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COLUMNISTAS


¡Dejemos de pelear!

Emilio Bruce ebjreproduccion@gmail.com | Viernes 15 julio, 2022


Sinceramente

El artículo 11 de la Constitución Política de la República de Costa Rica y el artículo 11 de la Ley General de Administración Pública establecen en nuestro país la sujeción total del funcionario público a la legalidad, así como al debido proceso. Los funcionarios públicos no pueden hacer más que aquello que la ley les permite hacer y no pueden dejar de hacerlo. El principio de legalidad para el funcionario público deja claro que los funcionarios y gobernantes no pueden hacer diferente de lo que la ley les permite hacer ni saltarse la ruta de la ley. Esto es crucial para entender y para dirimir los conflictos que se han presentado en los últimos días. Los funcionarios están sujetos a lo que la ley les permite hacer y al debido proceso por lo que la conducta fuera de estos dos parámetros carece de legalidad y les puede ser reclamada ante los tribunales.

La función primordial de las autoridades es encausar las acciones de la ciudadanía para buscar el mayor beneficio común. Gobernar no es imponer ni amenazar. Gobernar no es pelear tampoco tomar represalias. Gobernar no es sino motivar, educar, señalar el mundo mejor al que deberíamos ir de una vez por todas. Los gobernantes son los llamados a encontrar caminos y a motivarnos a seguirlos. Los gobernantes son los garantes sociales del principio de legalidad, de la ley y de su cumplimiento igualitario, sin privilegios ni excepciones.

Si hay un elemento central de toda acción de gobierno es motivar la confianza de todo el país. Sobre la confianza y las reglas legales estables se erige el progreso de la comunidad, el empleo, el crecimiento y el bienestar. Perder la confianza pública es perder la posibilidad de bien gobernar y de alcanzar el éxito en la administración. Perder la clara y efectiva legalidad aplicable para todos, también. Confianza, principio de legalidad y aplicación de la ley para todos por igual son el corazón de nuestro país.

La aplicación de las leyes debe de ser pareja. La aplicación de la ley no depende del nivel de popularidad, de importancia comunitaria ni de riqueza del sujeto de derecho. “Como es mi amigo hagámonos de la vista gorda” es inaceptable, como también lo es “como es nuestro adversario político soquémoslo”. No hay excepciones a la aplicación de la legislación vigente. Es una aplicación pareja, a todos por igual siempre. No es cuestión de hacerse de la vista gorda con unos y aplastar a otros. Estos tratamientos, de ser permisivos con unos y ser estrictos con otros tienen harta a la población costarricense. La aplicación de la ley que es una obligación constitucional jamás debe de ser presentada ni remotamente como una sacada de clavo, una represalia o una amenaza política.

Si existe una obligación legal que cumplir no hay más salida que cumplirla y hacerla cumplir. La autoridad no debe aparentar la aplicación de la ley como un acto de venganza ni de persecución, sino como lo que es el ejercicio de la autoridad dentro del régimen de la legalidad. Cumplir y hacer cumplir las leyes es obligación para todas las partes involucradas. Hacer ver la aplicación de la ley como un acto de amenaza o de amedrentamiento debilita la ley, la confianza y su cumplimiento. Proyectar esta imagen debilita la seguridad jurídica y la confianza de los agentes económicos vitales en nuestro país.

No estamos para pleitos y disputas. Si los sujetos de derecho no se transforman en cumplidores de la ley y el orden la ley debe de aplicarse. Si hay discrepancias sobre la aplicación de la ley allí están y se encuentran los tribunales de justicia. Con firmeza y con sutileza deben proceder las autoridades públicas. La seguridad jurídica no se pone en riesgo jamás. Con nadie se negocia el estado de la legalidad solo se cumple.

La unidad del país y la exaltación de la confianza pública son fundamentales. No se debe presentar como algo malo una acción legal correcta. Las autoridades no deben aparecer tomando venganza, ni amenazando, ni extorsionando con la aplicación de la ley a la que por el principio de legalidad están obligadas plenamente a aplicarla. Las autoridades aplican la ley esa es su función. No hay confianza pública sin una fuerte legalidad.

Un país donde las autoridades se sacan clavos con los administrados es un país en el que nadie quiere vivir, nadie quiere invertir, ni desea atraer inversión extranjera. Un país en el que la ley se aplica solo a algunos y a otros privilegiados no, carece de la robusta seguridad jurídica que se requiere para el desarrollo.

¡Ya dejémonos de pleitos insensatos! A reemprender la senda de la estricta aplicación de la ley y del respeto para todos. Las autoridades deben conocer y guardar sus posiciones y sus obligaciones en sociedad. Las empresas y la prensa también deben de hacerlo. La libertad, la legalidad, las mutuas responsabilidades deben de ser conocidas y deben de ser plenamente cumplidas y preservadas. ¡A comprender nuestro marco legal y con humildad enfrentar los ajustes aquí y allá de nuestras acciones!

Emilio R Bruce profesor




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