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El tema del empleo y la política salarial del sector público, no debería ser manejado únicamente a largo plazo, por complejo que sea y aunque tenga alto costo político. Fortalecer la institucionalidad profesionalizándola es remozar y robustecer la democracia en Costa Rica


Contención del gasto y salario público

Si se piensa desde el punto de vista estratégico - político, ningún momento sería bueno para entrar finalmente al tema de la reforma del salario público que tanto necesita el país.
Quizás por ello lo que más pueda caminar, aunque sea con dificultades para llegar a acuerdos, sean las medidas que, si bien no son tan significativas, representan alguna disminución de ese gasto público.
Ahora el Gobierno afila tijera para cortar ¢61 mil millones al nuevo presupuesto de la República, de acuerdo con una nota de este medio ayer.
Bienvenida la disminución a esos egresos si realmente puede comprobarse lo superfluo de lo recortado y que la medida no afectará programas importantes en las diferentes instituciones.
Sin embargo, el tema del empleo y la política salarial del sector público no debería ser manejado únicamente como algo a largo plazo, por muy complejo que sea y por difícil y de alto costo político que resulte.
Se ha dicho hasta el cansancio, pero parece que hay que seguir repitiéndolo, que la masa salarial es hoy uno de los disparadores automáticos incontrolados del gasto público.
Diferente tipo de pluses o privilegios, acordados en el pasado por medio, generalmente, de convenciones colectivas, aumentan enormemente esa bola de nieve que amenaza con ahogar cada vez más al país en la medida en que se incrementa peligrosamente su déficit fiscal.
No obstante, es fácil ver cómo —al menos así se muestra— aparecen propuestas sobre la mesa para bajar gasto público, justo cuando nos acercamos al día en que los votos son muy importantes para alcanzar la dirección del Congreso.
Repetimos que bienvenido el freno al despilfarro público al que hemos venido acostumbrados. Eso es algo que debe hacerse y con mucho sentido de responsabilidad para que de verdad sea lo superfluo lo que se va.
Pero postergar el fondo del problema, con un sector público fragmentado, con un ingrediente de autonomía institucional fuerte y con la ausencia de un ente rector en el frente de batalla —lo que crea una situación muy compleja— no es algo que pueda esperar.
Desde los inicios de este milenio se sabe de la urgencia de atender el tema de los salarios públicos pero los gobiernos le dieron la espalda al asunto.
En este mismo espacio desde hace años venimos recordando la necesidad de profesionalizar al sector público, como forma de volverlo eficiente y alejarlo de las posibilidades de ser utilizado para el clientelismo político.
Fortalecer la institucionalidad profesionalizándola es remozar y robustecer la democracia en Costa Rica.
 

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