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Lluvia de críticas a Gobierno por deficiente labor
Defensa del plan fiscal inquieta al PAC

Falta de compromiso del Estado debilitaría apoyo de rojiamarillos

A pocas semanas de que el futuro del paquete tributario se defina en el Congreso, el Partido Acción Ciudadana (PAC) se siente solo en la difícil tarea de empujar cuesta arriba y en medio del fango legislativo, una pesada carreta cargada de impuestos.
Las declaraciones contradictorias de ministros y diputados oficialistas en torno al plan fiscal, la defensa timorata del proyecto en las redes sociales y la delegación de culpas en terceros por los gravámenes a las zonas francas, son las razones que tienen los rojiamarillos para alzar la voz.
El Poder Ejecutivo debe involucrarse de una forma más activa en la defensa del proyecto, consideran los diputados, los integrantes del comité ejecutivo e incluso algunos de los precandidatos de la divisa rojiamarilla.
De lo contrario, no es de extrañar que conforme caliente la discusión sobre este tema, cada vez más legisladores del PAC empiecen a manifestar dudas en torno al proyecto.
Hasta el momento, Claudio Monge, Carmen Muñoz y más recientemente Juan Carlos Mendoza, indicaron que su voto favorable está condicionado.
En el caso de Mendoza, quien funge como presidente del Parlamento, el condicionamiento está relacionado con un recorte presupuestario.
A mediados de setiembre anterior, el Gobierno y el PAC acordaron impulsar la reforma fiscal, la cual pretende recaudar alrededor de ¢400 mil millones anuales y de esta forma, luchar contra el déficit fiscal.
Como parte de la negociación, un gravamen del 15% sobre las utilidades de las empresas bajo el régimen de zonas francas, fue negociado entre las partes, así como otro impuesto que podrían cobrar las municipalidades hasta por ¢500 millones por los bienes inmuebles de dichas compañías.
La incorporación de esos dos gravámenes le ha generado al Gobierno una serie de dolores de cabeza.
Entre ellos, la oposición abierta de Anabel González, ministra de Comercio Exterior; las críticas de algunos de los legisladores oficialistas y la presión de los grupos empresariales, quienes temen el alejamiento de la inversión extranjera y la pérdida de miles de empleos.
Pese a las inquietudes que han planteado los oficialistas, tanto Laura Chinchilla, presidenta de la República, como Carlos Ricardo Benavides, ministro de la Presidencia, han manifestado una y otra vez que la bancada oficialista llegará unida a la votación en torno al plan fiscal.
“Yo creo que el gobierno no tiene la fortaleza ni el convencimiento necesario para defender el plan fiscal. La dificultad estriba en que el PLN es un partido que no está convencido, la fracción está dividida y algunos integrantes del gabinete, como la Ministra de Comercio Exterior lo adversan”, indica Elizabeth Fonseca, presidenta del PAC.
Hasta el momento, el costo político del plan fiscal ha recaído sobre el PAC, quien es señalado por el Poder Ejecutivo cada vez que alguien manifiesta la inconveniencia de gravar a las zonas francas.
Pero no solo eso molesta a los del PAC, ya que el Gobierno está haciendo una campaña de promoción y aceptación de la reforma fiscal “endeble”, frente a una labor de oposición articulada por el sector privado.
En ese sentido, la campaña a través de las redes sociales denominada “Costa Risa”, deja a la clase política que reclama más impuestos como “incompetente” para enfrentar los problemas de país, explica Luis Guillermo Solís, precandidato del PAC.
“El Gobierno tiene como tarea neutralizar la campaña que hace el sector privado, ya que hasta el momento, ha sido ineficaz en ese aspecto. Es evidente que el costo político lo asume el PAC, y el Gobierno no está haciendo mucho”, concluyó Solís.
Sobre este tema, se trató de conversar con el ministro de la Presidencia Benavides y con Fernando Herrero, ministro de Hacienda, pero al cierre de edición no devolvieron los mensajes dejados por este medio.

Esteban Arrieta
[email protected]

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