Alvaro Madrigal

Alvaro Madrigal

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Jueves 23 Abril, 2015

Cuando el daño está hecho y sus efectos son irreparables, ¿de qué puede servir una declaratoria de emergencia?


De cal y de arena

Cuando la ayuda llega tarde

1) En setiembre de 2014 el Gobierno decretó el estado de emergencia para las regiones de Guanacaste, Puntarenas y Alajuela agobiadas por una acentuada sequía. Fue en enero de 2015 cuando un presupuesto nacional apartó ¢15.500 millones para asistencia a los agricultores y ganaderos afectados.
En el caso del café, la roya —que hizo su aparición en los años 80 del siglo pasado y que sigue presente con comportamientos cíclicos aun al día de hoy— ha tenido efectos graves, con una caída de la producción del 18,5% de un periodo a otro (de 2.245.000 quintales de grano beneficiado en el año 2012-2013 a 1.827.000 quintales en 2013-2014), no toda atribuible a este hongo, mas sí de importante participación. La superficie de café así afectada se aproximó a una tercera parte del total.
Esto es mucho para este cultivo, columna vertebral de la ecuación económica, social y política de Costa Rica, que ocupa a poco más de 52 mil agricultores. La ayuda a ellos les llegó, en medio de todo un debate sobre si fue oportuna y eficaz, señalándose que la declaratoria de emergencia fitosanitaria de 2013 no tuvo el acompañamiento necesario para proveer una acción rápida, bien coordinada y al alcance de todos.
2) El volcán Turrialba nos recordó su presencia en 1996. Ocho años después sus erupciones de gases y ceniza y sus tremores y bramidos, pusieron en ascuas a los habitantes de la zona y en acción a los vulcanólogos, sismólogos y cuerpos de prevención y socorro. Desde entonces constataron el pésimo estado de los caminos y rutas para la movilización de la gente.
Hoy el volcán está “más bravo” y a los caminos apenas llega la acción sin que a estas fechas se haya concluido su reparación. Hay que ver el desastre en que está en el bajo de San Gerardo de Oreamuno (flanco norte del Irazú).
3) Reaparece el “fenómeno del niño” con todas sus secuelas en el clima (marcada sequía en unas regiones y exceso de lluvia y escasa afectación de rayos solares directos en otras) y de nuevo el Ministerio de Agricultura y Ganadería alerta y anuncia su ayuda que no puede ir sino de consuno con el Ministerio de Obras Públicas y todo el amplio árbol burocrático con competencias afines para el problema principal. A la cabeza de esos despachos están ministros empapados del asunto y con determinación para actuar.
Pero ¿podrán hacerlo de cara a un entrabamiento causado por la burocracia que se pega a sus nichos de poder como una garrapata y por la dictadura de los incisos que impide agilidad?
Cuando el daño está hecho y sus efectos son irreparables, ¿de qué puede servir una declaratoria de emergencia? Así, entrabada, ineficiente, onerosa anda mucho de nuestra administración pública en una perversa dilapidación de recursos que ya lleva años largos de abusar de la paciencia de los administrados, con corrosivos efectos políticos, sociales y económicos. ¡Habrá que ver hasta cuándo!
 

Álvaro Madrigal