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Lo conveniente en la comercialización del gas licuado es que esto quede establecido en la ley. Los usuarios merecen esa seguridad y el Gobierno debe garantizársela


Consumo de gas debe ser seguro por ley

Un paso tendiente a poner un poco de orden en la forma en que se está comercializando el gas licuado por parte de las empresas que tienen este negocio, se da por un mandato del Ministerio de Ambiente.
Las compañías que distribuyen ese gas a hogares, hoteles y restaurantes, entre otros establecimientos, se han visto obligadas a comenzar a devolver los cilindros que no les pertenecen a las empresas que son sus dueñas, acabando esto con el “llenado universal”.
Eso quizás disminuya un poco los riesgos para los usuarios, quienes vienen sufriendo desde hace años un servicio que genera accidentes y hasta muertes por la mala condición de los cilindros, que no son sustituidos cuando su estado no es óptimo, como debería, sin que se pudieran sentar responsabilidades.
Con la devolución de estos elementos a sus dueños se busca justamente esclarecer ese compromiso en caso de accidentes.
Cada quien deberá responder por el buen estado no solo de los cilindros sino también de sus válvulas de los mismos que deberán tener el correspondiente sello que permita identificar a la firma que los comercializa.
No obstante, lo conveniente es que esto quede establecido en la ley. Los usuarios merecen esa seguridad y el Gobierno debe garantizársela.
Por el momento, el mandato de las autoridades puede comenzar a poner orden en el asunto, pero debe comprobarse que la totalidad de los cilindros operan ya en manos de sus dueños y que han sido sustituidos todos los que no están en perfectas condiciones.
¿Cuántos días tomará esto? Debería ser de inmediato. En el país no se puede seguir reaccionando ante accidentes y muertos. Por el contrario, estos deben evitarse, en lo posible, mediante adecuadas leyes, regulaciones, controles y sanciones ante incumplimiento.
En este sentido, no solo en el caso del gas licuado las medidas se han tomado luego de lamentables accidentes. De igual modo ha sucedido con el mal estado de nuestros puentes, con derrumbes en carreteras por falta de controles y de previsión, entre otros.
No obstante, los costarricenses no tendrían por qué sufrir estos males, puesto que cuentan con un abultado aparato estatal.
Si en una institución falta personal para ejercer controles, y en otra hay personal ocioso o poco productivo, ¿no deberían equilibrarse esas plazas para que dieran el rendimiento debido? Eso sería parte de una adecuada reestructuración del Estado y de administrar bien los recursos.
 

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