Costa Rica se ahoga en la impunidad judicial
Redacción La República redaccion@larepublica.net | Sábado 21 noviembre, 2009
Apenas siete de cada 100 denuncias reciben atención de la Justicia
Costa Rica se ahoga en la impunidad judicial
El sistema judicial, penitenciario y policial tiene “situaciones de urgencia”, afirmó Janina del Vecchio, ministra de Seguridad Pública. Marco Monge/La República
En los últimos 11 años, el 94,4% de las denuncias quedó sin sentencia, y el 92,7% sin condena
La seguridad ciudadana es uno de los grandes temas de los candidatos presidenciales, y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos costarricenses en los últimos tiempos.
Entre 1998 y 2008 se presentaron más de 1,3 millones de denuncias, de las que apenas 74 mil tuvieron sentencia, el 5,6%.
El porcentaje sin condena (sumando conciliación y criterios de la fiscalía) ascendió al 92,7%, lo que implica que apenas siete de cada 100 obtienen respuesta judicial.
Comparando con España, el Instituto Nacional de Estadística expresa que de 8,3 millones de casos que ingresaron en su sistema judicial en 2007, se resolvieron 8,2 millones.
“Este es el termómetro que mide la impunidad”, dijo Juan Diego Castro, ex ministro de Seguridad, hoy al frente de la firma de abogacía Jurisis, que se ha encargado de elaborar unas tablas de los casos que son llevados frente a la Justicia, con base en estadísticas judiciales y que ha denominado el “impunómetro”.
Para Castro estos hechos producen dos efectos, por un lado un empoderamiento de los delincuentes, con una sensación “real” de que nada les va a ocurrir, lo que conlleva “un efecto multiplicador de la criminalidad”.
El segundo es que la ciudadanía percibe esa falta de consecuencias, por lo que siente “impotencia” e incrementa la falta de confianza en el sistema social.
Respecto a la sensación de inseguridad de la población, “debemos trabajar aceptando que un sentimiento se origina de un hecho”, asintió a LA REPUBLICA la ministra de Seguridad Pública, Janina del Vecchio, quien fue la única responsable de las instituciones implicadas que dio explicaciones. Ni la Fiscalía General de la República, ni el Poder Judicial quisieron valorar el tema.
La máxima jerarca destacó la importancia de tipificar la reincidencia para que no exista el fenómeno de “puerta giratoria”, cuando los detenidos entran y salen de las comisarías con la misma facilidad. Este hecho puede llevar a un incremento de la violencia por parte de los criminales al no sentir el peso de la ley.
También dejó clara la necesidad de que todas las instituciones tomen conciencia de que el procedimiento nace desde el mismo momento en que la policía hace la persecución, y no finaliza hasta que el criminal sale de la cárcel.
“Lo más grave es que nos hayan permeado el crimen organizado y el narcotráfico”, sentenció Del Vecchio.
La situación de saturación del sistema penitenciario es otra pregunta que genera dudas. Si están llenas y el porcentaje de casos que va a juicio es insignificante, ¿qué pasaría si se condenara a todos los delincuentes?
Para la Ministra habría que repensar quién va o quién no debe ir preso. “Hay personas que con brazaletes con GPS sería suficiente, aquellos casos en los que no haya violencia o narcotráfico”, dijo refiriéndose expresamente a los encarcelados por pensión.
La tasa de homicidios por 100 mil habitantes saltó en 2008 a la cifra de dos dígitos por primera vez en la historia, con 10,9, frente a los 5,9 de 1998.
Daniel Zueras
dzueras@larepublica.net
Costa Rica se ahoga en la impunidad judicial
El sistema judicial, penitenciario y policial tiene “situaciones de urgencia”, afirmó Janina del Vecchio, ministra de Seguridad Pública. Marco Monge/La República
En los últimos 11 años, el 94,4% de las denuncias quedó sin sentencia, y el 92,7% sin condena
La seguridad ciudadana es uno de los grandes temas de los candidatos presidenciales, y una de las mayores preocupaciones de los ciudadanos costarricenses en los últimos tiempos.Entre 1998 y 2008 se presentaron más de 1,3 millones de denuncias, de las que apenas 74 mil tuvieron sentencia, el 5,6%.
El porcentaje sin condena (sumando conciliación y criterios de la fiscalía) ascendió al 92,7%, lo que implica que apenas siete de cada 100 obtienen respuesta judicial.
Comparando con España, el Instituto Nacional de Estadística expresa que de 8,3 millones de casos que ingresaron en su sistema judicial en 2007, se resolvieron 8,2 millones.
“Este es el termómetro que mide la impunidad”, dijo Juan Diego Castro, ex ministro de Seguridad, hoy al frente de la firma de abogacía Jurisis, que se ha encargado de elaborar unas tablas de los casos que son llevados frente a la Justicia, con base en estadísticas judiciales y que ha denominado el “impunómetro”.
Para Castro estos hechos producen dos efectos, por un lado un empoderamiento de los delincuentes, con una sensación “real” de que nada les va a ocurrir, lo que conlleva “un efecto multiplicador de la criminalidad”.
El segundo es que la ciudadanía percibe esa falta de consecuencias, por lo que siente “impotencia” e incrementa la falta de confianza en el sistema social.
Respecto a la sensación de inseguridad de la población, “debemos trabajar aceptando que un sentimiento se origina de un hecho”, asintió a LA REPUBLICA la ministra de Seguridad Pública, Janina del Vecchio, quien fue la única responsable de las instituciones implicadas que dio explicaciones. Ni la Fiscalía General de la República, ni el Poder Judicial quisieron valorar el tema.
La máxima jerarca destacó la importancia de tipificar la reincidencia para que no exista el fenómeno de “puerta giratoria”, cuando los detenidos entran y salen de las comisarías con la misma facilidad. Este hecho puede llevar a un incremento de la violencia por parte de los criminales al no sentir el peso de la ley.
También dejó clara la necesidad de que todas las instituciones tomen conciencia de que el procedimiento nace desde el mismo momento en que la policía hace la persecución, y no finaliza hasta que el criminal sale de la cárcel.
“Lo más grave es que nos hayan permeado el crimen organizado y el narcotráfico”, sentenció Del Vecchio.
La situación de saturación del sistema penitenciario es otra pregunta que genera dudas. Si están llenas y el porcentaje de casos que va a juicio es insignificante, ¿qué pasaría si se condenara a todos los delincuentes?
Para la Ministra habría que repensar quién va o quién no debe ir preso. “Hay personas que con brazaletes con GPS sería suficiente, aquellos casos en los que no haya violencia o narcotráfico”, dijo refiriéndose expresamente a los encarcelados por pensión.
La tasa de homicidios por 100 mil habitantes saltó en 2008 a la cifra de dos dígitos por primera vez en la historia, con 10,9, frente a los 5,9 de 1998.
dzueras@larepublica.net