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Miércoles, 21 de noviembre de 2018



COLUMNISTAS


Costa Rica, Venezuela y Nicaragua

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 18 junio, 2018


Costa Rica, Venezuela y Nicaragua

Bien han hecho la Sra. Vicepresidenta y Canciller y el Sr. Presidente en declarar, en la OEA, la posición de Costa Rica de apoyo al Sistema Interamericano de Derechos Humanos y a la democracia como forma de gobierno en nuestro continente.

Pero ante los casos dolorosos de Venezuela y Nicaragua eso no es suficiente.

América Latina y el Caribe han quedado en deuda ante Venezuela. Ello me recuerda con dolor la inacción de las naciones latinoamericanas después de la destrucción de la democracia en Panamá en 1989 y la intervención militar de EE.UU. en ese país. En ese entonces varios demócratas nos habíamos apersonado inútilmente a varias cancillerías de América Latina promoviendo una acción hemisférica en defensa de la democracia panameña. Claro era entonces más difícil que ahora, pues no se había aprobado la Carta Democrática Interamericana (CDI) que fue impulsada por Canadá, Costa Rica y Perú en 2001.

Desde hace más de un año —cuando el presidente Maduro convocó inconstitucional y antidemocráticamente una Constituyente— debió haberse aplicado la CDI a ese país y haberlo separado de la OEA. Así lo votaron gobiernos representativos de la gran mayoría de los habitantes de nuestro hemisferio, pero no se reunió el apoyo de los dos tercios de los estados miembros requeridos para adoptar esa decisión.

El Grupo de Lima, otros estados americanos, la Unión Europea y países de ese continente solicitaron que no se efectuara la elección presidencial del pasado 20 de mayo en Venezuela por múltiples irregularidades que la precedieron y se consumaron en su celebración: impedir la participación de dirigentes connotados de la oposición por estar presos, en el exilio o inhabilitados; inhabilitación de partidos opositores; parcialidad manifiesta y notoria del órgano electoral; ausencia de libertad de expresión y de comunicación; compra de votos; incumplimiento de los lapsos establecidos en la normativa electoral; carencia de poder de la antidemocrática e inconstitucional Asamblea Constituyente para convocarla. Por esas razones no participaron del proceso los principales grupos y dirigentes de la oposición y la participación de votantes fue muy limitada.

Su celebración —considerada ilegal incluso por el candidato Falcón que previamente la había avalado— confirmó la ausencia total de democracia en esa hermana república. Es pues urgente aplicar al régimen de Maduro lo dispuesto en el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana, y separar Venezuela de la OEA.

La falta de una acción interamericana a tiempo ante los desmanes del gobierno chavista ha facilitado la pérdida de la democracia, la continuación de las violaciones a los derechos humanos, y la profundización de la crisis humanitaria que viven los habitantes de esa querida nación con graves y dolorosas consecuencias para sus vidas, su alimentación, su libertad y su salud; y con la forzada emigración que se han visto obligados a sufrir.

En nuestra querida y vecina República de Nicaragua se vienen dando trágicos eventos ya por dos meses, desde el pasado 18 de abril. Son el resultado de la acción de fuerzas policiales y de matones acuerpados por el gobierno del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo al atacar manifestaciones —sobre todo de jóvenes— tal como lo confirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al visitar ese país al cabo de un mes de la violencia asesina.

El trágico resultado de muertes (el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos estimó 146 el día 11 de junio), los más de mil heridos, los cientos de detenidos y las enormes pérdidas económicas que empobrecerán aún más a nuestros queridos hermanos, son el resultado del desvío antidemocrático que ha venido infligiendo a Nicaragua la pareja presidencial.

Como lo he señalado anteriormente, los excesos antidemocráticos se vienen dando desde el retorno mismo de Daniel Ortega al poder en 2006 y se agravaron para las elecciones de 2016 con actuaciones similares a las del chavismo en Venezuela: inhabilitación de candidatos de la oposición; parcialidad manifiesta del órgano electoral; sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo; anulación de credenciales a diputados de la oposición; prohibición a la observación internacional. Estos antidemocráticos excesos se ocultaban bajo el velo de los recursos recibidos del petróleo venezolano y por la alianza con la empresa privada que veía respetados su propiedad, emprendimientos y ganancias.

Pero el petróleo venezolano no dio más ante el hambre, la carencia de medicinas, la ineficiencia de su producción y la corrupción galopante en ese país. Y en Nicaragua se perdió la paz de los empresarios ante la desaforada violencia del dúo Ortega-Murillo contra los estudiantes. Y vinieron el asesinato, las heridas, la cárcel, las limitaciones a la prensa… el horror que hoy se vive.

Costa Rica no puede mantenerse con solo sus buenas declaraciones en favor de los derechos humanos y la democracia.

Debemos lograr que los países de América aprendan de la lección que ha costado tanto sufrimiento a los y las venezolanas: atrasar la aplicación de las medidas hemisféricas en defensa de los derechos humanos y la democracia ayuda a consolidarse a los regímenes autoritarios y agiganta el sufrimiento de los pueblos.

El silencio de la pareja presidencial ante las demandas de la sociedad nicaragüense presentadas a ellos por los obispos, confirma el rechazo de Ortega y Murillo a negociar un adelanto a las elecciones para encaminar su país a la democracia.

Ahora solo cabe la aplicación de la Carta Democrática Interamericana y la suspensión de Nicaragua de la OEA.

A nosotros nos corresponde promover esas medidas continentales y, en lo doméstico, asegurar la posibilidad de nuestro comercio con el Triángulo del Norte de Centroamérica y prepararnos para enfrentar una nueva ola migratoria de hermanos nicaragüenses.