Costa Rica puede copiar a Brasil al bloquear señal celular en las cárceles
Eduardo Neger, director de Ingeniería de Neger Telecom. Esteban Monge/La República
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Brasil tiene la tercera población carcelaria más grande del mundo, por lo que combatir los hechos delictivos acometidos desde los centros penitenciarios es todo un reto.

En el país más grande de Sudamérica hay 726 mil personas encarceladas.

Al igual que en Costa Rica, en Brasil las cárceles están cerca de los centros urbanos, por lo que a la hora de bloquear la señal celular es necesario tomar en consideración la afectación que podría tener en los vecinos cerca de los centros penitenciarios.

Este reto fue solventado con éxito por Neger Telecom, una empresa originaria de Brasil, que logró bloquear con éxito la señal celular en 23 de las 200 cárceles de Sao Paulo.

¿Cómo lo hizo? La clave está en la tecnología utilizada, que son pequeñas antenas al interior de los centros penitenciarios que complementan el bloqueador, indispensables para que los dispositivos solo sean desactivados al interior del recinto.

“Las soluciones de bloqueo convencionales como las que usan en Asia, Europa y Estados Unidos, están diseñadas para regiones que están en lugares desolados. Esta tecnología evidentemente no puede aplicarse en América Latina, ya que las cárceles están cerca de la ciudad”, explicó Eduardo Neger, director de Ingeniería de Neger Telecom.

En el caso de Brasil, el gobierno corre con los gastos del bloqueo de la señal, pero el proyecto de ley de Costa Rica contempla que sean las operadoras las encargadas de impedir las comunicaciones desde las cárceles.

En tierras brasileñas operan Claro, Telefónica y la estatal Vivo, en un esquema similar al de nuestro país.

“Las operadoras aquí apoyan el tema del bloqueo y contribuyen en la parte técnica, pero no están de acuerdo en pagar por los bloqueadores de señal, algo que en el caso de Costa Rica, podría afectar”, analizó Neger.

El proyecto de ley penalizaría a las operadoras por incumplir con el bloqueo de señal, con una multa de entre 0,5% y hasta un 1% de los ingresos brutos del operador obtenidos durante el período fiscal anterior, si la conducta es reiterativa.

Aunque la ley está aprobada, es hasta el próximo año que entraría a regir el reglamento para su aplicación, por lo que la señal celular sigue activa en las cárceles nacionales.


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