Ennio Rodríguez

Ennio Rodríguez

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Martes 28 Febrero, 2017

A las razones de solidaridad se unieron las de seguridad para justificar, nuevamente, otorgar la prioridad a la erradicación de precarios

Debemos erradicar precarios

Recuerdo aquella tarde, había caído un aguacero temprano. Al arribar hasta donde llegaban los vehículos, nos recomiendan no seguir, pues el asentamiento estaba inundado. Días atrás habíamos recibido llamada del Hospital Nacional de Niños. Un chiquito estaba a la espera de un trasplante de riñón, pero no habían procedido con el urgente trasplante, por cuanto, en términos médicos, “las posibilidades de supervivencia del trasplantado en las condiciones de la vivienda eran bajas”. Con Fernando Zumbado nos arrollamos el ruedo de los pantalones y seguimos adelante. La mamá del niño siempre mantenía aseada y ordenada la casita, a pesar de su piso de tierra. Nos recibe, descalza, en grandes congojas por los 5 centímetros de agua que cubrían el piso. Frente a la casa corre un pequeño canal que recoge aguas servidas, es una cloaca a cielo abierto y, cuando llueve fuerte, el agua contaminada se vierte sobre las casas aguas abajo en su margen derecha. A esa familia y a ese niño les cambió la vida. Pero el precario, a poca distancia de Rohrmoser, permanece.

También recuerdo otro precario en Oreamuno de Cartago, cuyos tugurios estaban en condiciones deprimentes. Cada casa con un terreno mínimo, los vecinos pared con pared. El servicio no era sanitario, pues siendo de hueco, estaba dentro de la casa. Dos niñas en el corredor se entretenían matándose piojos. El embate a mis sentidos solo era comparable al de mis emociones. ¿Cómo podemos convivir como sociedad con personas en semejantes condiciones de pobreza? Afortunadamente, ese precario lo pudimos erradicar y sus habitantes pasaron a formar parte del proyecto Vista Hermosa en el mismo cantón.

Por precario se conoce un asentamiento informal. Es decir, se refiere a la condición de tenencia de la tierra, mientras que tugurio es un calificativo de la condición de la vivienda. Pero, en realidad, el término precario, en muchos casos, también podría hacer referencia a la precariedad de las condiciones sanitarias, urbanísticas, de vulnerabilidad ambiental y, en años recientes, se ha sumado la inseguridad. Se han convertido en centros de narcomenudeo y víctimas de los pleitos por el control territorial de las pandillas. Y estas, además del narcotráfico, acosan a los habitantes, especialmente a las mujeres jóvenes, roban, cobran derechos de peaje y de “servicios de seguridad”, y reclutan a los muchachos a sus filas. A las razones de solidaridad se unieron las de seguridad para justificar, nuevamente, otorgar la prioridad a la erradicación de precarios, pero, esta vez, con mayor fuerza.

La segunda administración Arias Sánchez innovó con el Programa de Bono Comunal, el cual se inició y comprometió todos los recursos inicialmente asignados (¢22 mil millones) en menos de un año. Para ello se identificaron los asentamientos (MIVAH), se formularon los reglamentos y procedimientos (BANHVI), el dueño de la tierra hizo su parte (principalmente el IMAS), se prepararon y ejecutaron los concursos y se supervisaron las obras (Fundación Costa Rica-Canadá), y se adjudicaron los contratos y aprobó el financiamiento (BANHVI), todo esto en un ejemplo de coordinación interinstitucional. El programa consistía en atender asentamientos en precario consolidados (más de cinco años) con una combinación de obras: alumbrado público, zonas verdes recreativas, recolección y tratamiento de aguas servidas, hidrantes, construcción de aceras y pavimentación de calles, entre otras. Cabe mencionar que un banco de desarrollo hizo una evaluación de impacto del programa y le otorgó las mejores calificaciones, incluida la oferta de financiar una segunda etapa por un monto muy considerable.

Sin embargo, el Programa de Bonos Comunales hoy se desdibujó completamente. Debemos recuperarlo y fortalecerlo. Pero también aceptar que las soluciones vivienda de interés social en los cantones urbanos, requerirán construir edificios a un mayor costo por solución individual, utilizar terrenos en manos del sector público para este fin, y un proyecto de ley especial con el objeto de permitir la titularización en asentamientos consolidados, aunque no se cumpla la normativa urbanística (dimensiones de lote, frente a calle, acceso, ancho de calle, etc.). Parte de reconocer que no es lo mismo construir una urbanización en verde que intervenir un asentamiento consolidado. Esto con el fin de poder utilizar el mecanismo de los bonos familiares de vivienda, que requieren, para su otorgamiento, la entrega del título de propiedad. Este cambio legal abriría el abanico de otros instrumentos que tiene el Sistema Financiero Nacional de Vivienda para erradicar precarios.