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Al ser el actual un plan conjunto gobierno-sector privado, esperamos que el conocimiento y experiencia de ambos sirva para establecer la forma en que se harán cumplir los nuevos mecanismos destinados a frenar el contrabando y con cuáles recursos


Contrabando ¿persecución real?


El tema del contrabando tiene décadas de permanecer como dormido porque los diferentes gobiernos no han querido emprender la tarea, si no para eliminarlo del todo, al menos para minimizarlo y así disminuir sus nocivos efectos.
Sus principales efectos son dos. La competencia ilegal que hacen a los empresarios que sí pagan impuestos y la defraudación fiscal. Esto desde luego perjudica a los usuarios, que podrían adquirir mercaderías de poca calidad, así como sufrir las consecuencias del déficit fiscal que el contrabando contribuye a generar.
Esto además de sostener una cultura del contrabando ya que el mismo requiere redes de personas dedicadas a este delito que, si no se detiene, se transmite de generación en generación.
Ahora un plan elaborado en conjunto por el gobierno y el sector privado busca mejorar mecanismos legales para el combate al contrabando, mediante reformas a la ley.
Entre estas, las principales serían establecer penas para quienes comercialicen objetos ilegales por un monto mayor a $10 mil en vez de $50 mil que contempla la ley actual.
Introducir además la figura del contrabando fraccionado (contrabando hormiga) y multa de $500 en caso de presentación de información con errores, tardía o incompleta, entre otros.
El proyecto se encuentra desde el 13 de noviembre del año pasado en la Asamblea Legislativa pero no ha sido convocado a debate por el Ejecutivo, único que puede hacerlo en sesiones extraordinarias que es como se encuentra el plenario.
No obstante, modificar la ley, aun si se aumentan los castigos, no daría ningún resultado si, al igual que ocurre con muchas otras leyes en el país, no se dota a las entidades correspondientes del personal y recursos materiales y de inteligencia que el tema necesita.
Estamos acostumbrados a hablar de aprobar nuevas leyes o modificar las existentes sin contemplar lo que luego necesitarán las instituciones involucradas para vigilar su cumplimiento.
Al ser el actual un plan conjunto gobierno-sector privado, esperamos que el conocimiento y experiencia de ambos, sirva para establecer la forma en que se harán cumplir los nuevos mecanismos destinados a frenar el contrabando y con cuáles recursos.

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