Claudia Barrionuevo

Claudia Barrionuevo

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Lunes 24 Agosto, 2015

En nuestro país también la distribución de la riqueza es injusta. Sí, menos que en otros lugares, pero injusta igual

¿De quiénes son las fincas?

La desigualdad en el reparto de los recursos económicos del mundo es un tema recurrente entre elegantes funcionarios de organismos internacionales.
Los estudios sobre la acumulación y la pobreza y sus conclusiones en cifras y porcentajes son publicados por diversas ONG. Los medios de comunicación publican estos informes provocando la indignación de muchos. Por unos días. Después la noticia es desplazada por la que sigue.
En nuestro país también la distribución de la riqueza es injusta. Sí, menos que en otros lugares, pero injusta igual. No tiene sentido que automóviles de lujo que cuestan más que una casa de clase media, circulen en un país donde casi un cuarto de la población está en situación de pobreza.
Yo sé que no es ilegal, pero no es lógico, no tiene sentido, es absurdo. Y como ciertos reclamos, demandas o exigencias están “pasados de moda”, uno no sabe cómo decir que la tierra debe ser para el que la trabaja o hablar de reforma agraria: suenan a consignas setenteras y trasnochadas.
Ni modo. El conflicto entre un grupo de cien familias de Palmar Norte, los dueños y el arrendatario de varias fincas y el gobierno, me obliga a opinar.
La Cooperativa de Autogestión de Productores Agropecuarios y Servicios Múltiples del Sur (cuyas siglas son Coopropalca de Sur, no entiendo por qué) es la dueña de la finca 3 desde 1984. De 1991 al 2011 se la alquiló a la Bananera Chánguina, del empresario Óscar Echeverría Heigold.
¿Por qué una cooperativa de productores agrícolas en lugar de producir en la finca que les pertenece se la alquila a otro? Por otra parte, aunque aumentando la tensión, aparentemente Coopropalca del Sur tiene una deuda con la CCSS de más de 27 millones y, según Roberto Mora Salazar, conocido como “el cobrador de la Caja”, Echeverría Heigold al parecer también debe a esa institución ¢359 mil millones.
Luego del cierre del Banco Anglo, algún informe señaló al citado empresario bananero de la zona sur como uno de los supuestos deudores de préstamos por más de ¢886 millones.
Rafael Ángel Medina Mora y José Manuel Mendoza, representantes de Coopropalca, y el director de Motores Británicos movieron los hilos legales para desalojar a los campesinos que tenían más de diez años de vivir y trabajar la tierra en la finca Chánguina.
¿Cómo el gobierno no previó que, por más que tuviera la ley (que no la justicia) de su parte, destrozar las casas de un centenar de familias pobres y echarlos a la calle iba a provocar una enorme reacción en su contra?
No solo de los desalojados que, al quedarse sin tierras ni casas, no les quedó otra que cerrar la carretera Interamericana a ver si alguien los volvía a ver. No, también de los que, desde otros espacios, seguimos esperando un cambio en la forma de manejar las situaciones sociales.

Claudia Barrionuevo
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