Crónica de la muerte de la educación técnica superior
Silvia Castro scastro@ulacit.ac.cr | Lunes 07 septiembre, 2015
Al día de hoy, y a pesar de existir solicitudes para impartir diplomados universitarios, el Conesup no ha autorizado ni uno solo
Crónica de la muerte de la educación técnica superior
El Estado de la Educación reporta que el sector parauniversitario cuenta con una oferta académica muy limitada y una gran heterogeneidad en los centros de enseñanza.
Estima que 22 entidades parauniversitarias cuentan con una matrícula de unos 7.535 alumnos, cuando el sistema universitario atiende a 208.612 estudiantes. A sabiendas de que las instituciones parauniversitarias son las llamadas a suplir la oferta de los cuadros técnicos superiores que tanto requiere el sector productivo costarricense, ¿por qué languidece el sector?
Entendamos la historia. Según Jorge Mora, de 1998 a 2003, la población de alumnos en parauniversitarias, públicas y privadas, disminuyó un 47%. En esos cinco años, el sector privado perdió el 98% de su población.
¿Mi explicación? Los funcionarios del Conesup, de forma arbitraria, prohibieron a las universidades privadas articular sus planes de estudios con los de las instituciones parauniversitarias.
Aunque parezca inconcebible, a las universidades se les sancionaba por reconocer los estudios cursados por los estudiantes en carreras de diplomado.
No fue sino hasta 2005 que el Conesup admitió que no existía ninguna razón que excluyera la posibilidad de que las universidades privadas pudieran reconocer estudios de diplomado. Demasiado tarde.
Pero el atropello a la libertad de enseñanza no acabó ahí. A las universidades privadas también se les prohibía impartir programas técnicos. Podían impartir carreras de doctorado, pero no diplomados.
De hecho, el Consejo Superior de Educación, responsable de autorizar programas de diplomado, en su Acta 08-2004, le recordó a Ulacit que las universidades privadas no estaban autorizadas para impartir estos títulos, disposición absurda que fue ratificada por el Tribunal Contencioso Administrativo en 2011.
¡La misma Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia indicó que el Estado no cometía ninguna violación en contra de la libertad de enseñanza de las universidades privadas al no permitirles impartir diplomados!
Ese mismo año, ante la presión ejercida por el sector productivo y las universidades privadas, el ministro Garnier planteó una consulta a la Procuradora General de la República, quien sí era del criterio de que era posible otorgar a las universidades la potestad de impartir carreras de diplomado.
¿Cómo esquivó los antecedentes legales? Dijo que existía una sustancial diferencia entre el diplomado que otorgaba la educación superior universitaria, con el diplomado de la educación superior parauniversitaria, por lo que las universidades podían impartir diplomados universitarios, no así diplomados parauniversitarios. Cualquier experto sabe que no la hay.
Al día de hoy, y a pesar de existir solicitudes para impartir diplomados universitarios, el Conesup no ha autorizado ni uno solo. Es un ejemplo más de que fiscalización del Estado en materia de educación parauniversitaria y universitaria ha sido nefasta para el país y no ha habido justicia pronta ni cumplida que ampare al sector.
Silvia Castro
Rectora de Ulacit
NOTAS ANTERIORES
Comunicar, comunicar, comunicar
Viernes 13 diciembre, 2024
Defenderse es más peligroso que dar un paso al frente y contar lo que sea necesario y que sabemos que los públicos quieren saber.
Siria después de la dictadura de Bashar Al-Assad
Jueves 12 diciembre, 2024
Ha caído en Siria la dictadura de Bashar Al-Assad que había empezado en el año 2000 después de que su padre la iniciara desde el año 1971
Trabajo de cuidado no remunerado: la barrera laboral para las mujeres costarricenses
Jueves 12 diciembre, 2024
Aproximadamente el 50% de las pequeñas y medianas empresas en Costa Rica están lideradas por mujeres.
¿Seguiremos con posibilidades electorales confusas?
Miércoles 11 diciembre, 2024
Todavía no se ha hecho un buen balance político de los ocho años del gobierno del Partido Acción Ciudadana.