Cooperativas bastión del desarrollo

En los últimos meses con la discusión y aprobación de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, y el proyecto de ley 21.017 que busca gravar a las cooperativas, se han expresado una serie de conceptos erróneos de las cooperativas que es necesario aclarar en aras de la verdad.

Especialmente la diputada María Solís ha insistido que las cooperativas tienen una serie de privilegios y exenciones, lo cual no es cierto, pues todos fueron eliminados con la Ley 7293 del 31 de marzo de 1992, siendo su propio partido político el que promovió dicha derogación debería saberlo de sobra.

El otro argumento es que las cooperativas no pagan nada, y en esa misma ley ya citada se estableció una renta a los excedentes de los asociados de un 5% y que ahora va a subir a un 10%, más el 7% que se les cobrará a los certificados de ahorro cooperativo, lo que significará para el Estado cerca de ¢30 mil millones.

Cabe aclarar también que se quiere equiparar a las cooperativas con las sociedades mercantiles, siendo totalmente diferentes, bien lo dice la Ley 4179, de Asociaciones cooperativas en su artículo 1, que son de utilidad pública y de interés social, por ser uno de los medios más eficaces para el desarrollo económico, social, cultural y democrático de los habitantes del país.

Es un acto de ignorancia o mala fe confundir una cooperativa con una empresa mercantil cuando su filosofía y fines son totalmente distintos, cuando no se valora todo el aporte que le hace a la sociedad el cooperativismo, demostrado hasta la saciedad en todas las comunidades de este país, son más de un millón de personas que le han dado un gran aporte a este país.

Una empresa mercantil generalmente pertenece a una familia y accionistas que la conforman. Un banco privado, en la mayoría de los casos, pertenece a un grupo muy reducido de accionistas, pero una cooperativa de ahorro y crédito pertenece a miles de asociados, en su mayoría personas de escasos recursos económicos. En una empresa mercantil quien más acciones de capital posea, más poder tiene y si supera el 50% de las acciones, tiene el poder total, mientras en una cooperativa es una persona, un voto.

Cuando una cooperativa se disuelve por cualquier motivo, después de hacer las liquidaciones que corresponda, los bienes sobrantes pasan a manos del Estado, cosa que no ocurre con las empresas mercantiles. Las cooperativas no son empresas en sí mismas, son la unión de voluntades y esfuerzos para satisfacer necesidades comunes, su fin primordial es el servicio y no el lucro.

La señora Ministra de Hacienda ha dicho que todos los sectores deben contribuir y el cooperativismo lo está haciendo, fuimos propositivos y nos sentamos con ella a negociar, que luego cambiara de criterio es otra cosa. Y curiosamente hay sectores que evaden los impuestos o no están gravados y de ellos no se dice nada.

Que quede claro, las cooperativas sí aportamos, sí pagamos impuestos, no como lo han querido hacer ver algunas voces mal intencionadas, diciendo que no aportamos nada.

Se intenta desconocer, quizá con mala intención, el aporte que las cooperativas han hecho por más de 75 años, el desarrollo que han llevado a las comunidades y también se desconocen las cargas parafiscales por un 25,5% de sus excedentes que ya hacen las cooperativas.

Luis Corella Víquez

Secretario ejecutivo Conacoop