¿Cuál candidato presidencial tiene la mejor propuesta para frenar la inseguridad, los homicidios y el narco?
Costa Rica vive una guerra entre pandillas por territorio que disparó los asesinatos en los últimos tres años
Megaoperativos en barrios peligrosos, más inversión en educación y cultura, reformar la ley penal para que los delincuentes peligrosos estén en la cárcel y levantar las garantías constitucionales si lo amerita, son algunas de las propuestas de los candidatos presidenciales para resolver el problema de inseguridad que vive Costa Rica.
Sin importar quien gane hoy el proceso electoral, es claro que el crimen y los homicidios son la principal preocupación de los costarricenses, sobre todo por las cifras récord de asesinatos que se han reportado en los últimos tres años y la guerra entre bandas narco por territorio.
Por ello, no sorprende que los candidatos hayan enfocado buena parte de sus programas de gobierno a proponer acciones para detener el hampa común, así como a los narcos y sicarios, y es allí donde surge la pregunta: ¿quién tiene las mejores ideas para frenar la inseguridad y los homicidios?
La respuesta no es sencilla y básicamente dependerá de la opinión de cada quien, ya que los enfoques de acción pueden ser abiertamente punitivos o preventivos, o incluso una combinación de ambos.
Por ejemplo, la oficialista Laura Fernández, de Pueblo Soberano, y Fabricio Alvarado, de Nueva República, son los únicos aspirantes que sí están de acuerdo en levantar las garantías constitucionales en barrios peligrosos, de ser necesario.
Se trata de suspender el libre tránsito, el derecho a la privacidad en el hogar, así como en documentos y comunicaciones privadas, el derecho de reunión y la libertad de arresto sin orden judicial, entre otros.
Asimismo, creen en un enfoque punitivo de mano dura contra los criminales, lo que incluye construir más cárceles y aumentar la cantidad de policías.
“Estoy dispuesta, como futura presidenta de Costa Rica, en casos estrictamente necesarios y si viéramos una escalada en sicariato y delitos relacionados con el crimen organizado, a solicitar a la Asamblea Legislativa el levantamiento o suspensión de garantías individuales. Significa que, si la cosa se pone muy fea, con inteligencia policial detectando los barrios de máxima delincuencia, levantar garantías, hacer operativos y sacar a estos maleantes de circulación”, dijo Fernández a mediados de octubre.
Este tipo de posturas son rechazadas por otros candidatos como Álvaro Ramos, del PLN; Ariel Robles; y Claudia Dobles, de Agenda Ciudadana, quienes destacan que sus propuestas son firmes, pero jamás prohibitivas de las libertades y garantías constitucionales.
Incluso, estos candidatos se decantan por impulsar justicia restaurativa y una mayor inversión en educación, cultura y deporte, con el objetivo de alejar a los jóvenes del mundo de las drogas.
Por ejemplo, Robles aboga por una reforma integral del sistema penitenciario hacia la resocialización efectiva, “con enfoque de derechos humanos, evitando el hacinamiento”, mientras que Dobles propone fortalecer los Centros Cívicos por la Paz y establecer “programas laborales y educativos obligatorios para la reinserción social”.
En el caso de Ramos, propone megaoperativos en los 40 barrios más peligrosos del país y aumentar la cantidad de policías.
Finalmente, Juan Carlos Hidalgo, del PUSC, considera que Costa Rica está en un punto de inflexión y que, por ello, se requieren acciones extraordinarias, como la venta del BCR para capitalizar la lucha contra el crimen y traer la policía europea para que patrulle los puertos de exportación a Europa y así atrapar la droga antes de que salga del país.
“El gasto que tenemos que hacer en seguridad es brutal y no queremos financiarlo con más impuestos, sino con recursos extraordinarios, mediante un fideicomiso con la venta del BCR. Los grupos criminales ya nos identificaron como un punto ideal para hacer negocios, sobre todo para reexportar cocaína hacia Europa. Si no reaccionamos ahora, la espiral de violencia continuará”, finalizó el rojiazul.
Los candidatos presidenciales están conscientes de que la seguridad ciudadana es el principal problema del país antes de las elecciones y por ello, sus programas de gobierno dedican mucho espacio a este tema (candidatos ordenados alfabéticamente por primer apellido).
| Candidato | Propuestas |
|---|---|
| Fabricio Alvarado |
Nueva República
- Uso de estado de excepción de forma restrictiva en territorios conflictivos, con autorización legislativa en casos excepcionales.
- Unificar cuerpos policiales bajo el Ministerio de Seguridad Pública.
- Aumentar 1.000 policías por año.
- Modernizar el Centro de Operaciones con Inteligencia Artificial (IA), reconocimiento facial, drones, GPS y cámaras de video.
- Implementar controles rigurosos de ingreso de personas al país por mar, aire y tierra.
- Construcción de una mega cárcel de alta seguridad para la contención y segregación de delincuentes violentos.
- Implementar el trabajo obligatorio para los privados de libertad para su sostenimiento institucional.
- Promover reformas legales para endurecer las penas contra el crimen organizado y el sicariato.
Agenda Ciudadana
- Aumentar la inversión en seguridad en un 0,60 % del PIB.
- Realizar megaoperativos estratégicamente dirigidos y basados en inteligencia.
- Fortalecer el Servicio Nacional de Guardacostas.
- Fortalecer los Centros Cívicos por la Paz.
- Abordar la drogadicción como un problema de salud pública.
- Construcción de nuevos espacios carcelarios.
- Establecer programas laborales y educativos obligatorios para la reinserción social.
- Apoyar las reformas legales para bloquear cualquier método de comunicación ilegal dentro de las cárceles.
Pueblo Soberano
- Reforma al Código Penal para garantizar que criminales violentos estén en la cárcel.
- Apoyo a la construcción de la mega cárcel.
- Reos deben realizar trabajo obligatorio para resarcir a las víctimas y sostener los costos del sistema.
- Control territorial firme con presencia policial constante.
- Fortalecimiento del control migratorio (deportación inmediata de delincuentes extranjeros).
- Prevención social estructurada para niños y jóvenes con educación, cultura y empleo digno.
- Recuperación de espacios públicos con municipalidades, activando cultural y deportivamente los barrios.
PUSC
- Flexibilizar la regla fiscal para mayor equipamiento, tecnología y capacitación policial.
- Aumento de la Fuerza Pública en 6.500 efectivos policiales.
- Policía Europea estaría presente en Moín para ayudar a cortar con las exportaciones contaminadas.
- Creación del Centro Nacional de Operaciones de Ciberseguridad 24/7.
- Reforma al Código Procesal Penal para acelerar juicios y garantizar el cumplimiento efectivo de las penas. El que la hace, la paga.
- Estrategia integral de prevención para generar oportunidades en juventud vulnerable, fortalecer la seguridad comunitaria y promover la cultura de paz.
PLN
- Contratación de 6 mil policías más a lo largo de los cuatro años de gobierno.
- Recuperación del control territorial en zonas conflictivas.
- Operativos permanentes en puntos turísticos.
- Recuperación de espacios públicos con presencia policial constante.
- Mayor inversión en educación, cultura y deportes para prevenir la violencia.
- Revisar los cambios efectuados en el Servicio Nacional de Guardacostas.
- Creación de un centro de control y comando, que aproveche el uso de la tecnología, comunicaciones y el contacto ciudadano.
Frente Amplio
- Declarar la drogadicción como un problema de salud pública.
- Profesionalización de todos los cuerpos policiales con un enfoque civilista, de derechos humanos y de género.
- Fortalecimiento de programas de inversión social (educación, cuido, recreación) para prevenir el reclutamiento de jóvenes por el crimen organizado.
- Recuperar la iluminación y mejorar la infraestructura de los espacios públicos (parques, canchas) para fomentar el disfrute comunitario.
- Reforma integral del sistema penitenciario hacia la resocialización efectiva, con enfoque de derechos humanos, evitando el hacinamiento.
- Atacar el movimiento del dinero por parte del narcotráfico.
La lucha entre bandas narcotraficantes por territorio está generando índices históricos de homicidios en Costa Rica.
En 2025 será el tercer año consecutivo con casi 900 casos, mientras que la provincia de San José reporta un crecimiento de 20% en relación con el mismo periodo del año pasado, según cifras del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) al lunes 15 de diciembre.
| Año | 2024 | 2025 |
|---|---|---|
| San José | 232 | 281 |
| Alajuela | 97 | 96 |
| Cartago | 71 | 61 |
| Heredia | 38 | 33 |
| Guanacaste | 73 | 76 |
| Puntarenas | 146 | 119 |
| Limón | 170 | 166 |
| Total | 827 | 832 |
La inseguridad ciudadana se consolida como una amenaza creciente para la operación de las empresas, de acuerdo con la última Encuesta de Perspectivas Empresariales elaborada por la Cámara de Industrias a mediados de julio (la medición tiene un 95% de nivel de confianza, con un margen de error de 3,1 puntos porcentuales).