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G-20, que se reúne a partir de hoy, podría condicionar cooperación a quienes no ayuden en intercambio de información tributaria
Crece presión para fulminar secreto bancario en el país
Costa Rica tendría que eliminar la participación de un juez en los procesos que investigan delitos fiscales crece

La presión internacional para que Costa Rica levante el secreto bancario en investigaciones tributarias podría subir a nuevo nivel a partir de hoy.
Esto si el G-20 (Grupo de los 20 países más desarrollados) que se reúne este jueves y viernes en Pittsburgh, Estados Unidos, decide condicionar la cooperación internacional a todas aquellas naciones que incumplan con las “nuevas normas tributarias”.
Para el caso local, eso significa evolucionar a una nueva legislación, que permita a los responsables de investigar los delitos fiscales acceder a la información bancaria de los contribuyentes, sin que medie la participación de un juez, tal y como lo ha pretendido la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Esto significaría una nueva vulnerabilidad al derecho de los clientes bancarios a mantener su información en confidencia; y atizaría el debate entre la necesidad de información para combatir el crimen y la privacidad.
De eliminarse la participación del juez, los riesgos de un mal uso de la información crecería.
Por eso existen sectores que si bien están abiertos a dar más información, rehúsan que se elimine al juez del proceso mediante el cual se facilitan los datos, porque a su juicio es la garantía de que no habrá abuso y que se utilizará para los fines solicitados. Actualmente, los investigadores pueden consultar las cuentas bancarias solo si a la persona se le relaciona con crimen organizado o terrorismo.
La presión sobre el país se inició desde abril, cuando la OCDE publicó una “lista negra” de paraísos fiscales en la cual apareció el nombre de Costa Rica.
La razón por la cual no estaban otros países y sistemas financieros que son más permisivos es porque sus autoridades habrían asumido compromisos de mayor apertura.
No obstante, Costa Rica no ha firmado nuevos convenios de intercambio de información y modernización de las leyes contra la evasión fiscal, por lo cual se le incluyó en la lista.
“Costa Rica no se considera como un paraíso fiscal pero sí tiene límites en cuanto al acceso a la información bancaria para efectos fiscales”, dijo Grace Pérez-Navarro, directora adjunta del Centro de la OCDE para la Política y Administración Tributaria.
Para salir de esa enumeración de países, el entonces ministro de Hacienda, Guillermo Zúñiga, prometió una reforma de ley para cumplir con los requerimientos.
Al parecer, la iniciativa ya se encuentra en su fase final e incluso podría ser evaluada en el marco de la cumbre.
El compromiso con la OCDE es el de llevar este proyecto de ley al Congreso a más tardar en diciembre.

En ese sentido, el Poder Ejecutivo está dispuesto a ceder a las exigencias de la OCDE. Una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) ya ayudó en la redacción de la iniciativa de ley que permitiría eliminar al juez de estos procesos, y un consultor internacional ha estado ayudando al Ministerio de Hacienda en esta materia.
Desde abril anterior, cuando Costa Rica apareció en la lista negra, se han intensificado los acercamientos entre la Organización y las autoridades tributarias. Estos contactos apuntarían a desaparecer la confidencialidad de las cuentas.
El riesgo para Costa Rica si no adopta las medidas que pretende la OCDE es alto, porque si el G-20 niega toda cooperación a los países que tengan pendientes, el nuestro se quedaría sin acceso incluso a organismos multilaterales.
Esta situación es del conocimiento de las autoridades nacionales, que estuvieron presentes el 1 y 2 de setiembre en la reunión del Foro Mundial sobre la Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales, que se celebró en México. En esta cita, los más de 70 países participantes acordaron invertir más recursos y tomar mayores medidas de presión para lograr el cometido.


Daniel Chacón
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