuestras les parecen poca cosa y así nos niegan el derecho de tomar decisiones sobre nuestro cuerpo cuando un embarazo ponga en riesgo nuestra salud física y emocional. Tampoco es coincidencia que sean usualmente las mismas personas que plantean que no deberíamos tener acceso a la anticoncepción de emergencia -anticonceptivo moderno al que recién tuvimos acceso en Costa Rica en el 2019-, que se brinde información científica, laica y actualizada sobre sexualidad y reproducción en las escuelas y colegios y que buscado réditos políticos, dando declaraciones, muchas veces, incluso erráticas sobre el aborto impune en nuestro país y matrimonio igualitario porque lo menos que les importa es la justicia, la igualdad o incluso la salud o la vida de las poblaciones históricamente vulneradas.

No hay vuelta atrás, Manuela ya no está. El tiempo corre y su familia, convirtiendo el dolor de su ausencia y de la injusticia en fuerza, lucha con la esperanza de que esto no se repita.