Del AyA hasta el tren: los vicios prevalecen en el uso de fondos públicos

El uso adecuado de los recursos públicos tiene que ver con la aplicación de claras políticas de administración, y en el partido Nueva República opinamos que requiere además una buena dosis de sentido común, de responsabilidad y de compromiso para servirle a Costa Rica.

Cuatro ejemplos bastan para demostrar que el gobierno no ha hecho la tarea en esta gestión que, en medio de la pandemia, adquiere una mayor importancia. En el primer ejemplo tenemos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), que perdió un arbitraje contra la empresa española Acciona Agua S.A. y en consecuencia deberá pagar más de ¢3.800 millones.

El tribunal que dictó sentencia en este caso mencionó al menos tres enormes yerros de esa entidad. Calificó de temeraria la forma en que se defendió porque intentó crear confusión y no presentó pruebas de sus acusaciones; dijo además que el AyA tenía opciones para evitar una demanda, como abrir una mesa de conciliación, y que pudo haber disminuido el monto de la deuda.

El problema no nació cuando vino la demanda, sino antes. De acuerdo con el tribunal, la empresa alertó de una serie de inconvenientes en los trabajos que estaba desarrollando, pero nunca recibió una respuesta adecuada de parte de la entidad. En otras palabras, la gestión y administración del proyecto quedaron debiendo.

En el segundo caso, la Contraloría General de la República (CGR) le llamó la atención a la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) por no tener listo un plan general para la atención de la alerta ocasionada por el Covid-19. ¿Por qué es tan importante este tema? El ente contralor resume con acierto que “la información es el producto más valioso durante emergencias o desastres para tomar decisiones … Tiene un poderoso impacto sobre cómo se movilizan los recursos nacionales e internacionales, y es esencial para el análisis posterior a la acción, la evaluación y las lecciones aprendidas”.

Cinco meses después de que se confirmara la presencia del coronavirus en Costa Rica, la CGR reconoce que la elaboración de este tipo de planes es una tarea compleja, pero advierte que su ausencia podría provocar que las acciones para atender la crisis no tengan los resultados esperados. No estamos hablando de una inversión de pesetas: en promedio, la CNE gastó ¢9.000 millones mensuales, entre abril y junio.

Un tercer caso es la compra de 700.000 mascarillas que no eran de uso médico y que obligó a la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) a correr para retirarlas de los hospitales. La institución dijo que se trató de un error material, pero en momentos en que cada colón es valioso, toda equivocación sale cara. Además, del riesgo que corrió el personal de salud al utilizar equipo inadecuado.

El cuarto tiene que ver con el tren eléctrico, un proyecto que se quiere promover a la fuerza a pesar de que requiere de un préstamo por más de $500 millones y un subsidio millonario que nadie explica de dónde saldrá. Contra toda lógica administrativa, esta obra de enorme envergadura no tiene datos confiables sobre demanda y usa estudios con serios cuestionamientos.

Desde el inicio de la pandemia, Nueva República ha insistido en la necesidad de usar en forma adecuada el dinero de todos los costarricenses y ha presentado propuestas concretas para hacer realidad esa petición. Porque ya no hay duda: al gobierno no solo le hacen falta claras políticas de administración, sino también compromiso y amor al país, a su gente.

Hoy, el ahorro y el criterio para emplear los recursos deben convertirse en una prioridad.

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República.