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Lunes 4 Agosto, 2014

¿Por qué, si se supone que ustedes son la pura ley, no actúan conforme a ella?


Cuentos de terror de un magistrado

Normalmente, entenderíamos que la persecución política es un fenómeno ajeno a la realidad costarricense. Después de todo, somos una sociedad democrática, respetuosa de los derechos humanos, protectora del ambiente, entre otros aspectos, y cómo dudarlo, ¡si somos el país más feliz del mundo!
De este modo, aun formando parte de una sociedad de derecho, existen quienes defienden que se ha actuado siempre dentro del marco de legalidad y que la destitución de un funcionario de los supremos poderes, puede darse aunque no exista un procedimiento claramente definido. ¿Cuál va a ser el resultado? Una posible demanda muy cara para el Estado.
Basta utilizar el sentido común para percatarse de que lo sucedido con el magistrado Óscar González, ha sido el resultado de una clase política que quiere demostrar su supremacía, cobijado bajo el falso pretexto de que ningún delito debe quedar impune, sin importar los medios a los cuales deba acudirse.


Si bien es cierto, el magistrado ha echado mano de todos los instrumentos jurídicos a su alcance para evitar su destitución, motivo que le ha ganado aún más críticas, la verdad es que cualquiera de nosotros hubiera hecho exactamente lo mismo.
Así que antes de emitir cualquier crítica, o asignar calificativos de “violador” al señor magistrado, hago una simple lectura de los hechos: jueza del Poder Judicial, es decir, persona con una formación en derecho, ampliamente anuente y consciente de los instrumentos que brinda el Estado para denunciar cualquier tipo de violación a sus derechos humanos, alega haber sido violada en reiteradas ocasiones, y en diferentes años, de forma consecutiva, por su superior jerárquico, del cual era además su “compañera sentimental”.
Cabe preguntarse, ¿por qué decide la señora Quirós, persona con tal alta formación profesional, denunciar tales delitos hasta ahora?
Situaciones como la descrita por la acusada son típicas en circunstancias donde la víctima se encuentra en una posición de vulnerabilidad y de convivencia con el acusado. Cosa que no ha quedado demostrada en el presente caso, lo cual no hace más que dejarme un sinsabor sobre lo ocurrido.
Más allá de ello, cabe valorar de manera objetiva el procedimiento que a todas luces resulta inconstitucional, al que ha sido sometido el magistrado González. Nuestra Constitución Política se refiere en el artículo 121 a una suspensión del cargo de un miembro de los supremos poderes para poder ser juzgado mediante un procedimiento especial. Aclaro, no se habla de destitución. Aunado a lo anterior, considero aún más grave que se alegue como apegado al debido procedimiento legislativo, la realización de un Informe de una Comisión integrada por tres diputados, que en menos de una semana, fueron capaces de abarcar varios cientos de folios, a fin de concluir que la destitución del funcionario era lo procedente. ¡Abramos los ojos! En un caso donde se afecta la integridad de un ser humano, el análisis que se debe realizar no puede ser tomado a la ligera.
Por supuesto que hay que proteger los derechos de la víctima, pero ¿qué de los derechos del acusado que puede ser víctima de una falsa acusación? ¿No debería el sistema proteger a ambas partes? Actualmente, con la destitución del magistrado González se está aplicando una sanción sin que exista una resolución judicial referida a su culpabilidad.
Por esta razón, no puedo admitir las declaraciones, cuando afirman que lo que se pretende con la destitución es enviar el mensaje de que se quiere “un Poder Judicial intachable”. Admitir dicho presupuesto daría por correcto el despido sin responsabilidad patronal, y sin un debido proceso de cualquier funcionario judicial, sobre la base de meras conjeturas y cuestionamientos. ¿A dónde quedó el principio de inocencia?
No me queda más que cuestionarle a la Asamblea Legislativa, en las palabras de Daniel Arizmendi, lo siguiente: ¿Por qué, si se supone que ustedes son la pura ley, no actúan conforme a ella?


Johanna González Zúñiga

Abogada