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Control del territorio nacional

Carlos Denton cdenton@cidgallup.com | Miércoles 02 noviembre, 2011



Control del territorio nacional


Todos los habitantes deberían apoyar la iniciativa del gobierno para construir la carretera de 120 kilómetros entre Los Chiles y Delta, colindando al río San Juan; por primera vez el estado podrá defender adecuadamente a los que viven o visiten a esa parte del territorio nacional.
Como lo dice Jean Jacques Rousseau en su obra El Contrato Social, los humanos ceden parte de su independencia para vivir en una sociedad para obtener protección. Una de las funciones más básicas de un gobierno es precisamente el control del territorio nacional y el amparo de los habitantes; cuando se pierde o se cede ese dominio a otros grupos formales o informales, nacionales o extranjeros, está fallando.
Entre los países miembros de las Naciones Unidas, Somalia es el caso extremo, donde su gobierno controla únicamente ocho o diez cuadras de Mogadishu, la capital. Es un estado en una lista de 20, confeccionado por la organización no gubernamental Fondo por la Paz, que tiene capacidad de mandar en menos de una tercera parte de su territorio. Hasta 2005, Colombia estuvo en esa lista, pero en el Hemisferio Occidental, solo Haití está actualmente.
Ningún gobierno del mundo controla todo su territorio y en casos extremos porciones importantes pasan a manos de otros grupos; no obstante la acción positiva del gobierno de Costa Rica en la ribera del río San Juan, hay que reconocer que en otras partes del país ha perdido el control, o nunca lo ha ejercido. Estas áreas están creciendo año por año y cada vez más se oyen las protestas de los ciudadanos que resienten la ausencia de la autoridad.
En el Valle Central hay sectores urbanos que han sido tomados por grupos delincuentes y donde no entra la autoridad para proteger a los que residen o transitan en los mismos. Es posible citar a partes de La Carpio, Cristo Rey, Infiernillo, Lomas y muchos más donde no se presenta la autoridad; en algunos los ciudadanos pagan un “impuesto de guerra” a las pandillas para poder llevar a cabo sus vidas en paz.
Lo mismo es cierto en la Ciudad de Limón y en ciertas partes de la zona playera atlántica, de partes de Talamanca, y de zonas fronterizas con Panamá. Y, hay que admitirlo, en las noches hay más territorio aun que queda desprotegido por el gobierno.
El ciudadano honesto que visita o pasa por estos lugares tiene que estar consciente que si alguien le amenaza, es probable que no llegará la autoridad para defenderle y posiblemente ni para investigar los hechos posteriormente.
La posición de la administración actual de la Presidenta Laura Chinchilla es que, no obstante su promesa de campaña de reprimir a la delincuencia, no puede cumplir con la defensa de los habitantes por falta de recursos. Si es cierto lo que dice, todos deberíamos estar de acuerdo con un impuesto especial específicamente para permitir que el gobierno cumpla con lo que es su deber más fundamental. Mejor pagar al gobierno que al hampa para nuestra protección.

Carlos Denton
cdenton@cidgallup.com

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