Enviar
Sábado 9 Junio, 2012

Debacle causada por gestores, no por trabajadores

Nuestro país, reconocido mundialmente como una democracia con un gran componente social, legal y solidario, no escapa a que dentro de sus instituciones haya portillos que permiten irregularidades.
Durante las últimas semanas, el tema de las pensiones ha generado reacciones en algunos sectores de la población, percibido como una prueba fehaciente de inequidad.
Actualmente el país cuenta con cuatro regímenes: Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja Costarricense de Seguro Social, Poder Judicial, Magisterio y Hacienda.
Es importante que la opinión pública conozca a fondo el tema y de ahí el interés en brindar esta información, para que el lector pueda sacar sus propias conclusiones.
En el régimen de la CCSS se aglutinan trabajadores del Estado y del sector privado. Los funcionarios de la institución que se jubilen al día de hoy, reciben 18 anualidades por prestaciones y se les impone un tope en el monto de la pensión. Los trabajadores con salarios que duplican o triplican ese monto, recibirán al final una pensión que en ocasiones representará un 20% o un 40% de su salario mensual. Por lo tanto las anualidades por prestaciones compensarán esa reducción sustancial en su ingreso.
En el caso de los funcionarios del Poder Judicial y utilizo este régimen como contraparte al de la CCSS, se jubilan con ocho anualidades de prestaciones y con el último salario, es decir, si un magistrado recibe ¢6.000.000 millones mensuales su pensión será por ese monto, pero además, recibirá los aumentos salariales que perciba el magistrado que ocupará su plaza. Esto significa que aun estando pensionado, sigue recibiendo su salario sin menoscabo alguno hasta que fallezca.
Si comparamos ambas pensiones, el empleado de la CCSS de alto rango con tope en su pensión recibiría anualmente aproximadamente ¢18 millones, mientras que el empleado del Poder Judicial sin tope en su pensión recibiría ¢72 millones, es decir ¢54 millones más, si hacemos el cálculo a cinco años esa diferencia representará ¢270 millones, esta cifra puede ser interpretada como prestaciones en diferido.
No cabe duda de que ambos regímenes son disímiles, sin equidad y no nos olvidemos de historias recientes de diputados hermanos, uno de ellos renuncia a la curul, para que el otro la ocupe por tan solo un mes y de esa forma ambos obtengan una pensión con el último salario.
Considero que ya es tiempo de que los políticos sigan los buenos ejemplos como el dado por el Gobierno francés, que ha decretado una reducción salarial para ellos de un 30% como medida de contención del gasto ante una economía frágil. Es hora de que los diputados planteen las reformas necesarias y nos metan a todos los trabajadores dentro de un solo régimen solidario, sostenible, equitativo y sin cargo al Estado.
Estoy seguro que muchos lectores comparten conmigo la percepción de inequidad en los regímenes de pensiones de nuestro país, pero la solución no está en señalar a los funcionarios de la CCSS como los depredadores del sistema. Todos sabemos que los causantes de la debacle e insostenibilidad han sido los gestores y administradores de los fondos y no los trabajadores.

Gerardo Quirós Meza
Médico, profesor catedrático UCR
[email protected]