Del Cannabis y sus “demonios”

Manuel Morales

Diputado

Progreso Social

La legalización de la marihuana es un tema que ha generado un intenso debate en muchos países, y Costa Rica no es la excepción. Desde mi primer día como diputado me he comprometido de lleno y abiertamente al impulso de la legalización del uso no medicinal del cannabis generando debates y discusiones en diferentes espacios y foros. La realidad es que este cultivo es sinónimo de beneficios económicos, sociales y de salud pública.

En ningún momento, he sugerido que no nos encontramos ante una serie de desafíos y consideraciones a tener en cuenta para alcanzar un control efectivo. Entre ellos se encuentran la regulación de la calidad y seguridad de los productos, el establecimiento de límites de edad y restricciones para su venta y consumo, así como la implementación de campañas de concienciación y prevención sobre los posibles daños y riesgos asociados al consumo. Sin embargo, es necesario abordar los desafíos y consideraciones de manera adecuada para lograr un control político efectivo. La evidencia y las experiencias de otros países que han adoptado medidas similares pueden servir como guía para desarrollar un marco regulatorio sólido y asegurar que la legalización de la marihuana sea beneficiosa para la sociedad costarricense en su conjunto.

Dentro los aspectos positivos, a nivel económico, se puede destacar que al regular y gravar su producción y venta, se podría generar una nueva fuente de ingresos para el Estado. Además, la creación de un mercado legal de cannabis podría estimular el emprendimiento y la generación de empleo en la industria relacionada, empleos que se concentren en manos de personas justas y que busquen desarrollar proyectos económicos al margen de la ley.

En lo que corresponde a beneficios sociales, es importante destacar que, al regular el mercado, se puede reducir el poder y la influencia de los grupos criminales relacionados con el narcotráfico. Esto puede contribuir a disminuir los índices de violencia y mejorar la seguridad ciudadana. Las personas consumidoras de cannabis son también estudiantes, profesionales como abogados, educadores, economistas e incluso profesionales en el área de la salud que corren un riesgo inminente al realizar prácticas de consumo en la

clandestinidad que, hasta hoy en día, el Estado costarricense ha mantenido a esta población.

En otro aspecto, pero no menos importante, la legalización podría ofrecer oportunidades para implementar políticas de prevención y educación más efectivas sobre el consumo responsable del cannabis. Esto permitiría informar a la población sobre la prevención y detección de riesgos asociados y promover prácticas de uso seguro y responsable, en lugar de recurrir a la criminalización y estigmatización de sus efectos y la población consumidora.

Dentro del texto sustitutivo que hemos trabajado en la comisión de ambiente, las diputaciones, hemos contemplado aspectos como la protección de los derechos de los pequeños productores, capacitación y trazabilidad en cuanto a la calidad del cultivo, semilla y productos finales, así como temas de educación, prevención y atención al consumo. Creo fielmente que el trabajo que se ha realizado por meses, se encuentra en el camino correcto. Un camino de protección al consumidor, la salud pública y la seguridad nacional.

En conclusión, considero que nos encontramos a las puertas de atender una necesidad real y latente de una población bastante significativa a nivel nacional. Desde la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo, tenemos que entender este momento como una oportunidad para avanzar hacia un enfoque más seguro y responsable en relación al cannabis de la cual nos podemos beneficiar como individuos y como sociedad en conjunto.