Costa Rica avanza hacia partos más humanizados

Mary Munive Angermüller

Vicepresidenta de la República

Ministra de Salud

Ser madre es, sin duda, una de las cosas más maravillosas que le puede ocurrir a una mujer. La maternidad, en toda su complejidad, en todas sus fases, ha sido una experiencia que, al menos desde mi perspectiva, ha estado llena de gratificaciones y alegrías.

Sin embargo, pese a que vivamos en el siglo XXI, pese a que tengamos un sistema de salud pública tan robusto como el que tenemos, sé que no siempre se trata de una experiencia tan feliz. La Encuesta de Mujeres, Niñez y Adolescencia del 2018, por ejemplo, arrojó un dato estremecedor: el 57,7% de mujeres que tuvieron un parto entre 2016 y 2018 dijeron haber experimentado alguna forma de violencia obstétrica.

Existen numerosos testimonios, conmovedoras historias de vida que así lo acreditan. Yo misma, como médico especialista en Medicina Familiar y Comunitaria, lo he podido comprobar en diferentes oportunidades.

Está muy claro que un tema tan sensible, tan carnal, no puede estar exento de emotividades y desgarraduras. Ana Istarú, nuestra gran escritora y actriz, escribió una pieza teatral donde se muestra ese horror que han experimentado muchísimas mujeres respecto a la maternidad. La obra se titula Baby Boom en el paraíso, fue estrenada a mediados de los años noventa y plantea cosas como esta:

“Recuerdo que mi terror al parto comenzó el día en que nací. Estuve a punto de morir asfixiada, pues yo, que desde entonces tengo el espíritu de contradicción, venía de pie en vez de venir de cabeza, y lo que debió haber sido una flamante cesárea acabó en un parto de película de horror, en el que casi se muere mi madre, casi me muero yo y casi se muere el doctor”.

Este me parece un pasaje bastante relevador porque muestra que, en algunas ocasiones, por más controles, por más esfuerzos, un parto puede implicar circunstancias inesperadas. Y justo por eso es necesario desarrollar formas de contención y atenciones que nos permitan evitar toda forma de violencia obstétrica.

Traigo esto a colación, precisamente, porque en Costa Rica hemos desarrollado un marco normativo que permite defender a las mujeres y las personas recién nacidas en el contexto de la atención de sus necesidades de salud derivadas del proceso de embarazo, parto y posparto. Hablo, pues, del Reglamento para la defensa y garantía de los derechos de las mujeres embarazadas y de la persona recién nacida durante la atención de su salud.

Dentro de los derechos establecidos en dicho reglamento se plantea que la madre siempre deberá ser tratada de manera cordial, recibir información clara sobre los distintos tratamientos, diagnósticos, pronósticos o intervenciones médicas, ser informada con un lenguaje comprensible, y en caso de las mujeres embarazadas con alguna condición de discapacidad, recibir una atención integral e inclusiva.

Creo oportuno mencionar que el reglamento establece obligaciones específicas para los prestadores de servicios de salud públicos y privados. Establece, además, un régimen disciplinario para funcionarios públicos en caso de que incurran en alguna falta y establece procedimientos claros para la presentación de denuncias ante posibles infracciones a este reglamento.

Esto último quiero subrayarlo, ya que instituciones como el Fondo de Población de las Naciones Unidas han mostrado que, a mayor nivel de riqueza, mayor es la posibilidad de denunciar violencia obstétrica. Es decir, partiendo de esa evidencia, desde el gobierno estamos llamados a desarrollar acciones de política pública que les permitan a todas las madres, independientemente de su condición socioeconómica, hacer valer sus derechos en el ejercicio libre y pleno de la maternidad en todas sus etapas.

Los médicos y todo el personal de salud hacemos nuestro mayor esfuerzo para que las cosas salgan bien durante un parto y durante cualquier otra intervención. Es cierto que, en determinadas circunstancias, pueden presentarse situaciones desafortunadas. Nuestro deber ético y profesional es evitarlo al máximo. El deber del Estado Costarricense, por su parte, es desarrollar instrumentos para que las personas puedan defender sus derechos cuando los sientan vulnerados.