De Ginsburg a Barrett: el perfilado de una nueva Corte Suprema en EE. UU.

Mauricio París mparis@ecija.com | Jueves 15 octubre, 2020

El sistema de elección de los magistrados de la Corte Suprema en Estados Unidos es sin duda muy interesante. El Presidente nomina a un candidato que debe ser confirmado por mayoría simple del Senado, órgano en el que los Republicanos hoy mantienen una mayoría.

A la designación le suceden una serie de audiencias de confirmación ante el Judiciary Committee del Senado, que, en cuanto a su profundidad, preparación e incluso controversia, en nada se asemejan a las peripatéticas audiencias de reelección de los magistrados en Costa Rica. En estas audiencias, los senadores realizan incisivos interrogatorios a los candidatos, sobre todo enfocados en sus precedentes judiciales, cuando, como en el caso de Barrett, han sido jueces.

Con la muerte de la magistrada Bader Ginsburg en septiembre anterior, el presidente Trump se apresuró a nominar en plena campaña política a una jueza que podríamos calificar como antítesis de Ginsburg, al menos en cuanto al progresismo social, pero sobre todo al feminismo por el que la magistrada será siempre recordada. La designación de la jueza Amy Coney Barrett es un eslabón más de la lucha de Trump por cambiar dramáticamente la composición de la Corte Suprema de Justicia y conducirla hacia el conservadurismo. Este podría ser su último intento, si no logra ganar las elecciones para un segundo mandato el próximo mes de Noviembre. Ya durante su mandato logró la nominación de los magistrados Gorsuch y Kavanaugh, ambos conservadores y religiosos, y del 25% de los jueces federales activos.

Barrett es una jueza y profesora de la Universidad de Notre Dame que, gracias a la nominación del propio Trump, fue confirmada por el Senado ante la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito en 2017. Dentro de su experiencia, se encuentra haber trabajado como law clerk (nuestro equivalente a letrado) del magistrado Scalia, fallecido en 2016. Scalia fue uno de los bastiones del conservadurismo en la Corte Suprema, que enfrentó duramente las tesis progresistas sobre el aborto o el matrimonio igualitario, que terminaron imponiéndose gracias a una integración progresista de la Corte.

Barrett es también una ferviente practicante católica, madre de 7 hijos, dos de ellos adoptados en Haití, y otro con Síndrome de Down. En su primera intervención ante el Senado el lunes anterior, Barrett compareció con su familia, presentándolos uno a uno e indicando que son su principal fuente de orgullo. De familia católica, estudió en un colegio de educación diferenciada (sólo mujeres), y pertenece a grupos carismáticos católicos opuestos al control de la natalidad y que promueven que la vida comienza al momento de la concepción. Por estos motivos, Barrett se ha ganado el apoyo de los grupos pro-vida.

Las creencias de los jueces pueden resultar trascendentales para la aplicación de la Constitución. De hecho, en su nominación anterior para jueza de apelaciones, resultó célebre el interrogatorio que le realizó una senadora demócrata, en donde cuestionó a Barrett por su imposibilidad de separar sus creencias religiosas de su trabajo como jueza, afirmando que la religión y el dogma son dos cosas diferentes. Este interrogatorio generó muchas críticas a la senadora demócrata por cuestionar a Barrett por sus creencias religiosas, y le generó a la jueza simpatías entre los conservadores que se sintieron identificados con ella.

Precisamente, sobre estos temas es que los Republicanos podrían esperar una reversión de las posiciones mayoritarias de la Corte Suprema en los próximos años, en especial, en el tema del aborto, en donde el voto de Barrett podría ser fundamental para una revisión de la decisión en el caso Roe vs. Wade, mediante el que, desde 1973, se despenalizó el aborto en los Estados Unidos.

Pero cambiar el criterio de la Corte Suprema de los Estados Unidos no es un asunto sencillo. Precisamente por la incidencia que tienen los precedentes judiciales en el Common Law, el principio stare decisis, es decir el respetar los precedentes sin cambiar lo que ha sido resuelto, resulta la norma. Sin embargo, algunos magistrados consideran que es su deber revisar los fallos que han sido resueltos de forma equivocada. Barrett escribió en 2013: "El deber de un magistrado es hacia la Constitución y por lo tanto es más legítimo que aplique su mejor entendimiento de la Constitución en lugar de un precedente que cree claramente en conflicto con ella". Sin embargo, otros jueces igualmente conservadores, como el mismo Scalia, fueron renuentes en la práctica de entrar a revisar los precedentes en temas polémicos.

Como vemos, no se trata de una designación de mero trámite, sino de un movimiento político de primer nivel, mediante el cual los Republicanos, pero sobre todo los conservadores, pretenden mantener control de la Corte Suprema aun y cuando Trump no logre la reelección. Este control judicial puede ser crucial incluso para definir las elecciones, si es que su resultado se judicializa, como sucedió en el año 2000 con el caso Bush vs. Gore. Los Demócratas, por su parte, observan con preocupación como décadas de jurisprudencia y avance en la agenda progresista pueden verse comprometidas con este giro ideológico de la Corte.

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