Costa Rica y la reforma fiscal
| Lunes 07 septiembre, 2009
Costa Rica y la reforma fiscal
El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, al inicio de su administración (mayo 2006) se había propuesto impulsar la modificación de varios impuestos y la creación de otros que gravaran fundamentalmente a las empresas y a las personas con altos niveles de ingreso.
Sin embargo la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana ocupó más tiempo de lo previsto, por lo que el mandatario desistió de impulsar ese proyecto de reforma fiscal.
Esto significa que, con esas modificaciones, el gobierno esperaba generar unos $800 millones anuales para invertir en proyectos de desarrollo económico como por ejemplo: reducción de la pobreza y la desigualdad, mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo, así como recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del país, etcétera.
Esta claro que este gobierno no ha encontrado un clima político favorable para incrementar la recaudación de los tributos, a pesar de la necesidad de elevar el nivel de las tasas y bases gravables, para lograr una economía pública sana, que le permita al Estado financiar su gasto público.
En Costa Rica, los ingresos tienen muy poca capacidad recaudatoria, hay muchas exenciones, deducciones, el gasto social no esta bien enfocado, los recursos son muy limitados y hay una gran parte de la economía en la informalidad.
A todas luces la tarea de la reforma fiscal le va a quedar al próximo gobierno, que debe impulsar la reforma, para proporcionar los recursos necesarios y su grado de evolución para financiar el gasto público, a pesar del problema de fondo que es la crisis internacional.
Definitivamente, Costa Rica tiene una carga fiscal baja, y si se desea una reforma dirigida al aumento de la recaudación, se requiere una legislación y un marco legal menos complicado, porque la función recaudatoria debe sustentarse en los principios de legalidad, uniformidad, unidad, oficialidad, seguridad jurídica y eficiencia.
Los ingresos ordinarios del gobierno se quedan cortos para financiar los gastos, por lo que en el pasado se inventaron diversas formas para disfrazar el desequilibrio y postergar los ajustes, recurriendo al endeudamiento externo y afectando instituciones descentralizadas , obligándolas a tener superávit.
Esto supone que, si queremos tener un país más equitativo, progresista, con un alto índice de desarrollo humano, los costarricenses debemos elevar nuestra carga tributaria o cobrar mejor los impuestos.
Finalmente, el gobierno debe garantizar a los costarricenses combatir la corrupción en todos los ámbitos, evitando la evasión y defraudación fiscal, traduciendo la recaudación de los tributos, en servicios públicos de calidad, así como la construcción, y mantenimiento de infraestructura de carreteras, puertos y demás obras que garanticen el desarrollo social.
Luis Fernando Allen Forbes
Director Ejecutivo
Salvemos al Río Pacuare
El presidente de Costa Rica, Oscar Arias, al inicio de su administración (mayo 2006) se había propuesto impulsar la modificación de varios impuestos y la creación de otros que gravaran fundamentalmente a las empresas y a las personas con altos niveles de ingreso.
Sin embargo la aprobación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y República Dominicana ocupó más tiempo de lo previsto, por lo que el mandatario desistió de impulsar ese proyecto de reforma fiscal.
Esto significa que, con esas modificaciones, el gobierno esperaba generar unos $800 millones anuales para invertir en proyectos de desarrollo económico como por ejemplo: reducción de la pobreza y la desigualdad, mejorar la calidad y ampliar la cobertura del sistema educativo, así como recuperar y ampliar la infraestructura de transporte del país, etcétera.
Esta claro que este gobierno no ha encontrado un clima político favorable para incrementar la recaudación de los tributos, a pesar de la necesidad de elevar el nivel de las tasas y bases gravables, para lograr una economía pública sana, que le permita al Estado financiar su gasto público.
En Costa Rica, los ingresos tienen muy poca capacidad recaudatoria, hay muchas exenciones, deducciones, el gasto social no esta bien enfocado, los recursos son muy limitados y hay una gran parte de la economía en la informalidad.
A todas luces la tarea de la reforma fiscal le va a quedar al próximo gobierno, que debe impulsar la reforma, para proporcionar los recursos necesarios y su grado de evolución para financiar el gasto público, a pesar del problema de fondo que es la crisis internacional.
Definitivamente, Costa Rica tiene una carga fiscal baja, y si se desea una reforma dirigida al aumento de la recaudación, se requiere una legislación y un marco legal menos complicado, porque la función recaudatoria debe sustentarse en los principios de legalidad, uniformidad, unidad, oficialidad, seguridad jurídica y eficiencia.
Los ingresos ordinarios del gobierno se quedan cortos para financiar los gastos, por lo que en el pasado se inventaron diversas formas para disfrazar el desequilibrio y postergar los ajustes, recurriendo al endeudamiento externo y afectando instituciones descentralizadas , obligándolas a tener superávit.
Esto supone que, si queremos tener un país más equitativo, progresista, con un alto índice de desarrollo humano, los costarricenses debemos elevar nuestra carga tributaria o cobrar mejor los impuestos.
Finalmente, el gobierno debe garantizar a los costarricenses combatir la corrupción en todos los ámbitos, evitando la evasión y defraudación fiscal, traduciendo la recaudación de los tributos, en servicios públicos de calidad, así como la construcción, y mantenimiento de infraestructura de carreteras, puertos y demás obras que garanticen el desarrollo social.
Luis Fernando Allen Forbes
Director Ejecutivo
Salvemos al Río Pacuare